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Chequeo Múltiple

Viernes, 16 Abril 2021

Las cuestionables afirmaciones de María Fernanda Cabal sobre glifosato y aspersión aérea

Por Mónica Ospino Orozco

La senadora del Centro Democrático atribuyó solamente a la ausencia de la fumigación aérea el aumento en áreas de cultivos ilícitos e hizo aseveraciones cuestionables sobre el uso del glifosato en la agricultura.

Luego de la firma por parte del presidente Iván Duque y sus ministros del decreto que abre de nuevo el camino para la aspersión aérea de cultivos ilícitos en el país con glifosato, tras seis años de suspensión, las voces a favor y en contra de esta estrategia se han multiplicado, así también como han crecido las desinformaciones sobre la eficacia de este mecanismo para reducir las áreas sembradas con coca y golpear al narcotráfico.

En medio de este debate, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, defensora de la aspersión aérea, ha compartido en su cuenta de Twitter varios trinos relativos al uso del glifosato y al crecimiento de los cultivos de coca debido a la ausencia de fumigación aérea, que fue suspendida a través de la resolución 006 del 29 de mayo de 2015 por decisión del Consejo Nacional de Estupefacientes.

En Colombiacheck decidimos hacer un chequeo múltiple con dos de las publicaciones hechas por la senadora Cabal a través de su cuenta de Twitter.

  1. El aumento de cultivos: de 159.000 a 212.000 hectáreas

 

El primer trino que compartió la senadora fue publicado el mismo día que salió el decreto 380 del 12 de abril de 2021 y que fija las condiciones para la reanudación de la aspersión aérea con glifosato a los cultivos ilícitos de coca y marihuana.

En dicho trino la senadora Cabal, asegura: “#ElEnemigoEsElNarcotráfico En 2015 había 159 mil hectáreas de coca; y al suspenderse la fumigación por presión de las FARC en las negociaciones de impunidad, se pasó en 2019 a 212 mil hectáreas #FumigaciónYa”.

En primer lugar, verificamos las cifras de hectáreas de coca cultivadas que usa para su trino y encontramos que son las mismas que reportó el Departamento de Estado de Estados Unidos en sus Informes de estrategias internacionales de control de estupefacientes en los años 2017 y 2021.

En ambos reportes, el análisis sobre la situación en Colombia prácticamente se inicia con la misma frase: “Colombia es el principal productor mundial de cocaína, así como un país de origen de heroína y marihuana”. 

En el informe del 2017, publicado en marzo de ese mismo año, el Departamento de Estado detalla que “Estados Unidos estima que la cantidad de cultivos de coca aumentó un 42 por ciento en 2015 a 159.000 hectáreas de 112.000 ha en 2014, un aumento de casi el 100 por ciento desde 2013”.

Por otra parte, en el informe más reciente, de marzo de 2021, esa entidad gubernamental de Estados Unidos, asegura que “el cultivo de coca colombiano se mantuvo estable en 212.000 hectáreas (ha) en 2019 (el período más reciente para el que se dispone de cifras), en comparación con 208.000 ha en 2018, después de un crecimiento explosivo de 2012 a 2017”.

Así es que la senadora Cabal se apega con exactitud a las cifras divulgadas en esos reportes del Gobierno de Estados Unidos.

Sin embargo, la explicación del descenso de áreas cultivadas de coca entre 2008 y 2015 no se puede atribuir exclusivamente a la fumigación aérea con glifosato, pues de acuerdo con Daniel Rico, investigador en temas de economías criminales y experto en narcotráfico, dicho decrecimiento tuvo factores multicausales.

“En esos años hubo una combinación de cosas que contribuyeron a que las áreas de cultivos de coca se redujeran en el país, entre otras: el precio del oro, más control territorial, la movilidad de tropas, los recursos del plan Colombia y la salida de los paramilitares influyeron en esto. Subió el oro y entonces muchos cultivadores migraron a la minería que daba más dinero”, explicó Rico a Colombiacheck.

Por otra parte, también vale recordar que en lo relacionado con la medición de cultivos de coca en Colombia,  el Gobierno nacional trabaja, desde hace 22 años para diseñar las estrategias contra el narcotráfico, con los informes del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivo Ilícitos, SIMCI, operado por la Oficina de la ONU contra las Drogas y el delito, UNODC. 

Y en dichos informes las discrepancias con las cifras del Departamento de Estado suelen ser amplias, pues en el informe del SIMCI del 2015 las hectáreas de cultivos de coca en Colombia llegaron a 96.000, es decir, que la cifra que cita la senadora Cabal (159.000 ha) es superior por 63.000 hectáreas.

