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Viernes, 30 Julio 2021

Vacunados contra COVID-19 no pierden sus derechos ni son propiedad de las farmacéuticas

Por Gloria Correa

Esta desinformación carece de sustento ya que la Declaración Internacional de Derechos Humanos establece que nadie puede perder sus derechos básicos bajo ningún escenario.

Desde el mes de junio de 2021 en Facebook (1,2,3) circula una imagen que incluye la siguiente frase: “Los vacunados con ARN ya no tienen derechos humanos ni del Estado. Son patentes de la corporación que diseñó el fármaco”. 

Publicación etiqueta falso

Otras publicaciones con contenido muy similar también han circulado recientemente por redes sociales como Facebook (1,2), Twitter y en páginas web (1,2).  Pero todo esto es desinformación sobre las vacunas contra COVID-19, en particular las que utilizan tecnología de ARNm, como las de Pfizer y Moderna.

En algunas de estas publicaciones hacen alusión a un controvertido caso que se dio en el 2012 en Estados Unidos, en el cual una sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos dictó que un gen natural (una parte del ADN) no era patentable, ya que se encontraba en la naturaleza, pero sí permitió que un nuevo gen complementario desarrollado en el laboratorio fuese patentado.

No obstante, esas publicaciones en redes sociales han tergiversado dicho caso señalando erróneamente que “la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que no se puede patentar el ADN humano, porque era un producto de la naturaleza. Sin embargo, al final del fallo se aprobó que si se llegara a cambiar el genoma humano como se está haciendo hoy mediante la inoculación de ARN mensajero, entonces ese genoma puede patentarse y se clasifica como propiedad privada”.

Pero aquí utilizan la falsa idea de que las vacunas de ARNm contra COVID-19 modifican la información genética para difundir más desinformación.

Desde los Centros para la prevención y control de enfermedades en Estados Unidos (CDC) y muchos otros organismos y autoridades en salud (1,2,3,4, 5) han aclarado que las vacunas de ARNm no modifican nuestra información genética. 

En Colombiacheck también lo hemos desmentido en chequeos previos (1,2,3, 4). 

Los vacunados no pueden perder sus derechos 

En la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada el 10 de diciembre de 1948 en París por la Asamblea General de las Naciones Unidas, están consignados los derechos humanos básicos.

En el Artículo 2  de dicha declaración se indica que ninguna persona puede perder los derechos y libertades allí proclamados bajo ninguna índole, lo cual aplica para el escenario de la vacunación contra COVID-19. 

Artículo 2. Declaración Universal de los  Derechos Humanos

Fuente:https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights

Por el contrario, la vacunación contra COVID-19 es un derecho, el cual debe ser garantizado por los Estados. Una comisión de expertos en Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas a través de una declaración hecha el 9 de noviembre de 2020 resaltó la importancia del acceso universal a las vacunas:

"Los Estados tienen la obligación de asegurar que todas las vacunas y tratamientos contra el Covid-19 sean seguros, estén disponibles y sean accesibles y asequibles para todo el que lo necesite y que en consecuencia el acceso a estas tecnologías debe brindarse para todos sin discriminación y priorizando a quienes sean más vulnerables a la enfermedad”. 

Estas premisas también están consignadas en el Decreto 109 del 29 de enero de 2021 a través del cual se adoptó el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 en Colombia. 

Por su parte, Carolina Gómez Muñoz, abogada, fundadora e Investigadora del Centro de pensamiento, medicamentos, información y poder de la Universidad Nacional de Colombia (DIME) y asesora del Secretario de Salud de Bogotá, explicó a Colombiacheck que “todas estas vacunas se diseñaron con dinero de los estados, justo para garantizar el derecho humano a la salud. Las vacunas se hacen como garantía de los derechos humanos”. 

“Este letrero es muy engañoso, esa relación causal que intentan establecer entre que una empresa tenga una patente y la pérdida de esos derechos humanos cuando uno ya está vacunado es realmente inexistente”, recalcó Gómez.

Patentes no aplican para humanos

En la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia se indica que una patente es un privilegio que da el Estado a un inventor que haya logrado a través de su invento una solución que le aporte beneficios a la humanidad. El privilegio que otorga la patente consiste en el derecho a explotar económica y exclusivamente el invento por un tiempo determinado de 20 años.

En Colombia, como en otros países, los medicamentos y otras invenciones están cubiertos por patentes, que además brindan protección legal contra la copia. Las vacunas no son una excepción.

