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Chequeo Múltiple

Viernes, 16 Abril 2021

Las cuestionables afirmaciones de María Fernanda Cabal sobre glifosato y aspersión aérea

Por Mónica Ospino Orozco

La senadora del Centro Democrático atribuyó solamente a la ausencia de la fumigación aérea el aumento en áreas de cultivos ilícitos e hizo aseveraciones cuestionables sobre el uso del glifosato en la agricultura.

Luego de la firma por parte del presidente Iván Duque y sus ministros del decreto que abre de nuevo el camino para la aspersión aérea de cultivos ilícitos en el país con glifosato, tras seis años de suspensión, las voces a favor y en contra de esta estrategia se han multiplicado, así también como han crecido las desinformaciones sobre la eficacia de este mecanismo para reducir las áreas sembradas con coca y golpear al narcotráfico.

En medio de este debate, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, defensora de la aspersión aérea, ha compartido en su cuenta de Twitter varios trinos relativos al uso del glifosato y al crecimiento de los cultivos de coca debido a la ausencia de fumigación aérea, que fue suspendida a través de la resolución 006 del 29 de mayo de 2015 por decisión del Consejo Nacional de Estupefacientes.

En Colombiacheck decidimos hacer un chequeo múltiple con dos de las publicaciones hechas por la senadora Cabal a través de su cuenta de Twitter.

  1. El aumento de cultivos: de 159.000 a 212.000 hectáreas

 

El primer trino que compartió la senadora fue publicado el mismo día que salió el decreto 380 del 12 de abril de 2021 y que fija las condiciones para la reanudación de la aspersión aérea con glifosato a los cultivos ilícitos de coca y marihuana.

En dicho trino la senadora Cabal, asegura: “#ElEnemigoEsElNarcotráfico En 2015 había 159 mil hectáreas de coca; y al suspenderse la fumigación por presión de las FARC en las negociaciones de impunidad, se pasó en 2019 a 212 mil hectáreas #FumigaciónYa”.

En primer lugar, verificamos las cifras de hectáreas de coca cultivadas que usa para su trino y encontramos que son las mismas que reportó el Departamento de Estado de Estados Unidos en sus Informes de estrategias internacionales de control de estupefacientes en los años 2017 y 2021.

En ambos reportes, el análisis sobre la situación en Colombia prácticamente se inicia con la misma frase: “Colombia es el principal productor mundial de cocaína, así como un país de origen de heroína y marihuana”. 

En el informe del 2017, publicado en marzo de ese mismo año, el Departamento de Estado detalla que “Estados Unidos estima que la cantidad de cultivos de coca aumentó un 42 por ciento en 2015 a 159.000 hectáreas de 112.000 ha en 2014, un aumento de casi el 100 por ciento desde 2013”.

Por otra parte, en el informe más reciente, de marzo de 2021, esa entidad gubernamental de Estados Unidos, asegura que “el cultivo de coca colombiano se mantuvo estable en 212.000 hectáreas (ha) en 2019 (el período más reciente para el que se dispone de cifras), en comparación con 208.000 ha en 2018, después de un crecimiento explosivo de 2012 a 2017”.

Así es que la senadora Cabal se apega con exactitud a las cifras divulgadas en esos reportes del Gobierno de Estados Unidos.

Sin embargo, la explicación del descenso de áreas cultivadas de coca entre 2008 y 2015 no se puede atribuir exclusivamente a la fumigación aérea con glifosato, pues de acuerdo con Daniel Rico, investigador en temas de economías criminales y experto en narcotráfico, dicho decrecimiento tuvo factores multicausales.

“En esos años hubo una combinación de cosas que contribuyeron a que las áreas de cultivos de coca se redujeran en el país, entre otras: el precio del oro, más control territorial, la movilidad de tropas, los recursos del plan Colombia y la salida de los paramilitares influyeron en esto. Subió el oro y entonces muchos cultivadores migraron a la minería que daba más dinero”, explicó Rico a Colombiacheck.