Algo similar ocurre con el informe del SIMCI en el 2019, en el que se registra que: “A 31 de diciembre de 2019 se detectaron 154.000 ha de coca en Colombia, lo que significa una reducción del 9 % respecto a las 169.000 ha detectadas en 2018; esto confirma el quiebre de la tendencia al incremento iniciada en 2014”. 

De nuevo, la discrepancia con las cifras del trino de María Fernanda Cabal son amplias, pues para ese año, ella asegura que en Colombia había 212.000 hectáreas, es decir, más de 43.000 que las reportadas por el SIMCI ese año.

Por último, consultamos con la oficina de prensa de la Senadora para conocer la fuente de las cifras de su trino y en respuesta nos aseguraron que “el de cifras de coca 2015 vs. 2019 es una respuesta de Min.Defensa sobre el crecimiento de cultivos y del estudio que entregó la oficina antidrogas de ese país”, sin más detalles.

Por estas razones y con las evidencias citadas concluimos que esta primera parte del trino en cuestión es verdadero, pero, pues le falta el contexto necesario para explicar el porqué del descenso de las áreas cultivadas, que no se debió solo a la aspersión aérea.

 

  1. Suspensión de la fumigación se pactó con las FARC:

 

La otra parte del trino en cuestión es la frase que asegura que la explicación para el aumento de las áreas cultivadas con coca fue la suspensión de la fumigación pactada con las FARC en La Habana:

#ElEnemigoEsElNarcotráfico En 2015 había 159 mil hectáreas de coca; y al suspenderse la fumigación por presión de las FARC en las negociaciones de impunidad, se pasó en 2019 a 212 mil hectáreas #FumigaciónYa”.

Sin embargo, esta es una afirmación que ya antes en Colombiacheck hemos verificado como falsa (1, 2), pues en el acuerdo de paz entre el Estado colombiano, en ese momento del gobierno presidido por Juan Manuel Santos, y la entonces guerrilla de las FARC, no se pactó el cese de las fumigaciones aéreas de los cultivos ilícitos.

En dicho acuerdo, como lo dijimos en este chequeo, “el 16 de mayo de 2014, los negociadores publicaron lo acordado en el cuarto punto de la agenda, el de la solución al problema de las drogas ilícitas. Aunque no menciona específicamente la palabra fumigación o aspersión, el documento sí deja ver que ese aspecto no fue negociado y por tanto, las posiciones que tienen las dos partes al respecto no se movieron un centímetro”.

En particular, precisa el Acuerdo de Paz, que: “En los casos en los que no haya acuerdo con las comunidades, el Gobierno procederá a la erradicación de los cultivos de uso ilícito, priorizando la erradicación manual donde sea posible, teniendo en cuenta el respeto por los derechos humanos, el medio ambiente, la salud y el buen vivir. El Gobierno, de no ser posible la sustitución, no renuncia a los instrumentos que crea más efectivos, incluyendo la aspersión, para garantizar la erradicación de los cultivos de uso ilícito”.

Pero además la suspensión de la fumigación aérea con glifosato se dio en el año 2015 motivada por la publicación de la Agencia para la Investigación del Cáncer, IARC, entidad adscrita a la OMS, que entonces clasificó, en este informe, al glifosato como un herbicida “probablemente carcinogénico para los humanos”, tal y como también lo deja plasmado este reporte del Instituto Nacional de Salud, remitido al entonces viceministro de esa cartera, Fernando Ruiz Gómez, hoy ministro de Salud.

Y posteriormente, en el año 2017, tras la sentencia T-286 de 2017 de la Corte Constitucional, la alta instancia judicial determinó que “un programa de aspersión de cultivos de coca con un producto tóxico debe ser objeto de consulta previa cuando afecta a comunidades étnicas diferenciadas”.

Además, esa misma sentencia ordena la no reanudación del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea con el herbicida Glifosato, PECIG.

“El Consejo Nacional de Estupefacientes sólo podrá modificar la decisión de no reanudar el PECIG, cuando haya diseñado y se haya puesto en marcha, por medio de las medidas legales y reglamentarias que sean pertinentes” y a continuación, la corte establece seis características mínimas.

Es por estas razones y con las evidencias expuestas que calificamos como falsa esta parte del trino de la senadora María Fernanda Cabal, pues la suspensión de la aspersión aérea no se debió al Acuerdo de Paz.

 

  1. Uso del glifosato en la agricultura: 

La segunda publicación de la senadora Cabal, objeto de este chequeo y relacionada con este mismo tema, es en la que asegura que en Colombia el glifosato se usa de manera extensiva en diferentes cultivos.

En detalle el trino asegura: “En Colombia, el glifosato se usa 100% en el cultivo de algodón, 75% en el maíz, 95% en el arroz, 70% en la caña, 80% en el banano, 50% en las pasturas para el ganado y 75% en el café.  #GlifosatoEs: Seguridad Alimentaria. #ElEnemigoEsElNarcotráfico”.