Carolina Gómez Muñoz resaltó a Colombiacheck que como existen múltiples vacunas contra COVID-19 en el mundo, esto implica que no sea una sola empresa la dueña de la patente sino varias y hay varias patentes para cada vacuna. Igualmente lo señala esta publicación sobre la red de patentes de las vacunas contra COVID-19 de la revista Nature.

El verdadero debate actual sobre las vacunas y las patentes está centrado en la posibilidad de que las empresas farmacéuticas dueñas de las patentes las liberen para garantizar un mayor acceso a las vacunas como lo han resaltado diversos medios de comunicación a nivel internacional (1, 2, 3, 4).

Gómez también recalcó a Colombiacheck sobre este tema: “La discusión en el debate internacional se está dando es por el acceso a más vacunas. La discusión actual con las vacunas contra COVID-19 es acerca de cómo las patentes violan los derechos humanos en especial el derecho a la salud porque no permiten el acceso a más vacunas e impiden que más gente esté vacunada”. Pero no porque el estar vacunado signifique volverse una patente de las farmacéuticas como señalan en las publicaciones que buscan desalentar la vacunación.

Por su parte María Victoria Sánchez, PhD en Farmacia, investigadora del Laboratorio de inmunología y desarrollo de vacunas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en Argentina, consultada por los colegas verificadores de AFP, concluyó sobre este tema: “Las empresas sí tienen la patente de su vacuna, pero esto no significa que patenten o tomen posesión de quienes las reciben”.

De este modo concluimos es falso que quienes son vacunados contra COVID-19 pierdan alguno de sus derechos, por el contrario con la vacunación se busca garantizar el derecho a la salud en medio de la pandemia desatada por el nuevo coronavirus. Y los vacunados  tampoco pasan a ser propiedad o “patentes” de las farmacéuticas que producen tales vacunas porque un ser humano no se puede patentar. 

Para consultar más chequeos o explicadores sobre la pandemia puede visitar nuestro especial Mentiras y verdades sobre el coronavirus, también puede sugerirnos un chequeo aquí

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Viernes, 13 Agosto 2021

Trino de Petro de empresas creadas en su Alcaldía Vs. las quebradas en era Duque tiene datos exagerados y falsos

Por Cindy A. Morales

El senador exageró la cifra de empresas cerradas durante el gobierno de Iván Duque y omitió que se trataba de micronegocios. Además, infló los números de creación de empresas en su alcaldía, sin considerar el ciclo económico positivo de esos años.

“Mientras Duque con su política quebró 600.000 empresas, en mi gobierno creamos 400.000 empresas, y dicen que el que expropia soy yo”. Ese es el mensaje publicado el 28 de julio de 2021 por el senador Gustavo Petro en su cuenta de Twitter y que se ha compartido desde entonces unas 6.900 veces.

En Colombiacheck verificamos esta afirmación y la calificamos como falsa porque la cifra de empresas que asegura se crearon durante su administración en Bogotá es inexacta e incluye datos de 2009, cuando aún no era alcalde. En cuanto al número de compañías que cerraron durante el mandato de Duque, la afirmación exagera en 90.630 microempresas (15%) y no tiene en cuenta factores como la pandemia que golpearon a la economía mundial. Aquí le explicamos:   

Empresas liquidadas y micronegocios

Sobre la afirmación “mientras Duque con su política quebró 600.000 empresas”, no es posible adjudicar el cierre de esas empresas solo a una política estatal, sino que se tiene que ver el contexto general de la economía global, que incluye la pandemia.

En Colombiacheck contactamos al senador Petro a través de su cuenta de Twitter desde donde nos dijeron que su afirmación se sustenta en una nota del diario económico La República, titulada En medio de la pandemia por covid-19, cerraron 509.370 micronegocios en Colombia,  y datos de la Cámara de Comercio de Bogotá sobre empresas creadas en su administración. 

Vamos por partes. Aunque los datos sobre cierre de micronegocios compartidos por el senador coinciden con los publicados en este informe del DANE, es importante precisar que ese documento de 2020 solo habla de micronegocios. Es decir, todas aquellas empresas de menos de 10 trabajadores. 

El boletín, publicado en marzo de 2021, indica que entre enero y octubre de 2020, se destruyeron 509.370 micronegocios, frente al mismo periodo de 2019.

El dato más general de empresas es el registro que lleva la Superintendencia de Sociedades. En el documento publicado en febrero de 2021, esa entidad indica que recibió un total de 1.292 solicitudes de insolvencia por parte de empresas en 2020, un aumento de 2% frente al 2019 cuando se presentaron 1.272 solicitudes. “Un 77,55% (1.002) de las solicitudes corresponden a procesos de reorganización y un 22,45% (290) a solicitudes de liquidación”, señalan en su informe.

