El auto con el que la JEP le abrió a Farc el caso por reclutamiento de menores tiene como hipótesis que ese delito sí fue política de la organización, lo que ellos se empeñan en negar.

El ahora partido Farc solicitó a la CIDH adoptar medidas cautelares a favor de los exguerrilleros amenazados y asesinados después de la firma del Acuerdo Final.