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Miércoles, 25 Noviembre 2020

Las Farc sí se desmovilizaron y no hay pruebas de que tienen un brazo político y otro armado

Por Sania Salazar

Margarita Restrepo aseguró que el grupo guerrillero nunca se desmovilizó, pero esto no es cierto. La existencia de disidencias, que no están de acuerdo con el grupo que se desmoviliza, es común en estos procesos.

La Representante a la Cámara por el Centro Democrático, Margarita Restrepo, aseguró en su cuenta de Twitter que “las Farc nunca se desmovilizaron. Una parte de esa banda delincuencial hizo la pantomima de una desmovilización, mientras que otro sector, el que ejerce control del narcotráfico, continuó en la ilegalidad con lo que pudieron configurar una perfecta combinación de formas de lucha”.

Colombiacheck califica la afirmación como falsa, pues hasta ahora no hay pruebas de que el grueso de los desmovilizados tengan relación con las disidencias. Por el contrario, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN, certifica que la gran mayoría de los reincorporados continúan en el proceso. Además, los autodenominados firmantes de la paz han denunciado constantemente que los están matando y, para pedir protección, marcharon a finales de octubre desde varias zonas del país hasta Bogotá. Por último la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, no tiene abierto ningún incidente de incumplimiento contra Carlos Antonio Lozada, senador del Partido Farc, a quien Restrepo acusa de mantener vínculos con las disidencias.

En la oficina de prensa de Restrepo le dijeron a Colombiacheck que la congresista basó su afirmación en que los miembros de la disidencia encabezada por Iván Márquez, autodenominada “La Segunda Marquetalia”, simularon firmar el Acuerdo Final para luego rearmarse y continuar con el negocio del narcotráfico. “A lo que se refiere con ‘todas las formas de lucha’ es a que hoy tienen un brazo político en el Congreso y un brazo armado”, aseguraron. Indicaron, además, que una de las pruebas es una carta de Romaña, fechada en diciembre de 2019, en la que asegura seguir manteniendo contacto con Lozada.

Hay que recordar que una misión de verificación de las Naciones Unidas, ONU, certificó el desarme de las Farc en 2017, mientras que el surgimiento de disidencias (en este caso, de exintegrantes de  Farc que decidieron formar nuevos grupos armados) es común en procesos de desarme, lo que se ha observado en experiencias internacionales, como lo explica la Fundación Ideas para la Paz, FIP, en el informe titulado “Trayectorias y dinámicas territoriales de las disidencias de las FARC”, publicado en 2018.

“Su aparición es común ya que todos los ejércitos irregulares están conformados por personas con identidades, costumbres e intereses diferentes, que los hacen susceptibles de divisiones. La evidencia, además, demuestra que las disidencias tienden a surgir más durante negociaciones de paz, lo que genera un quiebre en los objetivos organizacionales y provoca desconfianza, rechazo, incertidumbre e inconformismo, y que en su aparición y evolución influyen factores organizacionales y del entorno, no solo de tipo económico sino también geográfico, político, social”, explica el informe.

Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, calcula que entre el 12 y el 15% de los miembros de las antiguas Farc volvieron a las armas o nunca estuvieron en el proceso de paz y asegura que ahora las disidencias están divididas en 28 grupos.

“Tanto para la opinión pública nacional como para las mismas Farc-EP, la conformación de las disidencias responde a meros intereses económicos y codiciosos de sus integrantes (ligados, principalmente, al negocio del narcotráfico). Sin embargo, la realidad es que existen importantes diferencias entre ellas y debemos entenderlas caso a caso. Si bien es cierto que todas se encuentran vinculadas a rentas ilegales, algunas esgrimen razones ideológicas de fondo para justificar su continuación en la confrontación armada, mientras otras carecen totalmente de ellas. Esta situación mostraría que tanto radicales comprometidos con la causa revolucionaria armada como oportunistas se han alejado de la organización y el partido político de la guerrilla, el encontrar en las disidencias tanto capital ideacional como administrativo que satisface sus demandas. Esta oferta, sin duda alguna, puede ser atractiva en el corto-mediano plazo para miembros del partido Farc descontentos con su situación actual”, se explica en el libro Excombatientes y acuerdo de paz con las FARC-EP en Colombia. Balance de la etapa temprana, publicado en 2019.

