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Cuestionable

Lunes, 05 Octubre 2020

“Apoyando a los más de 13.500 excombatientes y además cambiando sus vidas pero cambiando las con un sentido de propósito legal con garantías de no repetición”

Por Sania Salazar

Este es uno de los chequeos al discurso del Presidente Iván Duque en la versión número 75 de la Asamblea General de la ONU.

Según la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN, a corte de agosto de 2020, las personas en proceso de reincorporación eran 13.125, de los 13.934 exguerrilleros de las Farc que acreditó la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Los reincorporados recibían una asignación única de normalización al inicio del proceso de dos millones de pesos, una renta básica mensual del 90% del salario mínimo y un apoyo económico de 8 millones de pesos por una vez por persona para iniciar un proyecto productivo individual o colectivo.

Si bien la implementación del Acuerdo Final continúa desarrollándose en el actual Gobierno bajo el nombre de Política de paz con legalidad, esta implementación sigue teniendo muchos problemas. Por ejemplo, el asesinato de excombatientes, situación por la que, como ya lo habíamos contado, el Partido Farc le solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, adoptar medidas cautelares a favor de los exguerrilleros de esa organización que han sido amenazados “como consecuencia de un exterminio sistemático en contra de los firmantes del Acuerdo Final de Paz. Evidenciando que el Gobierno Nacional por acción y omisión no ha garantizado las obligaciones contenidas en la Convención Americana sobre D.D.H.H.”, indica la carta enviada a esa organización.

El más reciente informe de la Misión de verificación de la ONU contabiliza en 224 los exguerrilleros asesinados desde que se firmó el Acuerdo de paz con Farc.

Otro de los aspectos de la reincorporación sobre el que ha habido críticas es la financiación de los proyectos productivos. Según la ARN, con corte al 20 de agosto de 2020, solo 4.634 excombatientes se han beneficiado de los proyectos productivos. 

El cuarto informe sobre el estado de la implementación del Acuerdo Final del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, que comprende diciembre de 2018 a noviembre de 2019, afirma que “persisten algunas dificultades relacionadas con el acceso a tierras, la sostenibilidad de estos proyectos y el apoyo a las formas asociativas de los y las excombatientes”. Dicho informe resalta que el acceso a la tierra es importante para la reincorporación económica dado que la mayoría de los proyectos productivos son de vocación agrícola y asegura que la mayoría de los excombatientes continúan viviendo y desarrollando sus proyectos productivos en predios arrendados, lo cual afecta su sostenibilidad.

En el trabajo “En Caldas la fuerza de los proyectos productivos de Farc la ponen los exguerrilleros”, Colombiacheck evidenció este problema, pues varios de los reincorporados con los que habló en ese departamento han conseguido tierras para sembrar sus proyectos productivos pagándola con parte de la asignación mensual que reciben para su manutención. Otro grupo tiene un estanque donde producen tilapia gracias a que un resguardo indígena les cedió en comodato. Pero 28 de los 48 desmovilizados en el proceso de paz con las Farc que permanecen en Caldas seguían esperando (a 29 de febrero de este años) la aprobación de sus proyectos productivos.

Colombiacheck califica la frase como cuestionable porque si bien la cifra de Duque es aproximada, desconoce el contexto de asesinato de excombatientes y otros inconvenientes de la implementación del Acuerdo Final como las demoras en la aprobación de los proyectos productivos, pilar de la reincorporación económica de los exguerrilleros.

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Martes, 21 Febrero 2017

Cristo echa mano del pacto de La Habana para sustentar su reforma política

Por Óscar Felipe Agudelo B.

Aunque no es exacto decir que la reforma política que presentó Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, es un mandato del Acuerdo Final pactado en La Habana con las Farc, una interpretación laxa del punto dos permite sostener ese argumento.

Luego de múltiples acusaciones, retractaciones y opiniones respecto a uno de los mayores escándalos de corrupción en el continente: el caso Odebrecht, Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, dio a conocer a los medios de comunicación varias propuestas para una eventual reforma política.

