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Viernes, 26 Abril 2019

Ley de la JEP no impediría extraditar a personas ajenas al proceso de paz

Por José Felipe Sarmiento

El presidente del Senado, Ernesto Macías, mintió sobre un artículo objetado de la ley estatutaria que solo cobija a quienes estén aportando verdad sobre delitos del conflicto armado.

El próximo lunes sería la votación en el Senado de las seis objeciones que el presidente Iván Duque le hizo al proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y, según el senador Ernesto Macías, presidente del Congreso, negarlas implicaría que “quede en firme un artículo que permite a personas ajenas al proceso de paz, bajo el engaño de ofrecer verdad, impedir su extradición”.

Captura de pantalla del tuit del senador Ernesto Macías

Se trata del mismo “articulejo” que criticó el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, en la audiencia pública ante esa corporación porque supuestamente beneficiaría a “cualquier tercero”, en especial a los narcotraficantes. La senadora Paloma Valencia, copartidaria de Macías en el Centro Democrático, también había asegurado que las objeciones pretenden “blindar las posibilidades de que terceros se escondan en la JEP para evadir la extradición”.

Captura de pantalla del tuit de la senadora Paloma Valencia

Lo que dice el artículo 156 aprobado por el Congreso y avalado por la Corte Constitucional es que “no se concederá la extradición de otras personas que estén ofreciendo verdad ante el Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y No Repetición [SIVJRNR], antes de que terminen de ofrecer verdad”. Al objetarlo, Duque dijo que “esto produce un incentivo perverso para el ingreso a la JEP de terceros bajo el ropaje de supuestos ofrecimientos de verdad (...) para eludir responsabilidades ante la justicia de otros Estados”.

Pero el alto tribunal ya había aclarado en la sentencia que esto “se refiere a personas naturales sometidas a la jurisdicción de la JEP no mencionadas en los artículos 152 a 155 [que regulan la garantía de no extradición para los exguerrilleros de las Farc, personas acusadas de haberlo sido y sus familiares], es decir, terceros, particulares o agentes del Estado, y miembros de la Fuerza Pública que estén ofreciendo verdad plena en el SIVJRNR”.

El exministro Yesid Reyes, en su columna del martes pasado en el diario El Espectador, explicó que “según la Constitución la JEP no se ocupa de investigar o juzgar narcotraficantes, [por lo que] ellos no pueden acudir a ese organismo para ofrecer verdad y, por supuesto, ni el artículo comentado por el fiscal ni ningún otro de esa Ley Estatutaria se refiere a alguien sobre quien la JEP no tenga competencia”. Para sustentar su tesis, resumió la normatividad vigente que establece esa limitación.

En efecto, el acto legislativo que creó esta jurisdicción transicional define a los terceros en el artículo transitorio 16 como “las personas que sin formar parte de las organizaciones o grupos armados, hubieren contribuido de manera directa o indirecta a la comisión de delitos en el marco del conflicto”. También le deja a la ley la definición sobre la competencia judicial en casos de narcotráfico “conforme a lo establecido en el Acuerdo Final”.

El artículo 62 de la ley estatutaria, que no tiene objeciones pero tampoco puede entrar en vigencia hasta que la situación de estas se resuelva, aclara que la JEP cobijará este delito “cuando los presuntos responsables fueran, en el momento de cometerse las anteriores conductas, integrantes de grupos armados al margen de la ley que hayan suscrito un acuerdo final de paz con el Gobierno Nacional, siempre que la finalidad del delito haya sido financiar la actividad de dicho grupo”.

La interpretación de la sentencia de constitucionalidad es que “así se excluye la competencia de la JEP sobre dichos delitos cuando hubieren sido cometidos exclusivamente con la finalidad de obtener beneficio económico particular” y también “cuando hubieren sido cometidos por particulares y agentes del Estado, entre ellos los miembros de la Fuerza Pública”. Es decir que la norma ya era ‘anticolados’ antes de ser objetada por el mandatario.

Reyes, que el año pasado desistió de posesionarse como magistrado de la JEP a pesar de haber sido seleccionado para el cargo, pretendía desmentir al fiscal. Pero la revisión de las normas, por extensión, también rebate los mensajes de los citados congresistas, que se han valido del mismo razonamiento.