El equipo de prensa de la Superintendencia le explicó a Colombiacheck que la diferencia entre u otro proceso para determinar cuál es el dato real de cierre:

“El objetivo del proceso de reorganización es preservar empresas viables, normalizar sus relaciones comerciales crediticias y llevar a cabo la reestructuración operacional, administrativa, de activos o pasivos. La liquidación judicial busca la realización pronta y ordenada del patrimonio del deudor y el pago a sus acreedores hasta la concurrencia del valor de sus bienes. Con la liquidación se cierra la empresa”, explicó.

En el informe de Dinámica de Creación de Empresas, elaborado por Confecámaras con base en la información del Registro Único Empresarial y Social (Rues), de las 57 cámaras de comercio del país, entre enero y septiembre de 2020 hubo caídas en la creación de empresas en marzo, abril, mayo y agosto. 

“Lo anterior responde, por una parte, a la crisis económica y social que se vivió en el país a raíz del escalamiento del brote de la COVID – 19 sobre todo en el primer semestre del año, y por otra, a las medidas de reactivación económica que se empezaron a tomar desde el Gobierno”, dice el informe. 

Según este documento, la caída más fuerte se dio en abril “​​dado que la creación de nuevas empresas disminuyó en 86,9%”. 

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Dinámica de creación de empresas. Crédito: Confecámaras

A corte de mayo de 2021, Colombia tiene 767.673 empresas activas, según el DANE

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Directorio de Empresas en Colombia 2020. Crédito: DANE

Este informe de la Asociación Colombiana de Pequeños Industriales de junio de 2021 sobre las mipyme (medianas y pequeñas empresas) en tiempos de COVID-19 muestra, por ejemplo, que pese los esfuerzos del gobierno para proteger a las empresas y a los empleos no fueron suficientes.

“Para ampliar la tolerancia al riesgo de los bancos se dieron garantías hasta del 90%, no fue suficiente”, dice el documento que también hace un balance de algunos de los impactos económicos a nivel internacional que tuvo la pandemia entre los que se destacan que “en economía de pandemia todo el mundo está afectado, pero los más afectados son las empresas más pequeños” y que provocó “una crisis de insolvencia porque las empresas no venden ni generan ingresos”. 

En otra verificación que hizo Colombiacheck sobre las ayudas del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) para proteger este tipo de empleo del impacto de la pandemia,  

María Alejandra Osorio, directora ejecutiva de la seccional Bogotá y Cundinamarca de la Asociación Colombiana de Pequeños Industriales (Acopi), le dijo a Colombiacheck que hubo retrasos en las medidas del Gobierno.

“La primera deficiencia que nosotros analizamos fue que el subsidio fue tardío. No llegó en el momento en que más se necesitaba que fue los meses de abril y mayo para ayudar a aliviar el flujo de caja y, por tanto, la liquidez de las empresas para solventar y para haber garantizado que esos empleos que se perdieron no se perdieran”, afirmó. 

Sin embargo, el aumento en el cierre de las empresas no se puede adjudicar enteramente a una política estatal o programas, sino a explicaciones multicausales, especialmente si se atraviesa una pandemia.

“Obviamente hay una diferencia gigante cuando hay pandemia y cuándo no y se debe tener en cuenta eso en el contexto de la frase y de las cifras”, explica Martín Jaramillo, economista, consultor en desarrollo económico, quien agrega que en ese panorama, los datos son incomparables. 

En ello concuerda Guillermo Sinisterra, analista de la universidad Javeriana, quien afirma que no se deben excluir otras variables en el panorama que dejó la pandemia.

“Tenemos que tener en cuenta que los mercados se cerraron en todo el mundo. Básicamente no había comercio durante tres o cuatro meses y en Colombia tuvimos una cuarentena muy larga”, explica.  

Como casi todos los países del mundo, Colombia sufrió un fuerte golpe en su economía debido a la pandemia por el Covid-19. Después de un crecimiento de 3,3% en 2019, respecto de 2018, en 2020 vino una caída histórica de 6,8% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Desde los primeros meses de la pandemia, varios organismos internacionales como el Banco Mundial, alertaron sobre el posible hundimiento de la economía global y lo compararon con niveles como la recesión vivida en la Segunda Guerra Mundial. En ese escenario, la visión sobre economías emergentes y en desarrollo, como la del país, no era positiva.

“Se espera que los mercados emergentes y las economías en desarrollo (MEED) se contraigan un 2,5% este año, su primera contracción como grupo en al menos 60 años”, dijo en junio de 2020 esa entidad mundial

Sobre el tema de las empresas, el informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) de octubre de 2020 tampoco era alentador. De acuerdo con el texto, las proyecciones a mediano plazo podrían traer “daños perdurables” debido a la profunda recesión.   

