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Jueves, 21 Mayo 2020

Uribe Noguera redime una parte de su pena en trabajo, no recibió ‘rebaja’

Por José Felipe Sarmiento

Aunque, en la práctica, esto sí reduce el tiempo que el feminicida y violador pasaría en prisión, la representante Adriana Matiz confundió el efecto legal sobre la pena a la que fue condenado.

En la plenaria virtual de la Cámara de Representantes, cuando se debatía el proyecto de acto legislativo que pretende introducir la posibilidad de que los asesinos y violadores de menores de edad sean condenados a cadena perpetua, la congresista conservadora Adriana Matiz Vargas dijo que “ya empezaron a otorgarse las rebajas [de pena] al señor Rafael Uribe Noguera [...] porque tiene derecho, por supuesto, por esa resocialización por trabajo y estudio”.

La parlamentaria sustentó su afirmación en un oficio de un juzgado que le reconoce dos meses, un día y 12 horas “por concepto de redención de la pena por trabajo y estudio” al feminicida y pederasta que paga, en la cárcel de Valledupar, su condena a 58 años de prisión por secuestrar, violar y asesinar a la niña Yuliana Samboní en 2016.

Luego de que esta parte de la intervención de Matiz llegó a los titulares de medios y a las redes sociales ese día, el sábado 16 de mayo, Colombiacheck la revisó por petición de un usuario de Twitter. La calificación es ‘cuestionable’ porque la comunicación judicial es verídica y es cierto que Uribe tiene ese derecho como cualquier condenado, pero el efecto legal no es una “rebaja” en la pena, como lo describió la legisladora, aunque la consecuencia práctica sí sea que el confeso criminal pase menos tiempo en la cárcel.

Lo que la congresista quería demostrar es que “existen prohibiciones expresas para otorgar beneficios a los autores o partícipes de delitos que atenten contra nuestros niños, niñas y adolescentes, pero esto no implica que las penas se cumplan en su totalidad”. La razón que dio, con base en el caso de Uribe Noguera, es que “esas prohibiciones no afectan, ni pueden afectar, las rebajas otorgadas por aspectos relacionados con la resocialización”, es decir el estudio, el trabajo y la enseñanza (le faltó mencionar la tercera).

De esta forma, Matiz defendió la iniciativa de reforma constitucional, de la que es autora y ponente. Dijo que el objetivo del cambio propuesto es que “esas personas efectivamente estén en prisión esos 25 años [el plazo que pone el proyecto para que se revise la condena a cadena perpetua] y que se haga un verdadero proceso de resocialización”.

Colombiacheck le preguntó a la unidad de trabajo legislativo de la representante sobre la base legal de esas afirmaciones y le pidió copia del oficio que leyó en la sesión. Hasta el momento de la publicación de esta nota, no ha llegado la respuesta.

El problema es que la parlamentaria confunde dos conceptos que son diferentes: la rebaja y la redención de la pena.

La penalista Diana Muñoz Castellanos recuerda que Uribe Noguera no tuvo ningún beneficio judicial. El Código Penal establece que a nadie en Colombia se le pueden dar más de 60 años de cárcel. Si el asesino de Yuliana Samboní recibió dos menos, fue porque no tenía antecedentes penales y la ley obliga a que los jueces tomen en cuenta ese y otros atenuantes, además de los agravantes, para dosificar las penas.

Esto es distinto a las rebajas que, de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal, puede ofrecer la Fiscalía a cambio de la aceptación de cargos o en preacuerdos o negociaciones con los imputados o acusados. Esto está prohibido por el Artículo 199 del Código de Infancia y Adolescencia cuando se trata de “homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, o secuestro, cometidos contra niños, niñas y adolescentes”.

Por eso, Uribe no se benefició de haber aceptado los tres cargos en su contra. Además, el mismo artículo citado impide que más adelante acceda, por ejemplo, a la casa por cárcel o la libertad condicional al cumplir requisitos que sí se lo permitirían a los condenados por otro tipo de conductas.

Muy diferente es la redención a la que se refiere el oficio que el Juzgado 3 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar le envió al establecimiento de reclusión de esa ciudad. Esta figura es un derecho reconocido por el Código Penitenciario y Carcelario desde 2014. Esta definición dejó a la redención por fuera de la prohibición para los responsables de delitos contra la infancia como los que cometió Uribe Noguera.