Por otra parte, también vale recordar que en lo relacionado con la medición de cultivos de coca en Colombia,  el Gobierno nacional trabaja, desde hace 22 años para diseñar las estrategias contra el narcotráfico, con los informes del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivo Ilícitos, SIMCI, operado por la Oficina de la ONU contra las Drogas y el delito, UNODC. 

Y en dichos informes las discrepancias con las cifras del Departamento de Estado suelen ser amplias, pues en el informe del SIMCI del 2015 las hectáreas de cultivos de coca en Colombia llegaron a 96.000, es decir, que la cifra que cita la senadora Cabal (159.000 ha) es superior por 63.000 hectáreas.

Algo similar ocurre con el informe del SIMCI en el 2019, en el que se registra que: “A 31 de diciembre de 2019 se detectaron 154.000 ha de coca en Colombia, lo que significa una reducción del 9 % respecto a las 169.000 ha detectadas en 2018; esto confirma el quiebre de la tendencia al incremento iniciada en 2014”. 

De nuevo, la discrepancia con las cifras del trino de María Fernanda Cabal son amplias, pues para ese año, ella asegura que en Colombia había 212.000 hectáreas, es decir, más de 43.000 que las reportadas por el SIMCI ese año.

Por último, consultamos con la oficina de prensa de la Senadora para conocer la fuente de las cifras de su trino y en respuesta nos aseguraron que “el de cifras de coca 2015 vs. 2019 es una respuesta de Min.Defensa sobre el crecimiento de cultivos y del estudio que entregó la oficina antidrogas de ese país”, sin más detalles.

Por estas razones y con las evidencias citadas concluimos que esta primera parte del trino en cuestión es verdadero, pero, pues le falta el contexto necesario para explicar el porqué del descenso de las áreas cultivadas, que no se debió solo a la aspersión aérea.

 

  1. Suspensión de la fumigación se pactó con las FARC:

 

La otra parte del trino en cuestión es la frase que asegura que la explicación para el aumento de las áreas cultivadas con coca fue la suspensión de la fumigación pactada con las FARC en La Habana:

#ElEnemigoEsElNarcotráfico En 2015 había 159 mil hectáreas de coca; y al suspenderse la fumigación por presión de las FARC en las negociaciones de impunidad, se pasó en 2019 a 212 mil hectáreas #FumigaciónYa”.

Sin embargo, esta es una afirmación que ya antes en Colombiacheck hemos verificado como falsa (1, 2), pues en el acuerdo de paz entre el Estado colombiano, en ese momento del gobierno presidido por Juan Manuel Santos, y la entonces guerrilla de las FARC, no se pactó el cese de las fumigaciones aéreas de los cultivos ilícitos.

En dicho acuerdo, como lo dijimos en este chequeo, “el 16 de mayo de 2014, los negociadores publicaron lo acordado en el cuarto punto de la agenda, el de la solución al problema de las drogas ilícitas. Aunque no menciona específicamente la palabra fumigación o aspersión, el documento sí deja ver que ese aspecto no fue negociado y por tanto, las posiciones que tienen las dos partes al respecto no se movieron un centímetro”.

En particular, precisa el Acuerdo de Paz, que: “En los casos en los que no haya acuerdo con las comunidades, el Gobierno procederá a la erradicación de los cultivos de uso ilícito, priorizando la erradicación manual donde sea posible, teniendo en cuenta el respeto por los derechos humanos, el medio ambiente, la salud y el buen vivir. El Gobierno, de no ser posible la sustitución, no renuncia a los instrumentos que crea más efectivos, incluyendo la aspersión, para garantizar la erradicación de los cultivos de uso ilícito”.

