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Falso

Miércoles, 25 Noviembre 2020

Las Farc sí se desmovilizaron y no hay pruebas de que tienen un brazo político y otro armado

Por Sania Salazar

Margarita Restrepo aseguró que el grupo guerrillero nunca se desmovilizó, pero esto no es cierto. La existencia de disidencias, que no están de acuerdo con el grupo que se desmoviliza, es común en estos procesos.

La Representante a la Cámara por el Centro Democrático, Margarita Restrepo, aseguró en su cuenta de Twitter que “las Farc nunca se desmovilizaron. Una parte de esa banda delincuencial hizo la pantomima de una desmovilización, mientras que otro sector, el que ejerce control del narcotráfico, continuó en la ilegalidad con lo que pudieron configurar una perfecta combinación de formas de lucha”.

Colombiacheck califica la afirmación como falsa, pues hasta ahora no hay pruebas de que el grueso de los desmovilizados tengan relación con las disidencias. Por el contrario, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN, certifica que la gran mayoría de los reincorporados continúan en el proceso. Además, los autodenominados firmantes de la paz han denunciado constantemente que los están matando y, para pedir protección, marcharon a finales de octubre desde varias zonas del país hasta Bogotá. Por último la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, no tiene abierto ningún incidente de incumplimiento contra Carlos Antonio Lozada, senador del Partido Farc, a quien Restrepo acusa de mantener vínculos con las disidencias.

En la oficina de prensa de Restrepo le dijeron a Colombiacheck que la congresista basó su afirmación en que los miembros de la disidencia encabezada por Iván Márquez, autodenominada “La Segunda Marquetalia”, simularon firmar el Acuerdo Final para luego rearmarse y continuar con el negocio del narcotráfico. “A lo que se refiere con ‘todas las formas de lucha’ es a que hoy tienen un brazo político en el Congreso y un brazo armado”, aseguraron. Indicaron, además, que una de las pruebas es una carta de Romaña, fechada en diciembre de 2019, en la que asegura seguir manteniendo contacto con Lozada.

Hay que recordar que una misión de verificación de las Naciones Unidas, ONU, certificó el desarme de las Farc en 2017, mientras que el surgimiento de disidencias (en este caso, de exintegrantes de  Farc que decidieron formar nuevos grupos armados) es común en procesos de desarme, lo que se ha observado en experiencias internacionales, como lo explica la Fundación Ideas para la Paz, FIP, en el informe titulado “Trayectorias y dinámicas territoriales de las disidencias de las FARC”, publicado en 2018.

“Su aparición es común ya que todos los ejércitos irregulares están conformados por personas con identidades, costumbres e intereses diferentes, que los hacen susceptibles de divisiones. La evidencia, además, demuestra que las disidencias tienden a surgir más durante negociaciones de paz, lo que genera un quiebre en los objetivos organizacionales y provoca desconfianza, rechazo, incertidumbre e inconformismo, y que en su aparición y evolución influyen factores organizacionales y del entorno, no solo de tipo económico sino también geográfico, político, social”, explica el informe.

Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, calcula que entre el 12 y el 15% de los miembros de las antiguas Farc volvieron a las armas o nunca estuvieron en el proceso de paz y asegura que ahora las disidencias están divididas en 28 grupos.

“Tanto para la opinión pública nacional como para las mismas Farc-EP, la conformación de las disidencias responde a meros intereses económicos y codiciosos de sus integrantes (ligados, principalmente, al negocio del narcotráfico). Sin embargo, la realidad es que existen importantes diferencias entre ellas y debemos entenderlas caso a caso. Si bien es cierto que todas se encuentran vinculadas a rentas ilegales, algunas esgrimen razones ideológicas de fondo para justificar su continuación en la confrontación armada, mientras otras carecen totalmente de ellas. Esta situación mostraría que tanto radicales comprometidos con la causa revolucionaria armada como oportunistas se han alejado de la organización y el partido político de la guerrilla, el encontrar en las disidencias tanto capital ideacional como administrativo que satisface sus demandas. Esta oferta, sin duda alguna, puede ser atractiva en el corto-mediano plazo para miembros del partido Farc descontentos con su situación actual”, se explica en el libro Excombatientes y acuerdo de paz con las FARC-EP en Colombia. Balance de la etapa temprana, publicado en 2019.

