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Cuestionable

Jueves, 21 Mayo 2020

Uribe Noguera redime una parte de su pena en trabajo, no recibió ‘rebaja’

Por José Felipe Sarmiento

Aunque, en la práctica, esto sí reduce el tiempo que el feminicida y violador pasaría en prisión, la representante Adriana Matiz confundió el efecto legal sobre la pena a la que fue condenado.

En la plenaria virtual de la Cámara de Representantes, cuando se debatía el proyecto de acto legislativo que pretende introducir la posibilidad de que los asesinos y violadores de menores de edad sean condenados a cadena perpetua, la congresista conservadora Adriana Matiz Vargas dijo que “ya empezaron a otorgarse las rebajas [de pena] al señor Rafael Uribe Noguera [...] porque tiene derecho, por supuesto, por esa resocialización por trabajo y estudio”.

La parlamentaria sustentó su afirmación en un oficio de un juzgado que le reconoce dos meses, un día y 12 horas “por concepto de redención de la pena por trabajo y estudio” al feminicida y pederasta que paga, en la cárcel de Valledupar, su condena a 58 años de prisión por secuestrar, violar y asesinar a la niña Yuliana Samboní en 2016.

Luego de que esta parte de la intervención de Matiz llegó a los titulares de medios y a las redes sociales ese día, el sábado 16 de mayo, Colombiacheck la revisó por petición de un usuario de Twitter. La calificación es ‘cuestionable’ porque la comunicación judicial es verídica y es cierto que Uribe tiene ese derecho como cualquier condenado, pero el efecto legal no es una “rebaja” en la pena, como lo describió la legisladora, aunque la consecuencia práctica sí sea que el confeso criminal pase menos tiempo en la cárcel.

Lo que la congresista quería demostrar es que “existen prohibiciones expresas para otorgar beneficios a los autores o partícipes de delitos que atenten contra nuestros niños, niñas y adolescentes, pero esto no implica que las penas se cumplan en su totalidad”. La razón que dio, con base en el caso de Uribe Noguera, es que “esas prohibiciones no afectan, ni pueden afectar, las rebajas otorgadas por aspectos relacionados con la resocialización”, es decir el estudio, el trabajo y la enseñanza (le faltó mencionar la tercera).

De esta forma, Matiz defendió la iniciativa de reforma constitucional, de la que es autora y ponente. Dijo que el objetivo del cambio propuesto es que “esas personas efectivamente estén en prisión esos 25 años [el plazo que pone el proyecto para que se revise la condena a cadena perpetua] y que se haga un verdadero proceso de resocialización”.

Colombiacheck le preguntó a la unidad de trabajo legislativo de la representante sobre la base legal de esas afirmaciones y le pidió copia del oficio que leyó en la sesión. Hasta el momento de la publicación de esta nota, no ha llegado la respuesta.

El problema es que la parlamentaria confunde dos conceptos que son diferentes: la rebaja y la redención de la pena.

La penalista Diana Muñoz Castellanos recuerda que Uribe Noguera no tuvo ningún beneficio judicial. El Código Penal establece que a nadie en Colombia se le pueden dar más de 60 años de cárcel. Si el asesino de Yuliana Samboní recibió dos menos, fue porque no tenía antecedentes penales y la ley obliga a que los jueces tomen en cuenta ese y otros atenuantes, además de los agravantes, para dosificar las penas.

Esto es distinto a las rebajas que, de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal, puede ofrecer la Fiscalía a cambio de la aceptación de cargos o en preacuerdos o negociaciones con los imputados o acusados. Esto está prohibido por el Artículo 199 del Código de Infancia y Adolescencia cuando se trata de “homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, o secuestro, cometidos contra niños, niñas y adolescentes”.

Por eso, Uribe no se benefició de haber aceptado los tres cargos en su contra. Además, el mismo artículo citado impide que más adelante acceda, por ejemplo, a la casa por cárcel o la libertad condicional al cumplir requisitos que sí se lo permitirían a los condenados por otro tipo de conductas.

Muy diferente es la redención a la que se refiere el oficio que el Juzgado 3 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar le envió al establecimiento de reclusión de esa ciudad. Esta figura es un derecho reconocido por el Código Penitenciario y Carcelario desde 2014. Esta definición dejó a la redención por fuera de la prohibición para los responsables de delitos contra la infancia como los que cometió Uribe Noguera.

Así lo determinó la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en 2015, al resolver una tutela a favor de Edward Zúñiga Quinayas, condenado por tentativa de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, para que pudiera redimir unas horas de estudio que le habían negado. La Corte Constitucional confirmó esa decisión en la sentencia T-718 de ese mismo año.

Los tribunales consideraron el principio de que cualquier norma se debe interpretar de la manera que más favorezca al ciudadano, en este caso el preso. En ese sentido, argumentaron que las actividades de redención son fundamentales para la resocialización y, en consecuencia, para la esperanza que deben tener los presos de recuperar su derecho a la libertad. De acuerdo con los pronunciamientos, la reclusión se convertiría en un acto cruel, inhumano y degradante prohibido por la Constitución si no existiera esa posibilidad.