Así lo determinó la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en 2015, al resolver una tutela a favor de Edward Zúñiga Quinayas, condenado por tentativa de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, para que pudiera redimir unas horas de estudio que le habían negado. La Corte Constitucional confirmó esa decisión en la sentencia T-718 de ese mismo año.

Los tribunales consideraron el principio de que cualquier norma se debe interpretar de la manera que más favorezca al ciudadano, en este caso el preso. En ese sentido, argumentaron que las actividades de redención son fundamentales para la resocialización y, en consecuencia, para la esperanza que deben tener los presos de recuperar su derecho a la libertad. De acuerdo con los pronunciamientos, la reclusión se convertiría en un acto cruel, inhumano y degradante prohibido por la Constitución si no existiera esa posibilidad.

En la sentencia de la Corte Suprema se lee lo siguiente:

Los niños, las niñas y sus familias, no tienen derecho a que sometan a tratos crueles, inhumanos y degradantes a las personas que puedan abusar de ellos o ellas. Su principal y primordial derecho es que las personas no abusen de ellos y ellas. Un estado social y democrático de derecho no confiere al Estado o a las víctimas el derecho a que se someta a tratos crueles, inhumanos y degradantes a las personas que delinquen. Confiere, ante todo, el derecho a que tal situación no ocurra. Ese es el cometido básico de un Estado comprometido a garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales.

Esto se basa en la idea de que una persona no pierde su dignidad humana por el hecho de haber cometido un delito. Ese es el punto de partida del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos para decir, en su Artículo 10, que el fin de los regímenes penitenciarios debe ser “la reforma y la readaptación social”. La providencia de la Corte Constitucional recuerda que Colombia se rige por este tratado, que ratificó en 1969, y que esto se ha reflejado tanto en los códigos vigentes en el país como en abundante jurisprudencia.

De modo que la redención, a diferencia de las rebajas de pena, no es un beneficio que se le da a unos cuantos en circunstancias particulares. Al contrario, les aplica por igual a todas las personas que hayan sido condenadas a estar en prisión por cualquier delito. “No se le puede negar a nadie”, enfatiza Muñoz.

La abogada explica que “redimir no quiere decir que le rebajen la pena, porque ya se la impusieron, o sea que ya está en firme”. Lo que se hace, entonces, es una especie negocio donde la moneda es el tiempo. Se dedican, como máximo, ocho horas diarias al trabajo, seis al estudio o cuatro a la enseñanza a cambio de que cada dos de esas jornadas valgan por un día de los que le faltan a la persona para salir de prisión. Todos los términos y condiciones, que incluyen la exigencia de buena conducta, están en el Código Penitenciario.

Lo normal, según Muñoz, es que los internos rediman sus horas de a pocos, no todas al tiempo. De hecho, el oficio citado por la representante Matiz tampoco es el único que ha tramitado Uribe Noguera. En el registro del juzgado de Valledupar aparecen cuatro autos de redención a su favor con fechas del 25 de enero, 11 de marzo y 18 de julio de 2019 y 20 de enero de 2020. El que coincide con los tiempos que leyó la congresista es el tercero. Entre todos, suman seis meses y 12 días.

No aparece ninguna redención adicional a su favor en el archivo del Juzgado 15 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, donde estuvo su caso en los primeros meses de reclusión después de que la condena quedó en firme en noviembre de 2017 y hasta su traslado a la capital del Cesar en febrero de 2018. 

Es decir que la pena del pederasta sigue siendo de 58 años de cárcel. Lo que pasa es que, si no volviera a redimir nada, la cumpliría con 57 años y medio de prisión efectiva más el semestre que tiene acumulado por trabajo y estudio.

En resumen, la representante Matiz presentó solo uno de los oficios y, sobre todo, confundió este derecho a la redención con una rebaja que, por el contrario, es uno de los beneficios a los que él no puede acceder, de los que la misma congresista habló en la sesión. No obstante, el efecto práctico es similar y el documento que presentó es real. Por tanto, Colombiacheck califica como ‘cuestionable’ su afirmación sobre el estado de la condena al feminicida.

