Chequeo Múltiple Chequeo Múltiple Chequeo Múltiple Chequeo Múltiple Chequeo Múltiple Chequeo Múltiple Chequeo Múltiple Chequeo Múltiple
Chequeo Múltiple
Durante la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso, el presidente, Gustavo Petro, insistió en la cifra más criticada de su alocución previa al consejo de ministros del 15 de julio: la supuesta deuda de 100 billones de pesos de las entidades promotoras de salud (EPS) con hospitales y clínicas.
Aunque no la mencionó directamente, repitió el argumento de fondo (3:34:30):
“Las EPS, 157 en total que se fundaron desde 1993 [...], dejaron deudas no pagadas al sistema de las clínicas y hospitales por un valor que hay que calcular, Ministro de Salud, trayendo a valor presente las deudas, que significa defractar por la tasa de interés nominal anual desde 1993 hasta la fecha”.
Sin embargo, en la réplica de la oposición, la precandidata presidencial y senadora Paloma Valencia calificó como “desastrosa” la gestión del gobierno Petro frente a la salud, una de las banderas de esta administración. Entre sus argumentos, cuestionó directamente ese cálculo del mandatario: “No es cierto que la deuda [de las EPS] sea de 100 billones, señor presidente” (4:46:00).
La afirmación del presidente es falsa porque la cifra no tiene respaldo en fuentes oficiales ni en los datos reportados por las EPS, los mismos hospitales y clínicas afectados o la Contraloría. La de la congresista del Centro Democrático resultó verdadera, pues las cifras que han entregado oficiales y gremios están muy por debajo de los números del presidente, sin restarle importancia a la crisis del sector.
Colombiacheck ha verificado otras afirmaciones tanto del mandatario como de las voceras de la oposición en la instalación de la última legislatura de este Congreso y tercer balance anual del gobierno. Otras entregas de esta serie son:
El presidente insistió en una afirmación que hizo inicialmente en su alocución del consejo de ministros del 15 de julio, en la que dijo que “la deuda era de más de 100 billones de pesos”. La pronunció tras revisar, en unas diapositivas, el informe de la Contraloría General sobre el estado del aseguramiento en salud, en el que se advierte que la deuda de las EPS con las clínicas y hospitales es de 32,9 billones de pesos.
Hasta el momento, no se conoce ninguna fuente que respalde la cifra que mencionó el mandatario, que desconoce criterios técnicos en su explicación bajo la cubierta del ajuste por inflación y el espejo retrovisor. Distintas entidades, incluyendo hospitales y clínicas afectados, dan valores mucho menores, incluso contemplando lo correspondiente a las EPS liquidadas.
Es más, la cifra y su aparente explicación fueron luego repetidas por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en una entrevista con W Radio, pero incluso este funcionario dejó ver algunas inconsistencias derivadas de la falta de soporte para esa operación. Allí, dijo que surge de traer a valores constantes, o ajustados por la inflación, las deudas desde el gobierno del expresidente Andrés Pastrana (1998-2002), con lo que se reduce el periodo alegado por el mandatario en al menos cinco años.
Petro se remontó a 1993, el año en el que se expidió la Ley 100 que, con varias reformas, aún rige el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Esta es la que su propuesta en curso en el Congreso busca reemplazar, para lo cual le faltan dos debates en el Senado que deben darse en la actual legislatura.
El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, defendió la cifra de 32,9 billones y aseguró que la entidad realizó un análisis técnico con datos concretos provenientes de 29 promotoras evaluadas. Solo hizo la salvedad de que el dato no es definitivo, ya que Nueva EPS no entregó estados financieros formales sino un valor certificado por contador.
Incluso el más reciente estudio de cartera de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), que son los directamente afectados, calculó que las promotoras les deben unos 15,3 billones de pesos con corte a diciembre de 2024 al sumar entre 226 instituciones prestadoras de salud (IPS) que entregaron datos. De paso, señaló que al sumar lo que les adeudan la Nación y las aseguradoras de accidentes de tránsito, el monto asciende a 20 billones en total, lo que la agremiación calificó como un “nuevo pico”, pero aún muy lejano del que dio Petro.
Por su parte, Ana María Vesga, presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), uno de los gremios que representan a estas entidades, ha dicho que la cifra es menor. “Los estados financieros de las EPS reflejan una deuda de 14 billones, y otros 10 billones que están aún en proceso de auditoría. Estas cifras no incluyen la deuda de la Nueva EPS”, agregó.
Esa promotora, que es mitad de la Nación y está bajo control total del Gobierno por intervención forzosa de la Superintendencia de Salud desde abril de 2024, es la principal deudora en los registros de ACHC. Así que Petro también está cuestionando una deuda en la que su propia administración también tiene responsabilidad, pero distrae con el espejo retrovisor de tres décadas.