Según la ARN, a septiembre de 2020 de las 13.936 personas acreditadas por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz como excombatientes de Farc, 13.090 seguían en el proceso de reincorporación, cifras que muestran que la mayoría de los exguerrilleros siguen comprometidos con la paz.

No se puede olvidar luego de la desmovilización de los guerrilleros, producto del Acuerdo Final, 243 de ellos han sido asesinados, según el Partido Farc. Debido a que los asesinatos no paran, los excombatientes realizaron una marcha en octubre pasado desde diversas zonas del país que llegó a Bogotá para solicitarle al presidente Iván Duque protección y celeridad en el proceso de reincorporación, pues como lo hemos contado en Colombiacheck, los reincorporados necesitan tierras para cultivar y apoyo para emprender los proyectos productivos.

Precisamente para tratar de parar los asesinatos el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Farc, que conformaron los exguerrilleros tras su desmovilización, le solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, adoptar medidas cautelares a favor de los exguerrilleros de esa organización.

Finalmente, hasta ahora la JEP no le ha abierto a Lozada ningún incidente de incumplimiento del régimen de condicionalidad de esa jurisdicción, como nos lo confirmaron en la entidad. Es decir, hasta ahora no hay pruebas de que él haya faltado a sus compromisos con la JEP. También hay que recordar que le corresponde a la justicia ordinaria investigar y judicializar cualquier delito que puedan cometer los exguerrilleros después de la firma del Acuerdo Final.

Si bien no tenemos cómo comprobar que ninguno de los exguerrilleros de Farc tiene nexos con las disidencias, tampoco hay pruebas, hasta ahora, de que el grueso de los reincorporados tenga nexos con las disidencias, como lo asegura Restrepo.

Ariel Ávila entrevistó hace poco a alias “Jonnier”, tercero al mando de la disidencia liderada por Gentil Duarte e Iván Mordisco, quien aseguró que los firmantes de la paz traicionaron el espíritu revolucionario de las Farc. Además, dijo que lo que hicieron los excomandantes fue desarmar a los guerrilleros para entregarlos y luego dejarlos abandonados, lo que deja ver un claro distanciamiento del ahora Partido Farc. 

Hay que aclarar que la comunidad internacional ha apoyado la implementación del acuerdo debido a los avances que han corroborado en terreno, han donado dinero gracias al cual se han impulsado varios proyectos productivos y han resaltado, precisamente, el éxito de la dejación de armas y de la reincorporación. 

“Pocos procesos de paz tienen tanto éxito en las partes claves de la entrega de armas y la reincorporación de combatientes. En la mayoría ni siquiera se llega al 50%, y aquí hubo este éxito rápido”, le dijo Gautier Mignot, el saliente embajador de Francia en Colombia, a El Espectador antes de dejar el cargo los primeros días de noviembre de este año.

Por lo tanto, calificamos la afirmación de Restrepo de que las Farc nunca se desmovilizaron y ahora tienen un brazo armado y otro político como falsa.

 

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Lunes, 16 Septiembre 2019

Paloma Valencia también dijo que disidencias de Farc son principales asesinos de líderes sociales

Por Sania Salazar

En Colombiacheck ya habíamos revisado una afirmación similar. Revisamos cifras actualizadas y las conclusiones son las mismas, en la mayoría de los casos se desconocen los autores y las disidencias están entre los victimarios, pero no son los principales.

La senadora Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, aseguró en una entrevista con Jaime Bayly, que “el primer asesino de los líderes sociales son las disidencias de las Farc; eso sumado al narcotráfico y a la minería ilegal”.

En enero de 2019 Colombiacheck revisó una frase similar de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez que calificamos como falsa, pues tanto las cifras oficiales como las extraoficiales sobre los asesinatos de líderes sociales concuerdan en que en buena parte de los casos no se ha podido establecer la identidad de los responsables, además las disidencias no aparecen como las mayores responsables de la autoría material ni intelectual de esos crímenes, según las fuentes que consultamos. 

El equipo de prensa de Valencia le dijo a Colombiacheck que la información está basada en artículos de prensa, en derechos de petición y en una investigación realizada al interior de la oficina de la senadora. Documentos e investigación que son reservados, resaltaron.

A raíz de que Valencia repitió la idea, hicimos una nueva búsqueda de datos actualizados a 2019 y encontramos que la mayoría de información al respecto tiene datos de 2018 o se refieren a los asesinatos que se han registrado desde 2016, cuando se firmó el Acuerdo Final entre el Gobierno y la exguerrilla de las Farc. Pero, en todo caso, la información es falsa.