La Corte Constitucional también recordó que en el Acuerdo del Teatro Colón quedó el compromiso de crear “medidas adicionales (...) para evitar que otras personas que estén ofreciendo verdad ante el SIVJRNR sean extraditadas antes de que terminen de ofrecer verdad”. Además, estas condiciones tampoco serían del todo nuevas pues, como lo trajo a colación Noticias Uno, en Colombia ya se han aplicado a procesos de extradición por jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia desde hace diez años.

Colombiacheck también había mencionado esos antecedentes en una nota del año pasado: “Con la teoría de que el delito de narcotráfico ‘palidece’ ante los crímenes de lesa humanidad cometidos por hombres como ‘don Mario’, ‘el Alemán’, ‘Diego Vecino’ o ‘comandante Chaparro’, por los que debían responder primero en Colombia, el tribunal detuvo sus respectivos viajes a prisiones americanas”.

Y si la estatutaria cierra la puerta de la JEP para que los narcotraficantes entren como terceros civiles, la opción de hacerlo como falsos exintegrantes de las Farc está asegurada hace rato. El mismo lunes que Macías publicó su tuit, la JEP informó que ya ha rechazado 43 solicitudes de personas que intentaron ‘colarse’ en el sistema por esa vía para obtener la garantía de no extradición que cobija a los exmiembros del desmovilizado grupo ilegal, sus familiares y otras personas acusadas, procesadas o condenadas por pertenecer a él.

Según el comunicado, los peticionarios “no fueron incluidos en los listados de integrantes de esa organización (...), ni sobre ellos pesa acusación o condena por conductas cometidas durante el conflicto armado con relación a las Farc-EP”. Entre los rechazados por la jurisdicción incluso está el empresario Fabio Younes, vinculado en Estados Unidos al mismo caso por el que el ex jefe guerrillero ‘Jesús Santrich’ podría perder ese beneficio.

Además, desde 2017 fueron excluidos de esas listas 19 nombres por el alto comisionado para la Paz de ese entonces, Rodrigo Rivera. Precisamente se trataba de ‘colados’ que en realidad eran extraditables por narcotráfico que no tenían vínculos reales con el grupo armado. El más llamativo era Segundo Alberto Villota Segura, señalado por el país norteamericano de pertenecer a una sociedad del cartel mexicano de Los Zetas en Colombia.

Por otra parte, como lo explicamos en otro chequeo a Valencia, es falso que la JEP impida del todo la extradición de exintegrantes de las Farc. Aunque sí puede hacerlo mientras tengan la garantía de no extradición, ellos pueden perder ese beneficio si se prueba que los hechos que sustentan la acusación en el extranjero ocurrieron después de la firma de la paz.

En conclusión, son falsos los tuits de Macías y su colega senadora, así como el pronunciamiento de Martínez (que también ha mentido antes sobre la JEP).

Martes, 16 Julio 2019

La JEP se concentrará en máximos responsables, pero eso no ha sido un secreto

Por Sania Salazar

La JEP aplicará un criterio de selección de los máximos responsables, pero también procesará a otros exguerrilleros que tengan información sobre el modus operandi de la organización y a quienes hayan cometido crímenes sistemáticos.

En el programa Semana en Vivo, el abogado y analista político Rafael González aseguró que “la JEP, que ese es otro engaño que han montado aquí, solamente está hecha para los grandes responsables, no para los guerrilleros rasos”.  

Colombiacheck califica la frase como “verdadera, pero”, pues aunque es cierto que la JEP aplicará un criterio de selección por el cual se concentrará en los máximos responsables, también procesará a quienes puedan dar cuenta del modus operandi y de las prácticas o patrones criminales, a quienes hayan participado en hechos sistemáticos y quienes hayan sido protagonistas de los delitos que son competencia de la JEP, entre otros. Además, el criterio de selección de los máximos responsables se conoce desde la mesa de negociación.

El abogado le dijo a Colombiacheck que la JEP está diseñada para sancionar solamente a los máximos responsables en los crímenes que sean de extrema gravedad, pero que los voceros o defensores de esa justicia han manejado un doble discurso al respecto, pues también han dicho que la JEP va a juzgar a todos los integrantes de las Farc, por lo que han creado confusión sobre el asunto.