Según la ARN, a septiembre de 2020 de las 13.936 personas acreditadas por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz como excombatientes de Farc, 13.090 seguían en el proceso de reincorporación, cifras que muestran que la mayoría de los exguerrilleros siguen comprometidos con la paz.

No se puede olvidar luego de la desmovilización de los guerrilleros, producto del Acuerdo Final, 243 de ellos han sido asesinados, según el Partido Farc. Debido a que los asesinatos no paran, los excombatientes realizaron una marcha en octubre pasado desde diversas zonas del país que llegó a Bogotá para solicitarle al presidente Iván Duque protección y celeridad en el proceso de reincorporación, pues como lo hemos contado en Colombiacheck, los reincorporados necesitan tierras para cultivar y apoyo para emprender los proyectos productivos.

Precisamente para tratar de parar los asesinatos el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Farc, que conformaron los exguerrilleros tras su desmovilización, le solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, adoptar medidas cautelares a favor de los exguerrilleros de esa organización.

Finalmente, hasta ahora la JEP no le ha abierto a Lozada ningún incidente de incumplimiento del régimen de condicionalidad de esa jurisdicción, como nos lo confirmaron en la entidad. Es decir, hasta ahora no hay pruebas de que él haya faltado a sus compromisos con la JEP. También hay que recordar que le corresponde a la justicia ordinaria investigar y judicializar cualquier delito que puedan cometer los exguerrilleros después de la firma del Acuerdo Final.

Si bien no tenemos cómo comprobar que ninguno de los exguerrilleros de Farc tiene nexos con las disidencias, tampoco hay pruebas, hasta ahora, de que el grueso de los reincorporados tenga nexos con las disidencias, como lo asegura Restrepo.

Ariel Ávila entrevistó hace poco a alias “Jonnier”, tercero al mando de la disidencia liderada por Gentil Duarte e Iván Mordisco, quien aseguró que los firmantes de la paz traicionaron el espíritu revolucionario de las Farc. Además, dijo que lo que hicieron los excomandantes fue desarmar a los guerrilleros para entregarlos y luego dejarlos abandonados, lo que deja ver un claro distanciamiento del ahora Partido Farc. 

Hay que aclarar que la comunidad internacional ha apoyado la implementación del acuerdo debido a los avances que han corroborado en terreno, han donado dinero gracias al cual se han impulsado varios proyectos productivos y han resaltado, precisamente, el éxito de la dejación de armas y de la reincorporación. 

“Pocos procesos de paz tienen tanto éxito en las partes claves de la entrega de armas y la reincorporación de combatientes. En la mayoría ni siquiera se llega al 50%, y aquí hubo este éxito rápido”, le dijo Gautier Mignot, el saliente embajador de Francia en Colombia, a El Espectador antes de dejar el cargo los primeros días de noviembre de este año.

Por lo tanto, calificamos la afirmación de Restrepo de que las Farc nunca se desmovilizaron y ahora tienen un brazo armado y otro político como falsa.

 

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Martes, 07 Julio 2020

No se han reparado víctimas de Farc con dineros de esa organización, pero hay varias explicaciones

Por Sania Salazar

Ha habido dificultades para convertir en dinero los bienes entregados por Farc, pero también problemas administrativos para crear los mecanismos mediante los cuales se administrarán los bienes y el dinero.

Durante un debate de control político a la implementación del Acuerdo Final, María del Rosario Guerra, senadora del Centro Democrático, aseguró que después de tres años de la firma de dicho acuerdo ni una sola víctima de ese grupo guerrillero ha sido reparada con los recursos de Farc. También aseguró que se han monetizado solo 3.842 millones de pesos de los bienes entregados por Farc.

