En el marco de las recientes protestas por parte de comunidades indígenas en el centro de Bogotá, en las que se han visto fuertes enfrentamientos entre estos pueblos y miembros de la Policía Nacional, usuarios de redes sociales como Twitter (1, 2, 3, 4) han vuelto a publicar mensajes racistas y desinformaciones sobre la extensión de sus tierras, recursos, cultivos, obligaciones tributarias, entre otras afirmaciones que hemos verificado en varias ocasiones.

En uno de los trinos, publicado el 13 de octubre del 2022 a las 6:23 a.m. y que suma a la fecha de esta publicación 931 retuits y 1.227 ‘me gusta’, se hacen afirmaciones sobre los indígenas del Cauca, pero que en ocasiones anteriores han sido repetidas y direccionadas a todas los pueblos indígenas del país.

La cuenta @P4ff3N, que tiene 2.600 seguidores, publicó afirmaciones que han sido verificadas varias veces por Colombiacheck. Entre ellas,  que “los Indigenas del Cauca ‘deuda ancestral’, ostentan una partida presupuestal de 2,5 B de pesos, tienen el 35% de las tierras del país, NO representan más del 1% de la población, NO pagan impuestos, NO se rigen bajo nuestra constitución” (sic).

Por su parte, otros tuiteros también volvieron a reciclar afirmaciones verificadas en estos antiguos chequeos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), en las que señalan a las comunidades indígenas de ser “grandes terratenientes”, de “tener leyes especiales” o de “solo dedicarse a la siembra de coca”.

En el informe de Colombiacheck “Así se movió el discurso racista y estigmatizante contra la Minga 2020”, en colaboración con Rutas del Conflicto, se evidencia que muchas de estas afirmaciones coinciden con estigmas promovidos en redes por políticos y otros usuarios. Esto incluye a miembros de la “bodeguita uribista”, un grupo coordinado por funcionarios del gobierno de Iván Duque para crear tendencias y difundir desinformaciones, que se referían a los indígenas como “borrachos”, “parásitos” y en otros términos despectivos.

Los indígenas del Cauca no tienen una partida presupuestal de 2,5 billones

En uno de los trinos, se afirma que estas comunidades “ostentan una partida presupuestal de 2,5 billones de pesos”. Sin embargo esto es falso, tal como explicamos en esta verificación en la que también se le atribuye la misma cifra al grueso de los pueblos indígenas del país.

De acuerdo con el decreto de liquidación del Presupuesto General de la Nación para 2022, la asignación especial para resguardos indígenas para este año fue de 257.168 millones de pesos, poco más de una décima parte de los 2,5 billones indicados por el tuitero.

En la verificación anteriormente mencionada, explicamos que, aunque hay otros rubros mucho menores para el fortalecimiento de sus sistemas de gobierno y organización, desarrollo rural, formación en competencias judiciales y lucha contra la deforestación, algunos de estos, además, son compartidos con comunidades negras, el pueblo rom y otros beneficiarios; pero aun así la cifra estaría alrededor de 617.000 millones.

La mayoría de resguardos no recibe de forma directa los recursos que les corresponden. Estos llegan a las administraciones municipales, que son las responsables de ejecutarlos en convenio con ellos, pero muchas veces los desvían o los dejan sin usar, como lo ha documentado la Contraloría y lo ha contado ya Colombiacheck, de nuevo, en los chequeos enumerados antes.

Tampoco tienen el 35% de las tierras del país

Sobre la afirmación de que los indígenas del Cauca poseen el 35% de las tierras del país, el trino tampoco acertó, así como tampoco lo hacen otros usuarios que señalan a estos pueblos de ser “grandes terratenientes”.

Según datos disponibles de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) sobre resguardos indígenas legalizados con corte a 3 de marzo de 2022, estos territorios suman 33 millones de hectáreas, es decir, el 28,9% de los 114 millones que tiene el país en área terrestre. 

Específicamente en el Cauca hay 1,6 millones de hectáreas tituladas para estos pueblos, según muestra el Observatorio de Tierras Rurales. Todo el Cauca tiene casi 3 millones, por lo que sería imposible que solo los indígenas de este departamento fueran dueños de más de un tercio del país, como señala la desinformación.

Como explicamos en anteriores verificaciones a afirmaciones similares, la gran mayoría de las tierras titulada para estas comunidades están bajo el modelo de resguardo, lo que las hace propiedades colectivas, es decir, que son terrenos inalienables, inembargables, imprescriptibles y, en general, que no se pueden enajenar, según lo establecen los artículos 63 y 329 de la Constitución.

El director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Camilo González Posso, escribió en un informe de 2012 que: “Se ha asumido que la totalidad de los territorios de los resguardos son de uso agropecuario o que están en condiciones de ser explotados para producir bienes. Este supuesto no tiene en cuenta la cultura y tradiciones productivas, ni descuenta en los territorios colectivos las áreas protegidas o no aptas para la actividad productiva y tampoco descuenta los lugares sagrados o en donde está prohibida la actividad económica”.