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Jueves, 07 Noviembre 2019

Los niños soldados sí pueden ser blancos legítimos, pero son más protegidos por el DIH que los adultos combatientes

Por Isabel Caballero Samper

El Derecho Internacional Humanitario da protecciones especiales a los soldados menores de edad que son reclutados ilegalmente por grupos armados, pero sí permite que sean considerados combatientes y por tanto blancos legítimos de la fuerza letal en su contra.

Rafael Nieto Loaiza, viceministro del interior y de justicia durante el gobierno de Álvaro Uribe y precandidato presidencial del Centro Democrático en 2017, publicó un hilo en Twitter sobre el bombardeo denunciado por el senador Roy Barreras en el que murieron siete o más menores de edad. 

En el tercero de los 12 trinos que publicó, Nieto Loaiza dice que “los menores de edad, incluso los menores de quince años, que empuñan las armas, son combatientes y, por tanto, son blancos legítimos y no están protegidos por el derecho internacional humanitario, sin importar la edad que tengan”.

Calificamos esta afirmación de “cuestionable” porque, a pesar de que en algunas circunstancias los niños soldados sí pueden ser blancos legítimos bajo el Derecho Internacional Humanitario (DIH), no es verdad que este no los proteja. Tanto ante el DIH como ante otros instrumentos internacionales (y nacionales) los niños gozan de un estatus de protección especial.

En primer lugar hace falta aclarar que, aunque según el Estatuto de Roma es un crimen de guerra “reclutar o alistar a niños menores de 15 años”, en el Código Penal Colombiano (Ley 599 del año 2000, Artículo 162) el delito de “reclutamiento ilícito” cobija a “menores de 18 años”. 

Además, Colombia es firmante del “Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados” (que en Colombia entró en vigor el 12 de febrero de 2002 a través de la Ley 833 de 2003 y el Decreto 3966 de 2005) donde se determina que la edad mínima legal para vincular a un adolescente a un ejército, regular o no, es de 18 años. 

Esto significa que los niños y adolescentes menores de 18 años que hayan sido reclutados por un grupo armado son considerados niños soldados y que quien los haya reclutado está cometiendo un delito.

Sin embargo, hay un largo debate internacional al respecto. René Provost, profesor de derecho internacional de la Universidad de McGill en Canadá, publicó una entrada en el blog del European Journal of International Law en 2016 analizando si los niños soldados son blancos legítimos bajo el Derecho Internacional Humanitario, pues según explica hay un vacío en la literatura legal sobre este tema.

Aunque no hay acuerdo entre los expertos sobre esto, Provost dice que sí se puede considerar que los niños soldados pueden ser combatientes en todo el sentido del término.  

Aquí viene otra complicación, pues el derecho internacional no es claro en la definición de “combatiente” en el caso de los conflictos armados internos, como es el caso de Colombia. Provost utiliza la definición de combatiente que aparece en la “Guía para interpretar la noción de participación directa en las hostilidades según el derecho internacional humanitario” del Comité Internacional de la Cruz Roja que es que una persona asuma una “función continua para el grupo” (es decir que no es espontánea o esporádica) y que esta función comprenda su “participación directa en las hostilidades”. 

La guía de la Cruz Roja dice explícitamente que “existe la posibilidad de que incluso las personas civiles que son obligadas a participar directamente en las hostilidades o los niños que no tienen edad legal para ser reclutados [sean considerados combatientes y por tanto] pierdan la protección contra los ataques directos”.

En esto también coincide Antonio Varón, profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario experto en DIH, quien le dijo a Colombiacheck que cuando una persona está empuñando un arma, sea o mayor de edad o no, su contrincante está legitimado para contrarrestarlo a través del uso de la fuerza. 

José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, en una entrevista en RCN Radio esta mañana dijo que “si se trata de menores que participaban activamente en las hostilidades (...) el derecho internacional humanitario no distingue [entre si son menores de edad o no]”. Y un punto clave en el que insistió varias veces es que “Habría que determinar si esos menores participaban o no de las hostilidades. porque si no participaban son civiles”.