“Esas imprecisiones hacen parte de una política de manipulación de la información para generar confusión con respecto al alcance de la JEP, al ámbito de sus competencias y a la verdadera cobertura de la misma”, explicó González, quien indicó que los exguerrilleros rasos no tienen problema, porque no van a recibir sanción, mientras no se demuestre que hayan cometido delitos atroces se les va a mantener la amnistía.

González dice que no pide que los condenen a todos, porque lo considera una utopía, pero cree que además de máximos responsables se debería sancionar a aquellos que sin ser grandes responsables cometieron grandes infracciones y delitos atroces. 

Primero es importante recordar que en el Acuerdo Final quedó claro que luego de la finalización de los hostilidades y de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario, el Estado colombiano podía otorgar la amnistía “más amplia posible” a los exguerrilleros de las Farc. Pero el documento también advierte que conceder esas amnistías o indultos no exime del deber de contribuir individual o colectivamente al esclarecimiento de la verdad ni extingue el derecho de las víctimas a recibir reparación.

“Se aplicará el artículo 6.5 del Protocolo II de los Convenios de Ginebra, del cual Colombia es Estado Parte, el cual dispone lo siguiente: ‘A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado’”, indica el Acuerdo.

Según el artículo 19 de la Ley estatutaria de la JEP, “se aplicarán criterios para concentrar el ejercicio de la acción penal en quienes tuvieron participación determinante en los hechos más graves y representativos”.

En dicho artículo están los criterios de selección: 

Gravedad de los hechos: Grado de afectación de derechos fundamentales individuales y colectivos; modalidad de la comisión de los hechos en términos de violencia y sistematicidad. 

Representatividad: Efectos de la investigación y judicialización de los hechos: capacidad de ilustración del modus operandi y/o prácticas o patrones o criminales de los hechos. 

Características diferenciales de las víctimas: Condiciones de vulnerabilidad y/o necesidad de adoptar medidas diferenciales de protección derivadas de patrones históricos, sociales y culturales de discriminación que se han identificado a partir de aspectos como: el origen étnico, el género, la edad, la condición de discapacidad, la orientación sexual y la identidad de género y/o rol social de la víctima. 

Características de los responsables: Participación activa o determinante en la comisión de los crímenes de competencia de esta jurisdicción y/o la prueba de su autoría y participación en los hechos concretos.

Disponibilidad probatoria: Calidad y cantidad de las pruebas disponibles, las requeridas para probar el hecho y su dificultad para conseguirlas. 

El artículo aclara que la justicia podrá renunciar a perseguir a las personas que no hayan sido seleccionadas por los criterios anteriores solo sí contribuyen a la verdad, si cumplen con los compromisos adquiridos ante la JEP y si firmaron el compromiso de no repetición y de no incurrir en nuevos delitos.

Una explicación clara sobre por qué la justicia transicional se concentrará en los máximos responsables está en la intervención de Dejusticia en el proceso de control de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria de la JEP:

“Es claro que ante masivas violaciones de derechos es fácticamente imposible perseguir penalmente a todos y cada uno de los responsables y por todas y cada una de las atrocidades cometidas por la guerra. De ahí que el derecho internacional admita un margen de maniobra de los Estados para escoger estrategias de persecución penal ajustadas al contexto de la transición”, indica el documento, que señala que una de esas estrategias de persecución es la selección.

En la intervención ante la Corte Constitucional Dejusticia explica que por lo anterior es que “se ha venido reconociendo y validando la posibilidad de establecer un orden de prioridad para que el Estado centre su atención primero en aquellas conductas que requieran una investigación, juzgamiento y sanción más oportuna o inmediata. Pero también se ha permitido que el Estado pueda seleccionar algunos casos para que concentre el ejercicio de su acción punitiva sobre los máximos responsables de las violaciones más graves y representativas de aquellas cometidas durante el conflicto armado que se quiere superar y, a su vez, pueda renunciar a ejercer la acción penal respecto de los otros casos no seleccionados”.

El libro Los debates de la Habana: una mirada desde adentro, recuerda que esa fue la posición del gobierno colombiano durante la negociación: “es que no es posible investigar, juzgar y sancionar individualmente todas las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país. Pero que, concentrándose en los máximos responsables y en los crímenes internacionales más graves y representativos —en el marco de un sistema integral de justicia transicional—, es posible terminar el conflicto, cumplir con la obligación jurídica del Estado, satisfacer los derechos de las víctimas y evitar que el sistema judicial colapse”.