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Lunes, 24 Agosto 2020

Con las Farc no se pactó suspensión de la erradicación de cultivos de coca

Por Sania Salazar

Aunque Andrés Pastrana asegura que Juan Manuel Santos se comprometió con Farc a suspender la erradicación, en el Acuerdo Final se pactó que esta sería una opción cuando no se pudiera sustituir los cultivos.

El expresidente Andrés Pastrana aseguró en un artículo publicado en el diario ABC que “el presidente Juan Manuel Santos, en su obsesión de firmar un acuerdo de paz con las FARC al precio que fuese. . . se comprometió con ese grupo terrorista a suspender la erradicación de los cultivos de coca”.

Colombiacheck le preguntó al expresidente en qué basaba su afirmación, pero hasta el momento de esta publicación no ha habido respuesta.

Calificamos la afirmación como falsa, pues en el Acuerdo Final sí está contemplada la erradicación forzosa de cultivos ilícitos en general, incluso la aspersión, en el caso en el que no se pueda sustituirlos por cultivos legales.

Como ya lo había explicado Colombiacheck, el Acuerdo Final firmado entre el Gobierno y la extinta guerilla de las Farc basa la solución de los cultivos ilícitos en la sustitución, es decir, en la voluntad de las comunidades y en la concertación del proceso con ellas para cambiar esa actividad por el cultivo de productos legales, pero plantea la erradicación en dos casos: cuando los campesinos no lo hagan voluntariamente o cuando, ya firmado el convenio de sustitución, las familias incumplan los compromisos sin que haya una razón de fuerza mayor o una situación fortuita. Está previsto que en esos casos se erradicará manualmente, no sin antes socializar e informar a la comunidad.

“En los casos en los que no haya acuerdo con las comunidades, el Gobierno procederá a la erradicación de los cultivos de uso ilícito, priorizando la erradicación manual donde sea posible, teniendo en cuenta el respeto por los derechos humanos, el medio ambiente, la salud y el buen vivir. El Gobierno, de no ser posible la sustitución, no renuncia a los instrumentos que crea más efectivos, incluyendo la aspersión, para garantizar la erradicación de los cultivos de uso ilícito”, precisa el Acuerdo.

Hay que recordar también que en mayo de 2015 el Consejo Nacional de Estupefacientes aprobó la suspensión de las fumigaciones con glifosato en Colombia, decisión que se tomó a raíz de una recomendación del Ministerio de Salud y Protección Social, que a su vez se basó en un estudio encargado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y realizado por la Agencia Internacional para la Investigación sobre Cáncer de los Estados Unidos, en el que se declara al herbicida como probablemente cancerígeno para los seres humanos.

Bayer, compañía que compró a Monsanto (empresa productora del glifosato) ha tenido que pagar millonarias indemnizaciones por demandas de personas que han desarrollado cáncer después de usar el herbicida.

Detractores del proceso de paz con las Farc aseguraron que la suspensión de las fumigaciones había sido una concesión del Gobierno Santos a esa guerrilla, lo que desmintió en varias ocasiones Humberto De La Calle, jefe negociador del Gobierno

“El gobierno delegado en La Habana se reservó, en casos extremos, la posibilidad de fumigar, si llegase a ser necesario. Ahí hay uno de los famosos mitos que se le ha vendido equivocadamente a la sociedad colombiana. Nadie negoció la no fumigación en La Habana”, enfatizó De la Calle.

Colombiacheck ha verificado en varias ocasiones frases de Pastrana sobre cultivos ilícitos en Colombia, cifras de delitos de las Farc y datos sobre el proceso de paz con esa exguerrilla y siempre las ha encontrado falsas.

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Viernes, 07 Julio 2017

¿El impuesto al uso de bolsas plásticas financiará la política de las Farc?

Por Sania Salazar

La teoría es del diputado del Magdalena Alex Velásquez Alzamora, quien la hizo pública en su cuenta de Twitter y tuvo eco en varios medios de comunicación nacionales. Verificamos y resultó totalmente falsa.

Críticas, exigencia de pruebas y hasta burlas han sido las respuestas que el diputado conservador del Magdalena, Alex Velásquez Alzamora, ha recibido a un trino en el que asegura que el impuesto al uso de bolsas plásticas que se empezó a cobrar en Colombia es para financiar la participación en política de las Farc.

