Una publicación proveniente de Continental News, un perfil que se presenta como un canal de noticias, circula en redes sociales alertando sobre el presunto “plan del Pacto Histórico” para cometer fraude con el software de la Registraduría Nacional del Estado Civil y robarse las elecciones departamentales del próximo 29 de octubre. Para sustentar esta tesis, coloca el fragmento de un video del abogado Abelardo de la Espriella. 

En el clip, el penalista vincula al registrador nacional, Alexander Vega, con la coalición del presidente, Gustavo Petro, y apunta:

“La Registraduría asignó un contrato por 1,2 billones de pesos a la Unión Temporal Disproel, que es la empresa encargada de hacer el conteo de votos a través de un software que no ha sido auditado y por medio del cual en este momento se pueden hacer votar a más de 1’700.000 personas fallecidas y a más de 640.000 personas que no han reclamado su cédula de ciudadanía” (sic). 

“También se puede hacer votar a los jurados que pueden hacerlo dos veces en las mesas en las que fungen como tal y en las mesas en las que están inscritos, como ya se hizo en las elecciones de Congreso” (sic).

El audiovisual lo encontramos en el canal de YouTube de Continental News, subido el 20 de octubre, con el título “ULTIMA HORA alerta de frau de en las urnas Revelan el as bajo la manga de petro” (sic) con más de 36.000 visualizaciones y 2.500 ‘me gusta’. 

La presentadora insiste en que la “noticia” se comparta con familiares y amigos, una característica habitual en la diseminación de desinformación. 

El video también ha sido replicado en Instagram, Facebook, Kwai y TikTok en la última semana, y supera las 45.000 reproducciones. De hecho, la cuenta que lo compartió en Kwai, llamada FarandulaTVI, cuenta con más de 1 millón de seguidores y se dedica a difundir contenido político contra el petrismo. 

En los comentarios en las distintas plataformas, algunos usuarios mostraban su temor por este aparente fraude electoral:

• “Eso es lo mismo que paso en ecuador, Nicaragua, Venezuela y ahora Colombia” (sic).
• “Bueno, hay q vigilar a ese sodwar. Para eso estan ustedes, para defender a Colombia” (sic).
• “y que espera la fiscalía y el fiscal Barbosa para meter a la cárcel a los responsables de este fraude electoral” (sic). 

La publicación ha llegado a ser compartida incluso en un grupo antivacunas de Telegram, llamado Veeduría Ciudadana por la Verdad, el cual tiene 16.406 miembros. En varias ocasiones hemos chequeado videos de esta cuenta por mentir al decir que el Código Electoral planteaba registradores ad hoc y cédula digital obligatoria, y que los mosquitos de Bill Gates habían “triplicado” casos de zika, dengue y chikunguña en Antioquia.

Ante la viralidad de este contenido y su posible impacto en este tiempo electoral del país, en Colombiacheck lo verificamos y concluimos que es cuestionable. Primero,  utiliza un video viejo del abogado De la Espriella para cuestionar las elecciones de este 29 de octubre. Segundo, el software de Disproel sí fue auditado para los comicios del año pasado y para los que se avecinan este domingo, aunque algunas organizaciones tienen sus reparos sobre las evaluaciones y reclaman que se conozcan los informes completos de las auditorías.

Tampoco se encontró rastros sobre 1,7 millones de ciudadanos que hayan votado usurpando la identidad de personas fallecidas, y resulta imprecisa la afirmación de que para ese entonces había 640.000 cédulas de ciudadanías sin retirar, pues llegaban a 419.279, según la propia Registraduría.

Esta no es la primera vez que chequeamos al canal Continental News, pues ya hemos descubierto que ha desinformado al afirmar que el Centro Democrático no recibía el financiamiento del Estatuto de Oposición por orden de Petro, sobre las deudas del Gobierno con las EPS y cuando relacionó al mandatario colombiano con el asesinato del precandidato presidencial Fernando Villavicencio en Ecuador. 