 

Sin embargo, estas son unas cifras que ya habíamos verificado también en Colombiacheck, en este chequeo titulado “No encontramos afirmaciones verdaderas en columna de María Isabel Rueda”.

En dicho texto, publicado en junio del 2019, verificamos prácticamente las mismas cifras ofrecidas por la senadora Cabal, el pasado 13 de abril, pues en esa ocasión la periodista y columnista María Isabel Rueda publicó una columna en la que, entre otros datos, aseguró que “...por eso, en Colombia, como en casi todos los países del mundo, cultivos como el algodón usan glifosato en el 100 por ciento del área de la siembra. El maíz, en el 75. El arroz, en el 95. La caña, en el 70. El café, en el 75 por ciento, y así la palma, frutales, hortalizas, papa, etc”.

Y en ese sentido, lo que encontramos en esa verificación es que “es difícil determinar el porcentaje de uso del glifosato dentro del total de cultivos que hay en el país. Además porque, de acuerdo con el ingeniero agrónomo, Miguel Tunjano, no se utiliza de manera exclusiva pues existen muchos tipos de herbicidas que son usados en Colombia”.

“De acuerdo con las Estadísticas de comercialización de plaguicidas químicos de uso agrícola, elaborado por el ICA, en 2016 los herbicidas más vendidos fueron: Glifosato 9’735.026 litros; Paraquat 4’471.787 litros; Aminopyralid 4’320.256; Propanil 2’641.282; 2,4-D amina 2’217.848”.

Adicionalmente, en este otro chequeo previo, “el ingeniero Gabriel Tobón Quintero, magíster en Planificación y Administración del desarrollo regional, docente de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana, dijo que el glifosato se usa hasta en jardinería, pero que para eso o para cultivos legales se utiliza en muy bajas concentraciones y cuando se usa para erradicar los cultivos de coca se hace en altas concentraciones que aumentan el grado de toxicidad del herbicida y por eso afecta cualquier otro cultivo sobre el que caiga”.

Explicó Tobón entonces, “que para dar una idea, es que cuando se usa en cultivos legales se puede estar hablando de una proporción 80 por ciento de agua y 20 por ciento de glifosato, mientras que en cultivos ilícitos la relación es inversa 80 por ciento de glifosato y 20 por ciento de agua”.

La oficina de prensa de la senadora Cabal nos aseguró que las cifras usadas en este trino fueron tomadas “de un estudio de Bayer que tiene uno de los nuestros”, sin más precisiones. Cabe recordar que la multinacional Bayer, es la principal productora del glifosato, en su marca más conocida: RoundUp.

Así es que encontramos que esta afirmación de la senadora María Fernanda Cabal es cuestionable, pues en Colombia no hay precisión para determinar los porcentajes de uso del cuestionado herbicida en la agricultura nacional y tampoco son comparables las concentraciones en que se usa para asperjar cultivos ilícitos.

 

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Domingo, 26 Febrero 2017

Fernando Londoño muestra preocupación engañosa por "los traficantes de la coca"

Por Óscar Felipe Agudelo B.

Una nueva pifia del exministro y director del partido Centro Democrático, que hace oposición al Acuerdo de Paz, esta vez cuando criticó las medidas del Gobierno para desmontar los cultivos ilícitos.

Colombiacheck volvió a coger en una mentira al exministro Fernando Londoño. En una primera ocasión lo agarró en una exageración cuando al invitar a marchar en contra del presidente Juan Manuel Santos manifestó que en el país no se había abierto ni una sola fábrica durante los últimos cinco años.

En esta ocasión, a finales de enero, Londoño apuntó su artillería de nuevo contra el primer mandatario de los colombianos pero ahora se refirió a una supuesta carencia de planes de sustitución de cultivos que aseguren “a los cultivadores, raspachines y traficantes de la coca, un ingreso siquiera remotamente parecido al que hoy tienen”.

La frase completa apareció en una columna de opinión publicada en Las 2 Orillas con su firma y bajo el título de “Milagros de Trump en Colombia”.

Colombiacheck consultó sobre el tema y encontró que la aseveración es engañosa porque el Gobierno sí tiene un plan muy concreto para garantizarle a estas familias un ingreso si deciden dejar los cultivos ilícitos. Es tan así que una de las altas consejerías de Presidencia (Alta Consejería para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad) tiene un director para la Atención Integral de la Lucha Contra las Drogas, Eduardo Díaz Uribe.

Lo que sí no tiene el Gobierno, ni se planteó en los acuerdos negociados en La Habana, son ayudas para los traficantes de coca como lo mencionó Londoño.

En cuanto a las ayudas para las familias que tienen cultivos de uso ilícito (cultivadores y raspachines) Díaz habló con Colombiacheck y sostuvo que más allá de entrar en una confrontación con el exministro Londoño lo más importante es exponer los hechos.

