Tras la renuncia de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, en redes sociales y medios de comunicación circularon publicaciones que la señalan como responsable por los resultados de una auditoría de la Contraloría General de la República a esa cartera, que arrojó hallazgos de posibles irregularidades que suman entre 60.000 y 70.000 millones de pesos.

La saliente funcionaria dimitió el 19 de julio de 2023, a través de una carta de 4 páginas que publicó  a las 8:45 a.m. en su cuenta de Twitter: “Quiero agradecer al presidente Gustavo Petro por su confianza, permitiéndome liderar un sector históricamente etnocéntrico y patriarcal (…) Decido apartarme del cargo de Ministra para evitar que las investigaciones en mi contra interfieran con la ejecución del programa del Gobierno” (sic), escribió.

La Procuraduría General de la Nación le había abierto una indagación por presunto uso irregular de su cargo ante un funcionario de Migración Colombia para sacar del país a su hijo menor de edad sin cumplir los requisitos necesarios. A esto se le sumó un cuestionamiento porque el esposo de Vélez fue contratado en otra entidad del Gobierno Nacional, pero la declaración de conflictos de interés de ella como ministra decía que no tenía pareja; según dijo, por un “error de digitación” que fue corregido.

El mismo 19 de julio a las 7:22 a.m., el periodista Hassan Nassar, director de la revista Alternativa, había publicado en su cuenta de Twitter: “La Contraloría General de la Nación realizó una auditoría al interior del Ministerio de Minas y Energía y encontró una serie de hallazgos e irregularidades en el manejo entre 60 a 70 mil millones”. Adjunto, puso el enlace de una nota de ese medio titulada “El apagón de Irene Vélez” con la etiqueta #Exclusivo.

“No solo la Procuraduría y la Fiscalía realizan investigaciones preliminares sobre la actuación de Irene Vélez por la salida irregular del país de su hijo menor de edad. También la Contraloría General de la Nación realizó una auditoría al interior del Ministerio de Minas y Energía y encontró una serie de hallazgos e irregularidades en el manejo entre 60 a 70 mil millones del presupuesto de esa cartera. Exclusivo Alternativa”, dice el sumario.

Cabe recordar que Nassar fue consejero presidencial para las Comunicaciones del gobierno de Iván Duque, al que Petro le hacía oposición. Estuvo en ese cargo desde enero de 2020 hasta agosto de 2022, cuando terminó el mandato del expresidente y empezó el actual.

El pantallazo de su trino fue publicado en Instagram un día después, el 20 de julio, por la usuaria @luisamariaserna2023 con el mensaje: “Lo que faltaba, qué DESGOBIERNO tan LADRÓN” (sic). Esta cuenta tiene más de 2.000 seguidores y la publicación recibió más de 100 ‘me gusta’. 

Por su parte, el influenciador Frank Portilla, a quien hemos verificado varias veces por difundir desinformaciones (1, 2, 3, 4, 5, 6), publicó un video en su cuenta de Twitter con el siguiente mensaje: “El guerrillero exconvicto @petrogustavo y la brutiministra @IreneVelezT se irenearon 70.000 MILLONES” (sic). 

En uno de los apartes del audiovisual, que dura 1:46 minutos, dice: “Sí, efectivamente, se va Irene Vélez dejándonos un gran vacío en la Nación, un vacío por 70.000 millones de pesos que no aparecen. Ya es una constante que todo funcionario del narcogobierno del exconvicto, guerrillero, hampón, engañabobos de Gustavo Petro sea corrupto y termine desapareciendo dinero”.

Mientras Portilla hace este señalamiento, se ve el pantallazo de una noticia de W Radio titulada “Contraloría investiga irregularidades por $70.000 millones en el Ministerio de Minas”. El tuit con ese video tiene más de 1.000 retuits y más de 2.000 ‘me gusta’; también lo publicó en su cuenta de TikTok, donde tiene más de 5.000 reacciones de gusto.

En Colombiacheck decidimos verificar si la auditoría fiscal al Ministerio de Minas tiene relación con la gestión de Vélez debido al alcance de las publicaciones en redes sociales y porque dos lectores (1, 2) nos lo pidieron por Twitter.

Uno de ellos hizo la solicitud a raíz de una nota del periódico El Colombiano sobre la auditoría. El artículo fue cuestionado en redes sociales por personas afines al petrismo, como el influenciador Beto Coral, quienes aseguraron que los hallazgos corresponden al gobierno de Duque, pero la noticia estaba ilustrada con una foto de Vélez. Después, el medio editó la nota y cambió la imagen por una de Diego Mesa, quien fue viceministro de Energía y ministro de Minas en esa administración.

La auditoría a la que se refieren las publicaciones fue realizada por el ente de control con el fin de evaluar el cumplimiento a la gestión fiscal de los recursos públicos del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución del Ingreso (FSSRI), el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas (FAER) y el fondo del Programa de Normalización de Redes Eléctricas (PRONE) para las vigencias 2021 y 2022.

De acuerdo con el informe, remitido por el contralor delegado para el sector Minas y Energía, Germán Castro Ferreira, a la hoy exministra, el período auditado comprendió las vigencias 2021 y 2022 y tuvo como fecha de corte el 31 de diciembre de 2022. Por lo tanto, solo cinco meses corresponden a la gestión de Vélez. Los otros 19 fueron cuando el ministro era Mesa y el presidente, Duque; para quien trabajaba Nassar en ese momento.