Además, desde el año pasado hemos analizado publicaciones que han relacionado al registrador Vega con un fraude electoral en beneficio del presidente Petro; varias de estas desinformaciones las incluimos en nuestra investigación “¿Fraude en las elecciones? Las claves de las narrativas de desinformación electoral”, así como otras vinculadas con el software de las votaciones suministrado por la empresa Indra. 

El video de De la Espriella es de 2022

Al buscar en Google la procedencia del video de Abelardo de la Espriella encontramos una nota de IFM Noticias, una página de internet que identificamos en nuestra investigación “El portal de desinformación del uribismo que recibe dinero público en Medellín” como un medio de desinformación a favor del uribismo. Allí aparece el audiovisual subido el 18 de junio del año pasado. 

Recordemos que De la Espriella es un penalista, dueño de la firma De La Espriella Lawyers, reconocido por defender a figuras públicas como el expresidente Álvaro Uribe (en el caso de Franklin 'Beto' Coral) y personalidades del entretenimiento, entre ellas Natalia Paris, Sara Corrales y Lina Tejeiro (1, 2).

El padre del abogado, también llamado Abelardo de la Espriella, figuró como precandidato en 2019 por el Centro Democrático a la Gobernación de Córdoba. 

Disproel en las elecciones colombianas

La fundación Karisma, organización dedicada a temas de derechos humanos relacionados con tecnologías digitales, explicó el año pasado que Disproel constituía una unión temporal, conformada por varias compañías entre las cuales destaca Thomas Greg & Sons, la misma a cargo de la emisión de los pasaportes en Colombia. 

Esta unión temporal fue la encargada del preconteo, la selección de jurados de votación, el desarrollo de las aplicaciones de delegados y de testigos electorales, la logística del día de elecciones, la disposición de servidores para almacenar información y del software utilizado para el escrutinio base (el cual comprendía el proceso de conteo y consolidación de votos de los niveles auxiliares, zonales, municipales y departamentales). 

Por todas esas funciones recibió una contratación por 1,2 billones de pesos, tal como afirmó De la Espriella.

Tomado del Informe de la observación de primera vuelta presidencial de Colombia 2022, elaborado por la Fundación Karisma.

La Misión de Observación Electoral (MOE) aclara que, si bien Disproel tenía a su cargo el escrutinio auxiliar, municipal, distrital y departamental, se implementó otro software para el escrutinio general a cargo de la empresa Indra, el cual pasaría a ser propiedad del Estado. 

Diego Rubiano, subcoordinador del Observatorio Político Electoral de la Democracia de la MOE, en entrevista con Colombiacheck, aclaró anteriormente que el software de Indra efectivamente pasó a propiedad del Estado a través del Consejo Nacional Electoral (CNE) y sirve solo para escrutinios generales.

Así es como funcionaban ambos softwares para el recuento de las votaciones, según la MOE:

“El programa informático desarrollado por INDRA, que será propiedad del Estado, se encuentra al final de la cadena de escrutinio. Antes, sin embargo, han de tomar lugar varios procesos en el software de propiedad de privados: primero, los jurados de votación han de efectuar el escrutinio de mesa, diligenciando en los formularios E-14 la votación de cada candidato e introduciendo la información contenida en los mismos al software de escrutinios del nivel auxiliar, municipal, distrital y departamental, que será desarrollado por DISPROEL”.

Fuente: MOE.

Para este año, Disproel entre sus servicios proveerá del sistema para el escrutinio auxiliar, municipal, distrital y departamental, mientras que Indra estará encargada de la verificación y divulgación de resultados. 

Fuente: MOE.