 

 

Después de revisar la Ley que reglamenta el impuesto al uso de bolsas plásticas, el decreto donde se definen los gastos del Presupuesto General de la Nación para 2017 y de contrastar varias fuentes, Colombiacheck califica la afirmación de Velásquez Alzamora como falsa.

Colombiacheck habló con el diputado. “Es un tributo que está colocando el Congreso de la República y los tributos o impuestos no tienen destinación específica, van al Presupuesto General de la Nación, los recursos que está destinando ese presupuesto son para la implementación de los acuerdos”, aseguró.

El diputado fue enfático al afirmar que “toda” la política nacional está destinada a la implementación del Acuerdo Final, “no existe otra destinación, así de sencillo, es mi criterio”, y añadió que se basó en el Plan Nacional de Desarrollo (ley 1753 de 2015) y en la destinación de los rubros del presupuesto.

La paradoja del impuesto a las bolsas plásticas

A diferencia de otros tributos, este es un impuesto que no busca recaudar mucho dinero sino desestimular el uso de las bolsas plásticas para disminuir la contaminación ambiental. Dicho concepto o espíritu de la norma fue confirmado por el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien dijo a la W Radio que ese impuesto tiene la “única vocación de que la gente no lo pague, es decir, que no compren bolsas plásticas”, e indicó que es una medida que Colombia estaba en mora de implementar porque existe en muchos países.

En el ABC del impuesto, que se puede descargar de la página del Ministerio de Ambiente, indican también que el objetivo es “desestimular el uso de la bolsa plástica en los puntos de pago”.

En la oficina de prensa del Minhacienda explicaron que, efectivamente, el dinero del impuesto irá al Presupuesto General de la Nación, pero que no hay un cálculo exacto de lo que se pueda recoger, porque, enfatizaron, la idea es que la gente no lo pague, que usen bolsas de papel, tela u otros elementos. Además, aseguraron que el impuesto puede ir a cualquier programa del Gobierno.

El diputado tiene razón en que el impuesto no tiene destinación específica, pero por la misma razón que plantea, no se puede afirmar que vaya a ser utilizado puntualmente para la implementación del Acuerdo Final y mucho menos, que vaya a financiar la participación en política del partido que saldrá de la desmovilización de las Farc.

Revisamos también el Presupuesto General de la Nación, pero en ese documento no hay ninguna destinación específica para la participación política de las Farc. Allí se detallan inversiones relacionadas con la terminación del conflicto como atención a víctimas y reintegración de personas y grupos alzados en armas o justicia transicional, pero también hay destinaciones en sectores tan variados como la soberanía territorial y desarrollo fronterizo, hasta la calidad y fomento de la educación superior.

En septiembre de 2016, cuando se aprobó el Presupuesto General de la Nación para 2017, el ministro Cárdenas resaltó que con ese dinero se debían cubrir, entre otros, gastos del posconflicto.

“Este impuesto no tiene destinación específica, sino que entra a una bolsa general del Gobierno y ninguna parte de esa plata está atada a un gasto en particular. En el presupuesto general hay un porcentaje que va para la implementación del acuerdo de paz, pero hay otra parte para muchas más cosas. Como el diputado lo está diciendo, entonces cualquier impuesto es para eso, desde el IVA, el predial, hasta el impuesto a la renta”, concluyó Andrés Castro, investigador del Centro de estudios de derecho, justicia y sociedad, Dejusticia.

Hay que recordar que la financiación de la actividad política de las Farc ha causado polémica en las últimas semanas, por lo que Colombiacheck publicó recientemente dos chequeos sobre el asunto, pero en el Acuerdo Final quedó establecido que el movimiento político que resulte de esa guerrilla, ya desmovilizada, recibirá una suma equivalente al 7% anual de la apropiación presupuestal para el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos entre la fecha del registro y el 19 de julio de 2022”, indica el Acuerdo Final. Ese dinero contribuirá a la financiación del Centro de pensamiento y formación política así como a la difusión y divulgación de su plataforma ideológica y programática, explica el texto.