“Dentro del alcance de la presente auditoría de cumplimiento se evaluaron proyectos en ejecución y/o ejecutados en el periodo comprendido entre las vigencias 2021 y 2022, a través de los fondos PRONE y FAER para la cobertura del servicio de energía eléctrica en el país, así como los que se registraron en estado terminado o entregado al Ministerio de Minas y Energía, de igual manera, aquellos proyectos suspendidos o en ejecución en donde ya transcurrieron dos (2) años desde el desembolso de los recursos a la fiducia”, dice el informe.

Además, agrega que “para el fondo PRONE se analizó el adecuado manejo de los recursos utilizados en la legalización de usuarios, la optimización del servicio y la reducción de pérdidas no técnicas en barrios subnormales, así como el control y seguimiento en la gestión que tiene la Dirección de Energía del MME [sigla del Ministerio], teniendo en cuenta la muestra de convenios y proyectos situados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional. Para el fondo FAER se verificó el adecuado manejo de los recursos haciendo énfasis en las inversiones; para los convenios seleccionados en la muestra. Se analizó el cumplimiento de las normas técnicas, financieras y presupuestales”.

También se realizó el análisis financiero de la totalidad de los convenios y proyectos contratados con recursos de los fondos PRONE y FAER para la cobertura del servicio de energía eléctrica y se verificó la ejecución de los recursos a través de estos fondos por las empresas operadoras que se destinan a la cobertura y normalización del servicio de energía eléctrica en el país.

Como resultado de la auditoría, la Contraloría informó que “se constituyeron dieciséis (16) hallazgos administrativos de los cuales doce (12) presentan incidencia disciplinaria, ocho (8) con incidencia fiscal y uno (1) para indagación preliminar por valor de $68.789,22 millones”.

Hallazgos fiscales 

En la auditoría, la mayoría de los hallazgos con posible incidencia fiscal, es decir, que presuntamente generaron un detrimento patrimonial por un valor total de 68.789 millones de pesos, tienen que ver con la asignación errada de subsidios de energía o el no recaudo de contribuciones por parte de algunas comercializadoras del sector a usuarios que debían pagarlas, lo que aumentó el déficit del FSSRI. Según la Contraloría, esto se debe a fallas en los procedimientos y la supervisión que debería cumplir MinMinas.

Por ejemplo, 43% del total corresponde a la imposibilidad de recuperar 29.756 millones de un acuerdo de pago suscrito el 31 de agosto de 2021, casi un año antes de la llegada de Vélez al cargo, por el cobro coactivo de los recaudos a usuarios comerciales y de estratos 5 y 6 que la Distribuidora y Comercializadora de Energía Eléctrica (Dicel) S.A. E.S.P. no giró a los comercializadores ni al FSSRI desde el cuarto trimestre de 2017 hasta el mismo periodo de 2020.

El informe advierte que la empresa no podrá cumplir con sus obligaciones ya que el 4 de mayo de 2023 fue retirada del mercado de energía mayorista. Así, no podrá realizar transacciones ni generar ingresos.

Lo anterior, según la Contraloría, no solo es resultado del incumplimiento reiterado por parte de Dicel de lo establecido en la norma para realizar las transferencias de las contribuciones; sino también a la falta de verificación por parte del Ministerio frente a las conciliaciones trimestrales que de las comercializadoras y a la desarticulación entre las dependencias de la entidad gubernamental responsables de recuperar esos recursos.

La misma compañía está involucrada en otro hallazgo por giros no realizados de contribuciones recaudadas en 2021 y 2022. Este caso es por la suma de 14.324,3 millones de pesos, otro 21% de los casi 70.000 millones totales, con lo que se completan casi dos tercios (64%) del monto de las irregularidades señaladas por el ente de control.

La auditoría evidenció, además, que la empresa Celsia Colombia exoneró del pago de contribuciones a usuarios de los estratos 5 y 6, industriales y comerciales de los departamentos de Tolima y Valle en las vigencias 2021 y 2022, ocasionando un presunto detrimento al erario por 6.989 millones. Esta misma empresa no recaudó contribuciones y asignó subsidios de forma incorrecta por errores en la estratificación de 170 unidades residenciales en Ibagué; lo que llevó a que el FSSRI tuviera que cubrir ese faltante con recursos que debían estar destinados a los estratos más bajos y, por esa vía, se habrían perdido 79,04 millones más.

Otro hallazgo tiene que ver el giro de subsidios por valores superiores a los solicitados por las comercializadoras de energía entre 2021 y 2022, debido a las deficiencias en el control por parte de la Dirección de Energía del MinMinas. En este caso, se ocasionó un presunto detrimento por 5.520 millones de pesos.

Teniendo en cuenta estas evidencias, en Colombiacheck calificamos como cuestionables las publicaciones que señalan como principal responsable a la saliente ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, por los resultados de una auditoría de la Contraloría General de la República a esa cartera que arrojó hallazgos de posibles irregularidades por cerca de 70.000 millones de pesos, puesto que estos se refieren la gestión fiscal en las vigencias 2021 y 2022, periodo que corresponde en su mayoría al gobierno anterior.