Sí hubo auditorías, según la Registraduría

Una auditoría, de acuerdo con la fundación Karisma, es “la planeación y ejecución de diferentes actividades desempeñadas por profesionales especializados que buscan verificar y evaluar que un programa cumpla parámetros establecidos. Revisa la efectividad de dicho sistema y, en caso contrario, evalúa la necesidad de una mejora o de una acción correctiva”

En este sentido, para las auditorías de los sistemas de Disproel e Indra, la Registraduría contrató a la empresa JAHV McGregor.

Fuente: Fundación Karisma.

El organismo electoral informó el 19 de junio del año pasado, es decir, un día después del video de De la Espriella, que la auditora certificó la “transparencia y funcionalidad de los software de preconteo y escrutinio”.

“En su concepto, la firma auditora certificó ‘transparencia en la operación de la solución informática de escrutinios dispuesta por la UT DISPROEL 2021 para los procesos electorales de los años 2021 y 2022, conforme a los requerimientos contractuales del contrato 071 de 2021, su anexo técnico, adendas, adiciones y otrosíes”, señaló el organismo en su nota de prensa. 

La evaluación también corroboró que Indra cumplía con las especificaciones técnicas solicitadas para las votaciones de ese año.

En cuanto a este 2023, la Registraduría señaló hace una semana que la misma firma, JAHV McGregor, había emitido un concepto de conformidad sobre la exposición del código fuente y la funcionalidad del software de escrutinios para las elecciones territoriales 2023 en manos de Disproel. 

“La firma señaló que ‘la auditoría externa da conformidad con la funcionalidad del sistema (…) y que en conjunto aportan las evidencias suficientes para otorgar confianza al proceso y a la solución informática de escrutinios dispuesta por el contratista UT Disproel 2023, para la realización de los escrutinios del orden auxiliar, municipal, distrital y general; la publicación en la web de las actas E-14 de claveros; la disposición de una plataforma tecnológica para la publicación de los resultados electorales vía web y la disposición de las comunicaciones para el avance de las comisiones escrutadoras”, resaltó la institución.

Es decir, tanto el año pasado como este, el sistema de escrutinio de Disproel recibió las auditorías correspondientes. 

Los reparos sobre estas auditorías

La MOE y Karisma han denunciado una opacidad en los resultados de las auditorías por parte de JAHV McGregor, pues no se conocen los informes completos sobre los hallazgos y las recomendaciones a los softwares de escrutinio por unas cláusulas de confidencialidad que lo impiden.

El año pasado, la MOE concluyó después de los comicios a Congreso y Presidencia:

“Durante todo el proceso de auditoría, el público en general no tuvo acceso a los hallazgos ni a las recomendaciones que se derivaron del trabajo realizado por de Jahv McGregor S.A.S., con respecto a los servicios prestados por la UT DISPROEL e Indra Colombia S.A.S., en la organización de los comicios de 2022. Es importante señalar que la auditoría que realizó la empresa Jahv McGregor a los componentes tanto desarrollados por la UT DISPROEL e Indra Colombia S.A.S., están amparadas por cláusulas de confidencialidad que impiden o limitan que se publiquen hallazgos y recomendaciones de estas auditorías”.

Este año también le reclamó mayor transparencia a McGregor y le pidió que socializara los resultados y hallazgos, a fin de contar con explicaciones técnicas de las problemáticas que han presentado en los distintos sistemas, así como las medidas que los contratistas adoptarán para atender las recomendaciones que surjan.

“Hasta ahora no existe conocimiento del informe final de esa auditoría”, subrayó en entrevista Marlon Pabón, coordinador de Administración Pública y Transparencia de la MOE. “Para las elecciones del año pasado, la empresa estaba obligada a entregar el informe final de auditoría a la Registraduría, pero desde la MOE desconocemos el contenido de ese informe. Mientras que para estas elecciones toca esperar si en realidad se va a entregar y socializar el informe final”, declaró.

Karisma ha reconocido que, aunque las revisiones por parte de la firma auditora son “técnicas e independientes, en el sentido que no las realizan empresas bajo el control de Indra o Disproel”, no resultan públicas pues toda la información recabada se resguarda por cláusulas de confidencialidad y la Registraduría se ha mostrado renuente a publicarla. 