En la sentencia de la Corte Suprema se lee lo siguiente:

Los niños, las niñas y sus familias, no tienen derecho a que sometan a tratos crueles, inhumanos y degradantes a las personas que puedan abusar de ellos o ellas. Su principal y primordial derecho es que las personas no abusen de ellos y ellas. Un estado social y democrático de derecho no confiere al Estado o a las víctimas el derecho a que se someta a tratos crueles, inhumanos y degradantes a las personas que delinquen. Confiere, ante todo, el derecho a que tal situación no ocurra. Ese es el cometido básico de un Estado comprometido a garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales.

Esto se basa en la idea de que una persona no pierde su dignidad humana por el hecho de haber cometido un delito. Ese es el punto de partida del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos para decir, en su Artículo 10, que el fin de los regímenes penitenciarios debe ser “la reforma y la readaptación social”. La providencia de la Corte Constitucional recuerda que Colombia se rige por este tratado, que ratificó en 1969, y que esto se ha reflejado tanto en los códigos vigentes en el país como en abundante jurisprudencia.

De modo que la redención, a diferencia de las rebajas de pena, no es un beneficio que se le da a unos cuantos en circunstancias particulares. Al contrario, les aplica por igual a todas las personas que hayan sido condenadas a estar en prisión por cualquier delito. “No se le puede negar a nadie”, enfatiza Muñoz.

La abogada explica que “redimir no quiere decir que le rebajen la pena, porque ya se la impusieron, o sea que ya está en firme”. Lo que se hace, entonces, es una especie negocio donde la moneda es el tiempo. Se dedican, como máximo, ocho horas diarias al trabajo, seis al estudio o cuatro a la enseñanza a cambio de que cada dos de esas jornadas valgan por un día de los que le faltan a la persona para salir de prisión. Todos los términos y condiciones, que incluyen la exigencia de buena conducta, están en el Código Penitenciario.

Lo normal, según Muñoz, es que los internos rediman sus horas de a pocos, no todas al tiempo. De hecho, el oficio citado por la representante Matiz tampoco es el único que ha tramitado Uribe Noguera. En el registro del juzgado de Valledupar aparecen cuatro autos de redención a su favor con fechas del 25 de enero, 11 de marzo y 18 de julio de 2019 y 20 de enero de 2020. El que coincide con los tiempos que leyó la congresista es el tercero. Entre todos, suman seis meses y 12 días.

No aparece ninguna redención adicional a su favor en el archivo del Juzgado 15 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, donde estuvo su caso en los primeros meses de reclusión después de que la condena quedó en firme en noviembre de 2017 y hasta su traslado a la capital del Cesar en febrero de 2018. 

Es decir que la pena del pederasta sigue siendo de 58 años de cárcel. Lo que pasa es que, si no volviera a redimir nada, la cumpliría con 57 años y medio de prisión efectiva más el semestre que tiene acumulado por trabajo y estudio.

En resumen, la representante Matiz presentó solo uno de los oficios y, sobre todo, confundió este derecho a la redención con una rebaja que, por el contrario, es uno de los beneficios a los que él no puede acceder, de los que la misma congresista habló en la sesión. No obstante, el efecto práctico es similar y el documento que presentó es real. Por tanto, Colombiacheck califica como ‘cuestionable’ su afirmación sobre el estado de la condena al feminicida.

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Falso

Jueves, 14 Noviembre 2019

Supuesto artículo del Convenio de Ginebra sobre niños soldados es falso

Por Isabel Caballero Samper

Revisamos los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales y encontramos que el supuesto artículo no existe y que las disposiciones que en él aparecen tampoco son reales.

En Facebook se está compartiendo una imagen que cita un supuesto artículo, el 122, numeral 2, del Convenio de Ginebra, que diría que “todo menor de 15 años armado y en zona de conflicto será considerado un combatiente. El delito y responsabilidad recae sobre el grupo que lo use en sus filas únicamente”. 

Imagen de Facebook

Los convenios de Ginebra son la base del Derecho Internacional Humanitario, es decir el derecho que limita y humaniza la guerra. La primera versión de este convenio viene de 1864 pero fue reescrita en varias ocasiones y la versión actual se firmó el 12 de agosto de 1949, después de la Segunda Guerra Mundial, y consiste en cuatro convenios.

El I Convenio trata de la protección y el cuidado de los heridos y enfermos de los ejércitos en campaña; el II Convenio de los heridos, enfermos y náufragos de las armadas en el mar; el III Convenio de los prisioneros de guerra y el IV Convenio de la protecciones de los civiles en tiempos de guerra.

Los convenios hablan específicamente de las guerras internacionales, entonces además existe el Artículo 3, común a los cuatro Convenios de Ginebra, que contiene sus normas esenciales y las hace aplicables a los conflictos internos.