“Estos efectos incluyen costos de ajuste e impactos en la productividad de las empresas supervivientes a medida que mejoren la seguridad de los lugares de trabajo, la amplificación del shock debido a las quiebras de empresas, la costosa reasignación de recursos entre sectores y la salida de la fuerza laboral de trabajadores desalentados”, dice el informe.

El Gobierno colombiano adoptó una serie de medidas para mitigar ese impacto. En el primer trimestre de este 2021, la economía experimentó un ligero crecimiento del 1,1% del PIB, respecto al mismo periodo de 2020.

Las previsiones del Banco Mundial para Colombia a corte de marzo de 2021 que aunque el gobierno estableció líneas especiales de crédito para empresas de sectores que se vieron afectadas “se estima un repunte del crecimiento para 2021-2022, en la medida que el plan de vacunación se desarrolle según lo planeado, que no haya más brotes de COVID-19 que requieran restricciones de movilidad y que el gobierno mantenga la confianza de los agentes económicos con un plan para normalizar el déficit y la deuda en el mediano plazo”. 

De hecho, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) advirtió en julio de 2020 que la crisis por el Covid-19 golpearía particularmente la estructura empresarial. En su informe de ese mes, la Cepal estimó que se cerrarían “2,7 millones de empresas formales en toda la región, con una pérdida de 8,5 millones de puestos de trabajo”.

En abril de 2020, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) afirmó que cerca de 436 millones de empresas de los sectores más afectados en todo el mundo corrían el riesgo de cerrar a causa del nuevo coronavirus. En Estados Unidos, más 340 empresas se declararon en bancarrota. 

Empresas durante la administración de Petro

La otra parte de la afirmación del senador es “en mi gobierno creamos 400.000 empresas”. Para soportar esta afirmación Petro le compartió a Colombiacheck un enlace de la página de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) de noviembre de 2015 en el que, en efecto, esa entidad afirmaba que tenía más de 400.000 empresas registradas. Pero el trino de Petro omite una información que contiene ese mismo enlace y es que el dato también incluye “compañías renovadas”.

El 30 de octubre de 2011, Gustavo Petro fue electo alcalde de Bogotá para el periodo 2012-2015. El 20 marzo de 2014 fue destituido de su cargo por la Procuraduría tras una investigación por la reestructuración del esquema de aseo en la ciudad, pero 31 días después, el 21 de abril de ese mismo año y tras un fallo del Tribunal Superior de Bogotá, Petro fue restituido en su cargo. 

Los datos de la Cámara de Comercio entre 2012 y 2015, período de Petro en la Alcaldía, son así:

En 2012 se crearon 62.951 empresas. El dato para 2013 fue de 62.777 nuevas compañías y para 2014 de 74.411. En 2015 se crearon 9.533 nuevas firmas. Eso quiere decir que durante la administración de Petro en Bogotá, 259.672 empresas fueron creadas. El cálculo de las 400 mil compañías de las que habla, en realidad son el acumulado entre todas las firmas creadas entre 2009 y 2015.

De acuerdo con cifras de la CCB -que solo lleva registro de las compañías que están en la formalidad, es decir que se inscriben ante esa entidad con un registro mercantil-, entre 2009 y 2011 se habían registrado 167.934 empresas nuevas. 

Sumada esa cifra con las creadas entre 2012 y 2015 el total es de 427.606. Eso quiere decir, que aunque en la alcaldía de Petro sí creó un gran volumen de empresas, fueron 259.672, lo que corresponde al 60,7% de las que se atribuyó.

En los históricos que lleva el programa 'Bogotá, Cómo Vamos' se llevan las mismas cifras de creación de empresas e incluso se lleva un registro de la base empresarial de Bogotá desde 2008 a 2018. En el récord se ve que entre 2016 y 2017 se alcanzó la cifra de 400 mil empresas matriculadas y renovadas. 

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Registros históricos de empresas matriculadas en Bogotá. Crédito: 'Bogotá, Cómo Vamos'. 

En su respuesta a Colombiacheck, el senador indicó que como la Cámara de Comercio “solo contabiliza las empresas formales” y “no las que se denominan informales, que son al menos el mismo número (…) no habría desacierto en el trino”. En el mensaje se argumentó que la economía informal es al menos del 50% en Bogotá.

La OIT dice que la economía informal comprende más de la mitad de la mano de obra mundial y más del 90% de las microempresas y pequeñas empresas (MYPE) a escala mundial. En América Latina, el porcentaje de informalidad oscila entre el 40 y 50%. De acuerdo con el DANE, una empresa informal es una unidad “no constituida en sociedad, que no posee un registro mercantil o no lo renovaron en el último año establecimientos que no cuentan con registros contables completos de su actividad económica”.