Cuando consultamos al departamento de prensa del organismo al respecto, solo nos remitieron las notas de prensa de la Registraduría donde se informaba que McGregor certificaba los softwares de escrutinio contratados y no nos aclaró porque no se conocen los informes completos de esas auditorías. 

El Consejo Nacional Electoral también el año pasado solicitó una auditoría internacional para brindar mayor confianza en el sistema de votación, pero, aunque el Gobierno giró los recursos para ello, los tiempos eran demasiado cortos y ninguna empresa aceptó la tarea (1, 2), y por su parte la Procuraduría General de la Nación concluyó que no era necesario y podría conducir a una doble contratación. 

Pilar Sáenz, coordinadora del Laboratorio de Seguridad digital y privacidad de Karisma, nos explicó que para ellos la principal preocupación es que la firma JAHV McGregor solo verifica que el contratista haga las pruebas sobre el funcionamiento del programa informático, pero no hacen pruebas por sí mismos.

“Seguimos sin tener información que nos dé confianza sobre el funcionamiento de la tecnología. Siguen dudas sobre los sistemas, su efectividad, las versiones que se usarán el domingo”, sostuvo. 

Desde su fundación también han advertido que no se puede considerar como “auditorías” a actividades convocadas por la Registraduría que son esencialmente de observación por parte de miembros de partidos y otras organizaciones. “El papel de las personas auditoras de los partidos y las misiones de observación que acompañan y siguen los aspectos técnicos de la preparación del sistema de escrutinio -en la manera en la que se han desarrollado- son ejercicios de observación y no auditorías técnicas”, argumentan.

¿Votaron muertos?

En el video De la Espriella también asevera que con el software de Disproel podían  “hacer votar a más de 1’700.000 personas fallecidas y a más de 640.000 personas que no han reclamado su cédula de ciudadanía”.

Revisamos en Google si había alguna nota de prensa sobre una investigación por usurpación de identidad de personas fallecidas para votar en los procesos electorales del año pasado o de jurados de votación que lo hayan hecho dos veces, pero no encontramos resultados (1, 2). 

En un chequeo anterior también habíamos comprobado que no había denuncias formales o pruebas que sustentaran que dos millones de cédulas de personas fallecidas, como decía una cadena, habían votado por Gustavo Petro. 

Se tiene registro, no obstante, de 2.000 casos de suplantación de identidad de fallecidos en los que se votó en 2019, según la Red de Veedurías Ciudadanas. Para ese año aún no existía Disproel, cuya conformación ocurrió en 2021. 

Desde la MOE nos aseguraron, además, que no manejaban información sobre jurados de votación que hubiesen ejercido dos veces su derecho al voto. 

Sobre las cédulas de ciudadanía, De la Espriella no fue preciso, pues en un comunicado de febrero de 2022, la Registraduría había precisado que había sin retirar 494.151 de estos documentos, un número que se redujo a 419.279 para junio, fecha cuando el abogado publicó el video.

En conclusión, calificamos el video de Continental News como cuestionable, pues se basa en un video antiguo del abogado De la Espriella, de las elecciones de 2022, usado para poner en duda las elecciones que se llevarán a cabo el 29 de octubre. Además, en realidad, el software de Disproel ya fue auditado en las elecciones del año pasado y se sometió a una auditoría para los comicios de este domingo. Sin embargo, es importante señalar que algunas organizaciones expresan sus preocupaciones sobre las evaluaciones y exigen la divulgación de los informes completos de las auditorías.

Además, no se hallaron indicios de que 1,7 millones de ciudadanos hubieran votado haciendo uso de la identidad de personas fallecidas y que para junio del año pasado había casi 420.000 cédulas de ciudadanas sin reclamar y no 640.000, como dijo el abogado.