Colombiacheck califica esta afirmación como “verdadera, pero” porque, aunque es cierto que no se ha reparado a ninguna víctima hasta ahora con ese dinero, esto se debe a múltiples razones que incluyen dificultades administrativas y para convertir en dinero los bienes entregados por esa organización, contexto que no mencionó la senadora.

En su equipo de prensa le dijeron a Colombiacheck que la fuente de la información era la Sociedad de Activos Especiales, SAE, entidad que explicó que el artículo tercero del Decreto Ley 903 de 2017 determina la constitución de un patrimonio autónomo para canalizar los bienes entregados por FARC, cuya función es ser el receptor de todos los bienes y recursos patrimoniales monetizados y no monetizados inventariados yentregados por FARC y cuya finalidad es la reparación de las víctimas.

“A la fecha aún no se cuenta con el patrimonio autónomo, razón por la cual no se ha reparado a las víctimas del conflicto armado. No obstante, la SAE ha adelantado dos procesos de selección, por licitación pública y selección abreviada, para celebrar el respectivo contrato de fiducia que dé origen al patrimonio autónomo, pero se han declarado desiertos”, aclaró la entidad.

Sobre el asunto la SAE concluyó que una vez se cuente con dicho patrimonio autónomo su beneficiario será la Unidad para las Víctimas que en el marco de la política pública de reparación dará instrucciones para los pagos a las víctimas, indica el comunicado que esta entidad le envió a Colombiacheck.

La SAE también aclaró que en una respuesta a un oficio de septiembre de 2019 reportó que “había recibido bienes por parte de FARC que se han monetizado por un valor total de $3.694.691.324,95, suma que había generado rendimientos financieros con corte al 31 de agosto de 2019 por un valor de $147.426.116, con lo cual la SAE tenía para esa fecha bajo su custodia $3.842.117.441”.

La entidad explicó las dificultades para monetizar los bienes entregados por Farc: la información del inventario entregado por la organización no especifica unidades de medida, la ubicación de los bienes es incompleta o nula y no está estandarizada en bloques y frentes. Falta de enlaces designados por Farc en territorio que cuenten con información puntual de los bienes reportados en el inventario. Farc no conoce la ubicación de los propietarios de los bienes sujetos a registro, los cuales requieren de su aprobación y entrega voluntaria para realizar la entrega material. Problemas de orden público dificultan el acceso a los bienes.

En su defensa Farc ha insistido en que no están en capacidad de garantizar la custodia de los bienes porque ya no están en los territorios, en que la presencia de otros actores armados en los territorios dificulta el proceso y en que “el Gobierno no recibe las vías que se hicieron, los centros de salud, las escuelas y, de igual manera, lo que se reportó como las acciones de brigadas de salud que fueron gastos que generó la guerra”, como le dijo Pastor Alape a El Espectador.

El pasado 2 de julio la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas anunció que el Partido Farc se comprometió a entregar a esa entidad 30.000 millones de pesos, en dos meses 3.000 millones y 27.000 millones al finalizar la vigencia, explicaron.

“Esto corresponde al llamado que siempre se ha hecho desde las entidades, que se necesitan recursos no solamente del presupuesto general de la Nación, sino también de los victimarios. Aquí se van a utilizar estos recursos que van dirigidos principalmente a la Reparación Colectiva”, explicó  Ramón Rodríguez, director de la Unidad.

En un chequeo publicado en octubre del año pasado explicamos que en casos como este es el Estado el encargado de reparar a las víctimas. En ese artículo Sergio Ruano, investigador de Dejusticia, explicó que en los procesos de justicia transicional usualmente el Estado es el encargado de administrar fondos especiales de reparación de víctimas, que funcionan como fiducias. “En el caso de procesos transicionales en otros países con los bienes que se entregan, por ejemplo, de negocios ilegales en el actuar armado, se crea un fondo especial con el que se pagan los procesos de reparación”, precisó Ruano, quien además indicó que el Estado pone el dinero que pueda quedar faltando para lograr una reparación integral.