Además de los convenios existen tres protocolos que se sumaron más tarde. El Protocolo adicional I se firmó en 1977 y trata de la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales; el Protocolo adicional II se firmó al mismo tiempo y trata de los conflictos armados no internacionales y el Protocolo adicional III, de 2005, añadió el cristal rojo a los emblemas protectores de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (el equivalente de la Cruz Roja en el mundo musulmán).

Otros convenios y tratados internacionales además de varias normas consuetudinarias, es decir de tradición no escrita, también hacen parte de lo que tradicionalmente se considera el DIH. Incluido el Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional y define los crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el genocidio.

De manera que, para empezar, no existe un único Convenio de Ginebra como parecería citar la imagen que se está compartiendo en Facebook, y cada convenio enumera sus artículos independientemente. Los convenios I y el II sólo tienen 64 y 63 artículos, respectivamente. El Artículo 122 del Convenio III define la manera cómo se deben crear oficinas de información sobre prisioneros de guerra. Y el Artículo 122 del Convenio IV habla de las sanciones disciplinarias que les pueden ser aplicadas a las personas civiles que hayan sido trasladadas a campos de internamiento. El Artículo 3 Común sólo se divide en dos disposiciones. Tampoco los protocolos adicionales incluyen el supuesto artículo. El primero sólo tiene 102 artículos, el segundo tiene 28 y el tercero 17.

Así que el artículo como aparece en la imagen no existe. Pero tampoco existen las disposiciones que en él aparecen. Como explicamos en otro chequeo, hay un vacío en la literatura legal sobre si los menores de edad que hayan sido reclutados por grupos armados, es decir los niños soldados, pueden o no ser considerados combatientes y por tantos blancos legítimos de operaciones militares.

El Artículo 77 del Protocolo I adicional es el único que se refiere a las protecciones especiales de las que gozan los niños soldados. En el primer párrafo proclama el deber de proteger a los niños, en el segundo la obligación de no reclutarlos y en los siguientes tres las protecciones especiales que deben recibir los niños soldados que han sido detenidos, pero no se habla sobre el momento de su participación en las hostilidades.

En esa nota citamos a varios expertos que muestran que en ciertas circunstancias los niños soldados sí pueden ser considerados combatientes. La “Guía para interpretar la noción de participación directa en las hostilidades según el derecho internacional humanitario” del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) dice explícitamente que “existe la posibilidad de que incluso las personas civiles que son obligadas a participar directamente en las hostilidades o los niños que no tienen edad legal para ser reclutados [sean considerados combatientes y por tanto] pierdan la protección contra los ataques directos”.

Pero para ser considerado combatiente en un conflicto no internacional donde los ejércitos no son formales, como es el caso de Colombia, no es suficiente estar “armado y en zona de conflicto” como dice la imagen. La guía del CICR dice que es indispensable que el supuesto combatiente asuma una “función continua para el grupo” (es decir que no es espontánea o esporádica) y que esta función comprenda su “participación directa en las hostilidades”. 

Además René Provost, profesor de derecho internacional de la Universidad de McGill en Canadá argumenta en una entrada en el blog del European Journal of International Law que en el caso de los niños la contundencia de las pruebas para demostrar que están participando en las hostilidades y por tanto son combatientes debe ser mayor que para los adultos.

Por el otro lado, reclutar niños y adolescentes menores de edad sí es un delito. En los convenios de Ginebra el Artículo 77 del Protocolo I adicional dice que “Las Partes en conflicto tomarán todas las medidas posibles para que los niños menores de quince años no participen directamente en las hostilidades, especialmente absteniéndose de reclutarlos para sus fuerzas armadas.” Y el Artículo 4 del Protocolo II adicional dice que “los niños menores de quince años no serán reclutados en las fuerzas o grupos armados y no se permitirá que participen en las hostilidades”.

Además, esta prohibición aparece en otros convenios internacionales. El Estatuto de Roma define como un crimen de guerra “reclutar o alistar a niños menores de 15 años”. El "Convenio No. 182 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil" de 1999 prohíbe en su Artículo 3 “el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados”. Y  el “Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados” en su Artículo 2  dice “Los Estados Partes velarán por que no se reclute obligatoriamente en sus fuerzas armadas a ningún menor de 18 años.”

Pero no es claro que, como dice la imagen, “el delito y responsabilidad recae sobre el grupo que lo use en sus filas únicamente.” En otro chequeo analizamos si es verdad que sólo el grupo que recluta niños soldados es responsable de un delito cuando estos mueren en el campo de batalla y encontramos que es cuestionable pues ambos lados deben respetar los principios consuetudinarios del DIH de proporcionalidad (que prohíbe los métodos o armas que causen daños excesivos con respecto a la ventaja militar conseguida con el ataque) y de reciprocidad (que indica que debe respetarse el DIH incluso si el adversario no lo hace).

Por todas estas razones encontramos que el supuesto artículo que aparece en la imagen que está siendo compartida en redes sociales es falso.