Además, como apunta Andrés Vecino, investigador sobre sistemas de salud en la Universidad Johns Hopkins, de Estados Unidos, el presidente no tiene en cuenta que hay EPS que han sido absorbidas por otras en ese rango de tiempo que propone y, por tanto, asimilaron su deuda. “Lo que está haciendo es un conteo doble de los saldos”, explica.
Es el caso de Cruz Blanca y Cafesalud, que fueron adquiridas por Saludcoop en 2002 y 2003, respectivamente. Posteriormente, esta última fue intervenida por el gobierno en el 2011 y finalmente liquidada en el 2015.
El consultor Johnattan García Ruiz, magíster en Salud Pública, desconoce que alguien en el sector proponga un análisis semejante al de Petro. También recuerda que, cuando una promotora entra en liquidación, su persona jurídica se extingue y esas deudas también:
“El presidente engloba todas las deudas de los últimos 30 años, que incluyen entidades que ya no existen, como una deuda actual de las EPS con el Estado y los prestadores. Las de hoy no son responsables de esas obligaciones perdidas”.
Según la ACHC, las EPS liquidadas han dejado deudas de más de 2,3 billones de pesos, igualmente muy por debajo de la cuenta presidencial. Vecino explica que cuando una de estas organizaciones se liquida, se designa un agente que hace un inventario de sus bienes y deudas, recibe las reclamaciones de los acreedores y reconoce las que son válidas, pero muchas se quedan sin pagar.
También hay que recordar que, como señalamos en un explicador sobre la crisis del sistema, el gobierno de Iván Duque promovió un “saneamiento definitivo” a través del llamado Acuerdo de Punto Final para preservar su sostenibilidad financiera. Este consistió en que el Gobierno pondría los recursos para cubrir las deudas hasta 2019 por recobros no cubiertos por la UPC, a más tardar en agosto de 2022, cuando terminó ese mandato y empezó el de Petro.
El presidente criticó esa medida, a la que se refirió como “puntos suspensivos”, en un trino en el que le respondió directamente a la periodista Paola Herrera por disputar su cifra de los 100 billones de pesos en deuda de las EPS. Así, escudó su cálculo infundado de cifras viejas que no encuentran respaldo en ningún informe.
En un auto de seguimiento de 2024, la Corte Constitucional sí encontró que el acuerdo no se cumplió del todo por varias razones. En consecuencia, le ordenó al Gobierno pagar los montos que le adeudaba a las EPS y que quedaron consignados en ese compromiso, con lo que la responsabilidad de nuevo rebota a la administración del actual mandatario.
El profesor Mauricio Tovar Torres, asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, indicó que el Punto Final no contempló los problemas estructurales que generan los endeudamientos y, por tanto, no previno que se repitieran en el futuro. Vecino comentó: “No es que la iniciativa no haya sido útil. Lo fue, pero los problemas volvieron a ocurrir”.
Hasta el momento, Petro sigue sin detallar el sustento de su dato exorbitado, más allá del aprovechamiento del tecnicismo económico del supuesto ajuste por inflación para evadir su responsabilidad en la crisis. El mandatario, por el contrario, desconoce otros criterios técnicos al sacar cuentas con rubros duplicados por fusión de entidades e incluir montos de personas jurídicas liquidadas, por ejemplo.
La senadora Valencia acierta al rechazar las estimaciones del presidente sobre la deuda de las entidades promotoras con las clínicas y hospitales. Al ser consultada por Colombiacheck, la precandidata presidencial opositora se refirió nuevamente al informe de la Contraloría General, que presenta una deuda de 32,9 billones de pesos. También dijo que su declaración se basó en respuestas a derechos de petición que envió a la Superintendencia de Salud.
El mismo gobierno, el día de la alocución de los “100 billones”, concedió la cifra de los 32,9 billones en comunicados del Ministerio de Salud y de Presidencia para centrarse en la discusión de fondo: la insostenibilidad del sistema de salud.
En un comunicado de marzo de este año, la ACHC advirtió que, tras el último estudio de cartera, 226 instituciones clínicas reportaron deudas por 20,3 billones de pesos al cierre del 2024. Un monto que, aunque difiere del que entregó el ente de control, sigue siendo considerablemente menor comparado con el del presidente.
El centro de pensamiento Así Vamos en Salud presentó en junio un análisis financiero y de cartera de las EPS. En este indica que las EPS del régimen contributivo deben 19,8 billones de pesos, y las IPS reportan cuentas por cobrar de 31,7 billones. En el régimen subsidiado, las EPS adeudan 7,7 billones de pesos y las IPS reclaman 10,7 billones.
Así pues, ya que no se encuentra una cifra disponible que se aproxime a la de Petro y que, por el contrario, las que están muestran una realidad distinta sobre el endeudamiento, es verdadero lo que señala la senadora Valencia.