Sin embargo, por su misma naturaleza, la informalidad es un índice difícil de verificar. En este estudio de 2019 de Fedesarrollo se muestra que, en efecto, la informalidad empresarial representa al 50% de las firmas en Colombia, pero ese mismo informe detalla que “existen pocas fuentes para estimar la informalidad empresarial en Colombia”.

Pese a ello, el informe hace un cálculo basado en la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE, donde se puede ver que el 59% de los negocios son informales en Colombia, es decir que cerca de 6 de cada 10 empresas en el país es informal. Sin embargo, no hay una cifra exacta sobre cuántas existen. 

El economista Jaramillo explica que aunque la gestión de un alcalde puede impulsar la creación de empresas, no hay relación con la creación de éstas. “En el 90% del tiempo los países experimentan algún tipo de crecimiento económico, entonces incluso con un alcalde que no haga nada, igual se van a crear empresas”, afirma. Y agrega que las iniciativas para la constitución de nuevas firmas son en un 90% de carácter privado y “eso no se debe solo a una gestión del alcalde”.  

Por su parte, el analista Sinisterra explica cuáles son otras de las variables que se deben tener en cuenta para la creación de empresas. 

“La gestión de un Alcalde o de un Presidente sí es importante para que haya más creación de empresas, las políticas son importantes, pero hay otros factores: la seguridad, la infraestructura, la posibilidad de interactuar con pares, de conseguir materias primas, la facilidad de importar insumos, la comunicación, la calidad de los puertos. No solo es la política del mandatario, sino de una cantidad de cosas que se unen para poder hacer que los empresarios sean exitosos”, detalla. 

La gestión del senador se dio en medio de un ciclo económico favorable para la capital y para el país. En otra verificación que hizo Colombiacheck sobre la tasa de ocupación laboral en Bogotá durante la alcaldía de Petro, Iván Jaramillo Jassir, experto en derecho laboral y pensional e investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, explicó que “vincular las políticas locales con el crecimiento de la empleabilidad es muy complejo porque depende de muchos factores impositivos y de la dirección de la economía nacional. Obviamente sí hay una mejoría a la que él puede contribuir, pero está relacionada con el ciclo económico”.

De acuerdo con datos del DANE, la tendencia de la capital fue la misma que la que se presentó a nivel nacional. Además, esta curva de crecimiento no se inició en la administración Petro, sino que empezó antes y alcanzó su cúspide en el ciclo económico.

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Tasa de ocupación por regiones en Colombia 2001- 2020. Crédito: DANE

“Desde 2012, hay un notable crecimiento en la tasa de ocupación nacional, que alcanzó su máximo en 2015. O sea, el evento fue a nivel nacional. Y ese cambio venía creciendo desde 2008, más o menos. No parece ser algo particular de la alcaldía”, explicó en su momento a Colombiacheck Laura Fuerte, jefe del departamento de Economía de la Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de La Sabana. 

En el programa de gobierno para la alcaldía de Petro, cuyo eje principal eran los temas sociales, se incluyó la creación “de programas de empleo de emergencia para la población vulnerable”. En su plan de desarrollo, con datos más aterrizados, una de las metas era “financiar al menos 100.000 unidades productivas de economía popular”. 

De acuerdo con el informe de la Veeduría Distrital, la meta apenas se cumplió en un 1,25%. 

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“A 31 de diciembre de 2015 se financiaron 1.249 unidades productivas de economía popular por un valor desembolsado de $10.387 millones (...) Las actividades económicas más relevantes fueron: ‘otros servicios calificados y no calificados’ con una participación del 21% y desembolsos por $836 millones en 265 unidades de negocio, y ‘Confecciones y textiles’ con una participación de 21% y desembolsos por $1.965 millones en 198 unidades de negocio”, indica el ente de control Distrital. 

En resumen, lo asegurado en el trino de Petro es cuestionable porque el senador exagera en las cifras de empresas cerradas, ese dato solo se refiere a micronegocios y omite el contexto de la pandemia. Además, la cifra sobre el número de compañías creadas en su alcaldía es una exageración del dato oficial que complementa con una suposición sobre el tamaño de la economía informal. 

De todas maneras, la afirmación es simplista porque el aumento o baja de empresas se debe a múltiples factores. Además, debido a una pandemia, la economía mundial tuvo un retroceso que hizo cerrar empresas en todo el mundo, independientemente de mandatarios y sistemas de gobierno.