Pero además la suspensión de la fumigación aérea con glifosato se dio en el año 2015 motivada por la publicación de la Agencia para la Investigación del Cáncer, IARC, entidad adscrita a la OMS, que entonces clasificó, en este informe, al glifosato como un herbicida “probablemente carcinogénico para los humanos”, tal y como también lo deja plasmado este reporte del Instituto Nacional de Salud, remitido al entonces viceministro de esa cartera, Fernando Ruiz Gómez, hoy ministro de Salud.

Y posteriormente, en el año 2017, tras la sentencia T-286 de 2017 de la Corte Constitucional, la alta instancia judicial determinó que “un programa de aspersión de cultivos de coca con un producto tóxico debe ser objeto de consulta previa cuando afecta a comunidades étnicas diferenciadas”.

Además, esa misma sentencia ordena la no reanudación del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea con el herbicida Glifosato, PECIG.

“El Consejo Nacional de Estupefacientes sólo podrá modificar la decisión de no reanudar el PECIG, cuando haya diseñado y se haya puesto en marcha, por medio de las medidas legales y reglamentarias que sean pertinentes” y a continuación, la corte establece seis características mínimas.

Es por estas razones y con las evidencias expuestas que calificamos como falsa esta parte del trino de la senadora María Fernanda Cabal, pues la suspensión de la aspersión aérea no se debió al Acuerdo de Paz.

 

  1. Uso del glifosato en la agricultura: 

La segunda publicación de la senadora Cabal, objeto de este chequeo y relacionada con este mismo tema, es en la que asegura que en Colombia el glifosato se usa de manera extensiva en diferentes cultivos.

En detalle el trino asegura: “En Colombia, el glifosato se usa 100% en el cultivo de algodón, 75% en el maíz, 95% en el arroz, 70% en la caña, 80% en el banano, 50% en las pasturas para el ganado y 75% en el café.  #GlifosatoEs: Seguridad Alimentaria. #ElEnemigoEsElNarcotráfico”.

 

Sin embargo, estas son unas cifras que ya habíamos verificado también en Colombiacheck, en este chequeo titulado “No encontramos afirmaciones verdaderas en columna de María Isabel Rueda”.

En dicho texto, publicado en junio del 2019, verificamos prácticamente las mismas cifras ofrecidas por la senadora Cabal, el pasado 13 de abril, pues en esa ocasión la periodista y columnista María Isabel Rueda publicó una columna en la que, entre otros datos, aseguró que “...por eso, en Colombia, como en casi todos los países del mundo, cultivos como el algodón usan glifosato en el 100 por ciento del área de la siembra. El maíz, en el 75. El arroz, en el 95. La caña, en el 70. El café, en el 75 por ciento, y así la palma, frutales, hortalizas, papa, etc”.

Y en ese sentido, lo que encontramos en esa verificación es que “es difícil determinar el porcentaje de uso del glifosato dentro del total de cultivos que hay en el país. Además porque, de acuerdo con el ingeniero agrónomo, Miguel Tunjano, no se utiliza de manera exclusiva pues existen muchos tipos de herbicidas que son usados en Colombia”.

“De acuerdo con las Estadísticas de comercialización de plaguicidas químicos de uso agrícola, elaborado por el ICA, en 2016 los herbicidas más vendidos fueron: Glifosato 9’735.026 litros; Paraquat 4’471.787 litros; Aminopyralid 4’320.256; Propanil 2’641.282; 2,4-D amina 2’217.848”.

Adicionalmente, en este otro chequeo previo, “el ingeniero Gabriel Tobón Quintero, magíster en Planificación y Administración del desarrollo regional, docente de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana, dijo que el glifosato se usa hasta en jardinería, pero que para eso o para cultivos legales se utiliza en muy bajas concentraciones y cuando se usa para erradicar los cultivos de coca se hace en altas concentraciones que aumentan el grado de toxicidad del herbicida y por eso afecta cualquier otro cultivo sobre el que caiga”.