En un comunicado de prensa fechado el 20 de agosto de 2019, la Fiscalía General de la Nación presenta un balance de la generalidad de los casos de asesinatos de líderes sociales en el que incluye una tabla en la que las organizaciones criminales con mayor responsabilidad son “Organización criminal tipo C” (que son definidos por la Fiscalía como "Grupos de Delincuencia Común Organizada"), el “Clan del Golfo” (que es el mismo grupo antes conocido como "Los Urabeños" o el "Clan Úsuga") y los “Gaor”. Este último se refiere a "Grupos Armados Organizados Residuales", que es el nombre con el que el gobierno identifica a las disidencias de las Farc. El rubro “FARC” está en el quinto puesto. Entre Gaor y FARC, suman el 12,99 por ciento de los hechos reportados. Es decir que en la mayoría de los casos no fueron los responsables.

[ACTUALIZACIÓN 23/9/2019: Editamos el párrafo anterior para dar más claridad sobre los grupos mencionados].

Cuadro Fiscalía


La Fundación Paz y Reconciliación, Pares, ha registrado 70 asesinatos de líderes sociales entre enero y septiembre de 2019, en 62 de los casos no está identificado el “autor o estructura” responsable del hecho, en tres se responsabiliza al “Clan del Golfo”, en dos a los “Caparrapos”, en otros dos al “ELN” y en uno a un “grupo armado Postfarc”.

El informe “¿Cuáles son los patrones? Asesinato de líderes sociales en el post Acuerdo”, publicado en febrero de 2019, coincide con otros análisis en que en buena parte de los casos se desconoce el autor. “Del total de los homicidios y desapariciones forzadas registradas se encuentra que, de los 257 casos registrados desde la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las FARC-EP, en 118 casos (45,91%) se desconoce la autoría; mientras que en otros 35 (el 13,61%) –por las características de los homicidios– es posible determinar que se trata de un grupo armado, aunque se desconoce cuál es”.

El informe señala que solo en 106 casos de violaciones al derecho a la vida (41,24%) se presume el autor y que de estos, 44 se atribuyen a grupos paramilitares (17,12%). “Dentro de los ejecutores materiales de estos asesinatos se encuentran miembros de grupos locales considerados como de delincuencia organizada presumiblemente al servicio o con vínculos con organizaciones de alcance nacional, involucrados en tres de ellos”, indica el informe, que además señala que los casos atribuidos a  grupos conformados por desertores o disidentes de las FARC-EP fueron 19 (7,39%).

Aquí hay que anotar que este informe, como lo aclaran sus autores al comienzo del texto, está construido con base en registros e información aportada por las organizaciones participantes, pues como ya lo habíamos explicado en el chequeo realizado a la Vicepresidenta, no hay uniformidad en las cifras de estos delitos debido a las diferencias metodológicas de las organizaciones que hacen seguimiento y análisis de estos crímenes.

¿Y el narcotráfico y la minería ilegal?

“Algunas personas y familias pertenecientes a determinados sectores del poder político y económico que históricamente han transitado entre legalidad e ilegalidad y que sienten amenazada su posición privilegiada, y por eso acuden a los grupos armados para, mediante actos criminales, mantener esa posición”, le dijo Camilo Bonilla, coordinador del Área de Investigación de la Comisión Colombiana de Juristas, a El Espectador cuando le preguntan quiénes se oponen a los nuevos actores sociales y políticos al punto de querer asesinarlos.

En esa teoría coincide con Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, quien aseguró en el programa Semana en Vivo en mayo pasado que hay gente en las regiones contratando sicarios para asesinar líderes sociales.

“Los actores armados son uno de los eslabones en esto, pero no es el único eslabón en el territorio, ¿quién manda a matar a los reclamantes de tierra en el Urabá? Pues los despojadores. . . uno no puede decir que donde hay actores armados ilegales hay un plan de exterminio, entonces, ¿qué pasa en el resto del país donde no hay esa presencia?”, pregunta Ávila, quien indicó que desde el perfil de la víctima hay una sistematicidad clara. “El 68% de las víctimas están agrupados en: líderes comunales que se oponen a economías ilegales, reclamantes de tierra o de verdad que quieren participar en política y los líderes que defienden el medio ambiente”.