Los planteamientos de Cristo, en buena medida, lograron un viraje del discurso público y que la opinión pública dejara de hablar de los sobornos de Odebrecht que han salpicado a las campañas por la presidencia de Colombia en 2014, tanto la de su jefe político, el presidente Juan Manuel Santos, como la de su mayor contendor, Óscar Iván Zuluaga del Centro Democrático.

Varios de los miembros del Centro Democrático, partido de oposición, señalaron que las propuestas de Cristo eran cortinas de humo para tapar el escándalo que tocó las fibras del presidente.

 

 

Anticipando las críticas, el Ministro Cristo dijo que la reforma se basa en un mandato del Acuerdo Final de La Habana que quedó explícito en el punto dos de participación política el cual “plantea que hay que reformar el sistema político colombiano”. Colombiacheck no encontró una referencia literal en el Acuerdo Final pero sí halló un párrafo que permite sustentar su tesis, por eso califica su afirmación como aproximada.

Y aunque no podemos determinar la intención del Ministro al hacer tan importante y polémico anuncio, por la complejidad de sus planteamientos es indiscutible que abrió otro frente de debate en el discurso público colombiano sobre cómo debería ser la próxima reforma política.

 

¿Cuestión de maquillaje?

Cristo propuso eliminar la figura del vicepresidente, permitir que el voto electoral sea desde los 16 años y obligatorio, ampliar a un año más el periodo presidencial (eliminando la reelección), listas cerradas al Congreso, volver a a la figura de la Constitución de 1886 del designado por el Congreso de la República, que el Estado se ocupe de financiar las campañas electorales, entre otras iniciativas.

El principal argumento que dio Cristo para lanzar su propuesta fue que el punto dos del Acuerdo Final negociado en La Habana, el de la participación política, “plantea que hay que reformar el sistema político colombiano”, una tesis que respaldó al enfatizar que “el proceso de paz no puede servir única y exclusivamente en materia política para crear el partido de las Farc o financiarlo. Tenemos que ser conscientes que hay que ir más allá".

 

 

Colombiacheck buscó al Ministro del Interior para conocer en qué parte del punto dos del Acuerdo Final se plantea una reforma al sistema político colombiano y una de sus voceras nos indicó que lo argumentado por él lo podíamos encontrar en las páginas 36, 37 y 38 del texto negociado en La Habana.

Este medio buscó en dichas páginas y no encontró ningún párrafo que de forma literal indique que el sistema político colombiano debe ser reformado. Es más, Colombiacheck buscó la palabra “reforma” en todo el texto del Acuerdo Final y dicha palabra (sumando reforma y reformas) solo aparece una vez en el punto dos. Está en la página 53 bajo el título: “Reforma del régimen y de la organización electoral”.

Por lo demás, la palabra “reforma” está 65 veces en el Acuerdo Final pero en cuanto al punto dos solo aparece una vez, lo que representa un 1.5% del número de veces que la palabra se registra en el acuerdo.

Apariciones de la palabra "reforma" por cada punto del Acuerdo de Paz

¿Por qué sustenta Cristo que su reforma política viene de La Habana?

Es evidente que el punto dos del Acuerdo Final no plantea explícitamente “que hay que reformar el sistema político colombiano”, sin embargo, hay un párrafo que le sirve de salvavidas al Ministro y que aparece en unas de las páginas que refirió su vocera, la número 37.

“Para cumplir con todo lo anterior, se harán las revisiones y los ajustes institucionales necesarios que conduzcan a una plena participación política y ciudadana de todos los sectores políticos y sociales, y de esa manera, hacer frente a los retos de la construcción de la paz”.

Vale la pena acotar que “todo lo anterior” se refiere a un conjunto de consideraciones e ideas que el Gobierno y las Farc acordaron sobre materia de participación política y apertura democrática en las páginas 35 y 36.

En síntesis, el texto no es específico en cuanto a que es imperioso hacer una reforma política pero sí exhorta a hacer revisiones y ajustes institucionales para una plena participación política. Además, el punto dos dio los primeros pasos de una reforma política porque aborda temas como el estatuto de garantías para la oposición, garantías de seguridad, una participación ciudadana en los medios comunitarios y demás, una promoción del pluralismo político, control y veeduría ciudadana, reforma al régimen de organización electoral, entre varios temas.