Por su parte, la Corte Constitucional, a través de la sentencia T-188 de 1993 ha reafirmado la propiedad colectiva de los pueblos indígenas sobre sus territorios como un derecho desde hace casi 30 años. 

“Se resalta la especial relación de las comunidades indígenas con los territorios que ocupan, no sólo por ser éstos su principal medio de subsistencia sino además porque constituyen un elemento integrante de la cosmovisión y la religiosidad de los pueblos aborígenes”.

Más tergiversaciones sobre siembra de coca, el pago de impuestos y las actividades económicas de los indígenas

En varios trinos publicados entre el 19 y el 21 de octubre del 2022, tuiteros aseguran que “los indígenas no trabajan y que tienen tierras solo para sembrar coca”, un discurso que se ha venido replicando y que también hemos verificado anteriormente.

Según el informe más reciente de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), de las 204.000 hectáreas de cultivos de coca detectadas en 2021, el 10% (20.400) están en resguardos y representa el 0,06% del total de las tierras indígenas.

Por su parte, un informe del Banco Interamericano de Desarrollo publicado en 2016 advierte que, en muchas áreas, los cultivos ilícitos no son plantados por las comunidades indígenas sino por colonos que entran en sus territorios, alterando la economía y el sistema de autoridad política tradicionales.

En el artículo sobre la desinformación racista contra la minga de 2020 explicamos que la oposición de las autoridades indígenas a la presencia de grupos armados y economías ilegales como el narcotráfico en sus territorios es una de las razones por las que han sido perseguidos y es el móvil detrás de muchos asesinatos y amenazas contra sus líderes.  Según Indepaz, en 2021 mataron a 55 y ya van 32 en 2022, según el último reporte del 2 de octubre de 2022.

Respecto a las afirmaciones que aseguran que los miembros de los pueblos indígenas no trabajan, Alejandro Barrera, magíster en Economía y Finanzas, analista económico y docente de la Universidad de Manizales, dijo a Colombiacheck en una verificación similar del 2020 que, si bien es difícil tener datos exactos, es posible realizar algunas estimaciones. 

“Según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, realizado por el DANE, se puede establecer que, en la pregunta por autorreconocimiento étnico, respecto a quienes se afirman en el país como indígenas (cerca del 3,9% de la población censada), se muestra que el 30,3% trabajó por lo menos una hora en una actividad que le generó algún ingreso y el 21,8% estudió”, explicó Barrera.

Según el experto, esto permite hacer estimaciones indirectas del aporte de los indígenas a la economía nacional desde la variable de remuneración o su representación al sector educativo. Un artículo del diario El Espectador también explica que “si bien su impacto no puede ser medido en hectáreas cosechadas o cabezas de ganado, son una defensa efectiva contra la deforestación y el cambio climático”.

El diario nacional indica que “hay una deuda por parte del Departamento Nacional de Planeación (DNP), del DANE y de las autoridades ambientales para determinar el aporte de los resguardos indígenas en términos económicos. Pero medir ese aporte en hectáreas cosechadas, cabezas de ganado o hectáreas destinadas para la agricultura deja el aporte principal de los resguardos indígenas por fuera de la ecuación: el cuidado de los bosques del país”.

Por su parte, Manuel Rodríguez Becerra, el primer ministro de Medio Ambiente que tuvo Colombia (1994), resaltó en una entrevista al medio de comunicación Deutsche Welle el trabajo de los pueblos indígenas en la protección del medio ambiente y lo describió como “un extraordinario y audaz proyecto de la protección de la diversidad cultural y de los bosques”. 

Respecto al pago de impuestos, aunque es cierto que los cabildos están exentos de reportar obligaciones fiscales como el impuesto de renta o el predial, esto no ocurre por ser evasores o tener un comportamiento ilegal, sino por contar con un reconocimiento constitucional.

Así lo establece la Ley 44 de 1990, modificada por la Ley 223 de 1995. Esta última, en su Artículo 22, hace una lista de las entidades que no son contribuyentes en Colombia: “No son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios la Nación, los departamentos y sus asociaciones, los distritos, los territorios indígenas, (...), los resguardos y cabildos indígenas (...)”.

No obstante, la Ley 223 de 1995 obliga a que el Presupuesto General de la Nación les reponga a los municipios los recursos que dejan de recibir por cuenta del predial de esos territorios.

Las publicaciones verificadas de Twitter, en general, no incluyen argumentos que soporten sus afirmaciones, además de que tergiversan la realidad de los pueblos indígenas con declaraciones falsas sobre la extensión de sus tierras, supuestos presupuestos billonarios de la Nación, actividades relacionadas con la siembra de la hoja de coca o con datos sin contexto sobre sus impuestos. Por esta razón, las calificamos como falsas.