Explicó Tobón entonces, “que para dar una idea, es que cuando se usa en cultivos legales se puede estar hablando de una proporción 80 por ciento de agua y 20 por ciento de glifosato, mientras que en cultivos ilícitos la relación es inversa 80 por ciento de glifosato y 20 por ciento de agua”.

La oficina de prensa de la senadora Cabal nos aseguró que las cifras usadas en este trino fueron tomadas “de un estudio de Bayer que tiene uno de los nuestros”, sin más precisiones. Cabe recordar que la multinacional Bayer, es la principal productora del glifosato, en su marca más conocida: RoundUp.

Así es que encontramos que esta afirmación de la senadora María Fernanda Cabal es cuestionable, pues en Colombia no hay precisión para determinar los porcentajes de uso del cuestionado herbicida en la agricultura nacional y tampoco son comparables las concentraciones en que se usa para asperjar cultivos ilícitos.

 

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Viernes, 17 Marzo 2017

Las Zonas Veredales no son repúblicas independientes

Por Sania Salazar

Aunque los militares retirados insisten en comparar las Zonas veredales con lo que hace 50 años se denominó repúblicas independientes, en el Acuerdo Final hay argumentos fuertes para concluir que no cabe la comparación.

Las críticas y preocupaciones de los exmilitares con el Acuerdo Final entre Gobierno y Farc han dado hasta para asegurar que las Zonas Veredales Transitorias de Normalización, Zvtn, se pueden convertir en “Repúblicas independientes”. Temor que le expresaron al Presidente Juan Manuel Santos en una carta.

Jairo Estrada Álvarez, vocero del movimiento político Voces de Paz (movimiento afín, pero no militante de las Farc, que vela por el cumplimiento del Acuerdo Final en el Congreso), explicó en un trino que a las Zvtn tienen entrada las autoridades del Estado, por lo que no son repúblicas independientes.

 

 

 

Comandantes de las Farc, militares y académicos, entre otras voces, han coincidido en desmentir este supuesto peligro y el Acuerdo Final deja claro los límites y las reglas bajo las cuales funcionan estas zonas, por lo que Colombiacheck califica la frase de Álvarez como verdadera.

Estrada Álvarez le dijo a Colombiacheck que el país atraviesa un momento totalmente distinto a la época en que se acuñó la frase “Repúblicas independientes” para referirse a las zonas donde se ubicaron algunos grupos comunistas, “Colombia está viviendo un proceso de paz que contiene unos acuerdos que deben conducir al proceso de dejación de armas de las Farc y a su ingreso a la vida civil”.

El miembro de Voces de paz aclaró además, que “las Zonas no son territorios vedados en la medida en que, si se atienden las regulaciones correspondientes, pueden entrar y salir funcionarios, de hecho, en estos días los hemos visto entrar y salir, entre otras cosas, para mirar cuál es el estado de las Zonas. Eso no es ninguna república independiente, es una zona transitoria que tiene una función específica”.

Por último, Estrada Álvarez, resaltó que los excombatientes se movilizan libremente en los campamentos, pero que para hacerlo en las Zonas veredales (que son más grandes) necesitan autorización y solo lo pueden hacer desarmados.

El Acuerdo Final definió que las Zvtn son “temporales y transitorias, definidas, delimitadas y previamente concertadas entre el Gobierno Nacional y las Farc, y cuentan con el monitoreo y verificación del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, Mm&v, que por cada Zvtn contará con Equipos de Monitoreo Local”.

Sobre el Mecanismo de Monitoreo y Verificación, Mm&v, hay que recordar que está compuesto por un componente internacional en cabeza de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, el Gobierno Nacional y las Farc.

El Acuerdo también precisa que “dentro de las Zvnt se garantiza la plena vigencia del Estado Social de Derecho para lo cual se mantiene el funcionamiento de las autoridades civiles sin limitaciones. Las autoridades civiles (no armadas) que tienen presencia en las Zonas permanecen y continúan ejerciendo sus funciones en las mismas, sin perjuicio de lo acordado en el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo”.