Volviendo a la argumentación de Provost, el profesor de McGill argumenta que aún si se considera que los niños soldados pueden ser blancos legítimos, el test que se aplica para determinar si un niño es o no un combatiente debería ser más exigente que el que se aplica para un adulto, porque los niños tienen un estatus protegido bajo la ley internacional y por tanto debe haber una presunción a su favor del carácter civil. 

Este profesor explica que el Artículo 77 del Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales se refiere a las protecciones especiales de las que gozan los niños. En el primer párrafo proclama el deber de proteger a los niños, en el segundo la obligación de no reclutarlos y en los siguientes tres las protecciones especiales de los niños soldados que han sido detenidos. El problema, según Provost, es que este protocolo “elude por completo la fase intermedia en la que el niño está tomando parte activa en las hostilidades”.

El estatus protegido de los niños también aparece en la Convención Internacional de Derechos del Niño, incorporada a nuestra legislación por la Ley 12 de 1991, que establece en su artículo tercero que “en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a
que se atenderá será el interés superior del niño”. Y además el Artículo 44 de la Constitución dice que "los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás". 

Bajo este estatus protegido, según argumenta Provost, si por ejemplo un adulto en uniforme huye de una batalla no necesariamente se asume que deja de ser un combatiente pues puede ser una huida estratégica, mientras que por otro lado un niño que huye sí se debe asumir que se convierte inmediatamente en civil y por tanto deja de ser un blanco legítimo.

Además, Provost argumenta que los medios y métodos permitidos en contra de los niños soldados también deben reflejar su carácter protegido. La prohibición de causar sufrimientos innecesarios (Artículo  35, Protocolo I) al ser aplicada al caso de los niños soldados significa que solo son blancos legítimos cuando hay una necesidad militar tangible para el ataque y ninguna otra opción viable puede ser identificada. 

Casualmente, el autor utiliza como un ejemplo el caso de un niño soldado reclutado por las Farc que hace una siesta contra un árbol cuando es identificado por un dron del Ejército (el artículo es de enero de 2016). Provost dice que en este caso es necesario que se demuestre la ventaja militar específica de atacar a este niño y además que no hay ninguna alternativa menos dañina para el niño para que sea legítimo atacarlo.

Varón, el profesor del Rosario, dijo que el uso de la fuerza debe ser proporcional y debe estar enfocado a poner al otro fuera de combate capturándolo o hiriéndolo y que matar siempre debe ser la última opción.

En esto también coincide Vivanco, de Human Rights Watch: “Si efectivamente hay evidencias que allí había menores y que esos menores estaban participando activamente en las hostilidades, eso no los convierte automáticamente en un blanco militar legítimo. El que lanza el ataque, en este caso el Ejército, tiene la obligación jurídica de evaluar si es factible arrestarlos y no darlos de baja”.

Varón además dijo que por más importante que sea un objetivo militar no se puede justificar cualquier cantidad de daño colateral y que en este caso los niños soldados no eran el objetivo de la operación sino un daño colateral, el objetivo era el comandante alias “Gildardo el Cucho”. Varón dijo que el Ejército debió haber sido diligente a la hora de advertir que los menores de edad estaban allí y haber agotado otras opciones para sacarlos de combate sin usar fuerza letal. 

A pesar de que el Ministro de Defensa Guillermo Botero dijo que cuando se hizo la operación no sabía de la presencia de menores de edad, ya el personero de Puerto Rico, Caquetá, había advertido del reclutamiento de menores en la zona. También una investigación de La Silla Vacía demostró que al menos tres entidades diferentes le habían advertido al Ejército en varias ocasiones sobre la presencia de menores de edad reclutados en la zona.

Para hacer este chequeo intentamos contactar a Nieto Loaiza para preguntarle por su interpretación del DIH no nos contestó los mensajes.

Así que aunque es verdad, como dice Nieto Loaiza, que incluso los menores de 15 años que empuñan las armas pueden ser blancos legítimos bajo el DIH, esto no es automático y las exigencias que se deben cumplir para que sean un blanco militar legítimo son bastante altas, mucho más que en el caso de los adultos. Por tanto no es verdad que los niños soldados no estén protegidos por el derecho internacional humanitario, por eso calificamos la afirmación de Nieto Loaiza de "cuestionable".