Según él, desde el 27 de enero el Gobierno Nacional y las Farc iniciaron el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, en el que se fijaron montos específicos de dinero con los que se va a garantizar el ingreso a los cultivadores y raspachines que dejen la ilegalidad. Todo en relación con el punto cuarto del Acuerdo Final denominado Solución al Problema de las Drogas Ilícitas.

Este programa es preciso en su oferta: Las familias que dejen los cultivos ilícitos y se acojan a los planes de implementación del Gobierno tendrán incentivos económicos. Claro está, el beneficio solo aplica para aquellas familias que hayan sembrado antes del 10 de julio de 2016. ¿Cómo establecer cuándo se sembró?, es una pregunta difícil de responder según reveló el portal Razón Pública.

Las familias que ingresen al programa recibirán un beneficio económico durante el primer año de $1 millón mensual, suma que será entregada hasta por 12 meses. Durante ese mismo primer año y por una sola vez, podrían recibir $1.8 millones por familia para un proyecto que garantice la “seguridad alimentaria de manera inmediata”. También durante el primer año podrán acceder a $9 millones más para un proyecto de ingreso rápido. En plata blanca, y obviamente cumpliendo todos los requisitos para acceder al programa, las familias que siembren o raspen coca podrían recibir ese primer año un monto máximo de $22.8 millones.

El segundo año el plan del Gobierno se enfoca en seguir apoyando el regreso a la legalidad de las familias de cultivadores o raspachines de coca. El acuerdo ofrece $10 millones de pesos más para un proyecto productivo y la posibilidad de una línea de crédito especial. Adicional, podrían tener acceso a un programa de alimentación escolar, otro para la tercera edad y, un bonus extra: la posibilidad de formalizar sus tierras.

Si cada familia campesina cumple con los requisitos del Programa podrían obtener ingresos de parte del Estado por valor de $32.8 millones durante dos años, es decir, tendrían ingresos de $15 dólares diarios en promedio, cifra mucho mayor que la que conseguían los campesinos vinculados a las siembras ilícitas en julio de 2016, el cual se situaba en $1.2 dólares diarios en promedio, según datos del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, Simci.

En síntesis, Londoño falta a la verdad al manifestar que nadie ha dicho “cómo se garantizará a los cultivadores, raspachines y traficantes de la coca, un ingreso siquiera remotamente parecido al que hoy tienen”. Ya alguien dijo y mostró el cómo y el cuánto de los planes de sustitución.

Además, Rafael Pardo, alto consejero para el Posconflicto, anunció que el presupuesto inicial del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, será de un billón de pesos. Eduardo Díaz aclaró a Colombiacheck que desde el 27 de enero empezó a andar el plan, es decir, fue de público conocimiento tres días antes de la columna de Fernando Londoño.

La frase de Londoño no es del todo falsa porque aunque sí hay planes para beneficiar a cultivadores y raspachines no hay planes para beneficiar a traficantes de coca como él lo plantea. Colombiacheck buscó al exministro para saber de dónde sacó ese dato y por qué considera que se le deben garantizar ingresos a los traficantes de coca, pero no fue posible comunicarse con él.

La existencia del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, no asegura en sí mismo el éxito de esta política que tantas veces se ha intentado en Colombia, echando mano a varios modelos. Es necesario esperar a ver cómo funciona y qué tantos ajustes será necesario hacerle en el terreno.

Por el momento dos pesos pesados del tema de los cultivos ilícitos, Juan Carlos Garzón Vergara y Julián Wilches, han formulado serias dudas en cuanto al funcionamiento del proyecto del plan de sustitución de cultivos.

Los investigadores por medio del artículo publicado en Razón Pública: “Dudas y retos de la sustitución de cultivos después del Acuerdo”, sostienen que no es práctico haber dicho que los beneficios solo serán para los que sembraron antes del 10 de julio de 2016 porque “es imposible” establecer cuando las familias sembraron la coca, queda a criterio de esas familias, dicen los investigadores.

Otros de los problemas que señalan es que habrían zonas en que se terminaría solo favoreciendo a familias que sembraron el cultivo de uso ilícito por encima de las que se abstuvieron, criticaron el cómo y por qué el Gobierno llegó una meta de 50.000 hectáreas para sustituir, si el tiempo es suficiente (180 días), entre otros cuestionamientos.

Es cierto que hay un plan concreto para sustituir cultivos de uso ilícito. Pero el meollo del asunto está en ver si después de múltiples intentos fallidos por parte del Estado colombiano, esta vez sí se logran resultados positivos y constantes en el tiempo.

Por ahora ya empezaron los problemas. En Putumayo, el segundo departamento con más cultivos de coca en el país, un buen número de organizaciones sociales no se sometieron a lo pactado en el Acuerdo.