En el documento pactado en la mesa de negociación en La Habana se reitera que “las autoridades civiles no armadas pueden ingresar permanentemente a las Zvtn sin ninguna limitación, excepto al área de los campamentos donde están ubicadas las estructuras de las Farc”.

En resumen, las Zvtn tienen como objetivo garantizar el cese al fuego y de hostilidades y la dejación de armas, además de preparar a los excombatientes para su reincorporación a la vida civil, pero no son zonas en las que las Farc puedan hacer lo que quieran, no están vedadas para el control del Estado.

El general Javier Flórez, jefe del Comando Estratégico para la Transición, le aseguró a W Radio que las Zonas veredales se terminan el 29 de mayo cuando se complete el Día D+180 y que luego de eso los campamentos se podrán utilizar para otro tipo de actividades. El general indicó además que trasladarán a los excombatientes que tengan asuntos pendientes con la Jurisdicción Especial para la Paz a la zona veredal en Mesetas, Meta, donde habrá un campamento especial para su reclusión.

Pedro Piedrahíta, Mágister en Seguridad y Defensa Nacional y Doctor en derecho internacional le dijo a Teleantioquia Noticias que considera que

estamos frente a un asunto muy diferente, “primero porque el Estado sigue teniendo un control pues se trata de zonas delimitadas y controladas por los organismos de seguridad. Esto es garantía de que allí se están estableciendo estos grupos precisamente para cumplir con lo acordado en La Habana y no que allí vayan a establecer un poder político”.

¿Qué fueron las repúblicas independientes?

En un archivo histórico audiovisual de Señal Colombia, Guillermo León Valencia, presidente de Colombia entre 1962 y 1966, se refiere a las repúblicas independientes como “algunas áreas apartadas del país en las cuales los violentos habían establecido su dominio sin sujeción a ninguna clase de autoridad”.

“En encendidos discursos en el Congreso de la República, el líder conservador Álvaro Gómez Hurtado venía denunciado desde 1961 la existencia de 16 “repúblicas independientes” que escapaban al control del Estado y en las cuales, según su retórica reaccionaria, se estaban construyendo unas zonas liberadas. Se trataba, ante todo, de Marquetalia, Riochiquito, El Pato, Guayabero, Sumapaz y la región del Ariari”, indica Eduardo Pizarro León Gómez en el artículo titulado Marquetalia: el mito fundacional de las Farc.

Pizarro León Gómez cuenta que ante la presión de las declaraciones de Gómez Hurtado, “el presidente conservador Guillermo León Valencia tomó la decisión de exterminar a sangre y fuego estos enclaves comunistas”.

Uno de esos ataques es históricamente conocido como el bombardeo a Marquetalia, en el Tolima.

Entre quienes reaccionaron al pronunciamiento de los militares están Jorge Restrepo, Director del Centro de Recursos para Análisis de Conflictos, Cerac, e Iván Márquez, integrante del secretariado de las Farc, cuyo verdadero nombre es Luciano Marín Arango

 

 

 

 

 

Precisamente Pizarro León Gómez en el texto mencionado habla de las posiciones contrarias que hay sobre el ataque a Marquetalia, pues hay quienes sostienen que “la emergencia de las Farc no se hubiese producido en efecto si no se hubiese llevado a cabo el ataque contra Marquetalia. Las autodefensas campesinas de influencia comunista se habrían mantenido como tales y, probablemente, con el correr del tiempo se hubieran extinguido lentamente”.

Mientras que están los que sostienen lo inevitable del nacimiento, tarde o temprano, de las Farc, dado que ya existía en el seno del Partido Comunista (PC) las tesis para justificar su nacimiento. En efecto, desde el IX Congreso del PC celebrado en 1961 se había aprobado la tesis de la “combinación de todas las formas de lucha revolucionaria”.