“El presidente bajó los impuestos”

La reforma tributaria de 2019, que el gobierno llamó Ley de Crecimiento Económico para revivir la de 2018 (Ley de Financiamiento) luego de que la Corte Constitucional la tumbara porque su trámite en el Congreso estuvo viciado, bajó impuestos para diferentes actores de la economía. Sin embargo, ha sido criticada por aumentar la inequidad tributaria del país, por lo que la afirmación es ‘verdadera, pero’.

Juan David Oviedo, asesor de finanzas públicas del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, explica que la reducción “no fue homogénea”. Es decir, no a todo el mundo le bajaron los impuestos ni lo hicieron por igual. Los cambios están resumidos en un artículo publicado por ese centro académico tras la aprobación.

Por el lado de las empresas, la nueva norma aumentó beneficios por los impuestos de industria y comercio o al de valor agregado (IVA), por ejemplo. Además, creó exenciones para la “economía naranja” (actividades creativas e industrias tecnológicas) y descuentos para las “megainversiones” (por encima de 1 billón de pesos), entre otras.

La reforma también incrementó, para las personas naturales, las tarifas del impuesto a los dividendos frente a lo que había dejado el gobierno anterior. No obstante, medidas como los cambios en la metodología para calcular el de renta y la prolongación de la “normalización” en el de patrimonio (una tasa de 15 por ciento por un año, que se amplió a dos, para declarar correctamente bienes no declarados antes o pasivos inexistentes en el exterior) se traducen, de acuerdo con Oviedo, en una baja de impuestos para las personas más ricas.

En el caso de quienes tienen menos ingresos se estableció una devolución del IVA, que consiste en una consignación de 75.000 pesos bimestrales para los 700.000 hogares más pobres del programa de subsidios Familias en Acción y las 300.000 personas de la tercera edad priorizadas en el de Colombia Mayor. La implementación de esta estrategia se aceleró luego, para enfrentar la crisis económica por la pandemia de COVID-19.

Al ser consultado por Colombiacheck sobre las fuentes de su afirmación, Uribe Moreno pidió revisar las tarifas del impuesto de renta. Para empresas, Santos la dejó en el mismo 33 por ciento que la encontró, a pesar de que la bajó temporalmente a 25 por ciento, mientras que Duque empezó una reducción gradual de un punto porcentual cada año desde 2020, que está planteada hasta llegar a 30 por ciento en 2022. Las de personas naturales no son comparables, porque cambió el sistema: se unificaron los rangos, que antes dependían de si las rentas eran laborales o no.

En un análisis para el portal Razón Pública, los académicos Edna Cristina Bonilla Sebá, contadora y doctora en Estudios Políticos, y Jorge Iván González Borrero, filósofo y doctor en Economía, concluyeron también que la reforma de Duque consolidó la inequidad tributaria ya existente:

Frente a los beneficios ciertos que reciben los ricos, los superricos y los súper superricos, a las personas de menores recursos no les queda más alternativa que confiar en que en algún momento las califiquen como “vulnerables”.

La triste conclusión de esta reforma es evidente: nuevamente perdimos la oportunidad de hacer un sistema tributario más progresivo. Todo lo contrario: el país sigue privilegiando a los más ricos.

De modo que la reducción de impuestos de la que habla Uribe Moreno, si bien es cierta en términos generales, no se puede evaluar por sí sola para presentarla como un logro del gobierno Duque, como él lo hizo en la entrevista, sin tener en cuenta los matices del contexto.

El presidente ‘acabó la mermelada’

“Duque acabó con las partidas presupuestales ejecutadas vía el Congreso”, le dijo Uribe Moreno a Colombiacheck luego de que este portal le preguntó cuál era su definición de ‘mermelada’ para hacer esa afirmación. El término es problemático porque se ha usado con diferentes significados, dependiendo del sector político.

En todo caso, sea cual sea la definición, la verdad es que Duque sí ha hecho uso de este aderezo político. Por tanto, la frase del empresario es falsa.

Los rubros del presupuesto a los que hace referencia son lo que antes se conocían como “cupos indicativos”. Como explica una tesis de la Maestría en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario, se trata de “recursos de inversión social regional” que el Ejecutivo ponía al servicio de los congresistas para el “desarrollo” de sus fortines electorales a cambio de votos para conseguir la aprobación de proyectos en el Legislativo. Las negociaciones en privado con estos dineros públicos son la base del sistema clientelista colombiano.

En el Presupuesto General de la Nación para 2019 sí quedó un artículo que establecía que “cuando uno o varios congresistas soliciten una partida presupuestal para un programa o proyecto de inversión pública nacional y/o regional, debe hacer público su nombre, el monto y justificación de la misma”. Pero esa prohibición de los acuerdos bajo la mesa solo estuvo vigente ese año, desapareció en 2020 y tampoco quedó para 2021. Así que no se “acabó”.

De hecho, el cuarto punto de la Consulta Anticorrupción de 2018 pretendía “establecer la obligación de realizar audiencias públicas para que la ciudadanía y los corporados decidan el desglose y priorización del presupuesto de inversión de la Nación, los departamentos y los municipios” con el fin de hacer transparentes esas discusiones. Esta propuesta se había intentado pasar por el Congreso, sin éxito, desde 2016.

Recién posesionado como presidente, Duque se había comprometido a apoyar la aprobación de los siete puntos de esa consulta, que lograron 11,7 millones de votos a favor y estuvieron cerca del umbral del 33 por ciento de participación. Este, el ‘antimermelada’, sigue pendiente. El proyecto de ley radicado en 2019 con el propósito de saldar esa deuda se hundió al terminar la legislatura un año después sin haber tenido siquiera el primer debate en la comisión cuarta del Senado.

Entre tanto, el gobierno hace uso de otras prácticas que también se consideran ‘mermelada’. En particular desde febrero de 2020, con la concesión puestos en el Ejecutivo a cuotas de diferentes partidos para conseguir su apoyo en el legislativo, que es la definición de la que parten los análisis del portal La Silla Vacía, por ejemplo [1, 2, 3, 4].

Así, el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, es cuota de Cambio Radical; el de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, del Partido de la U y el de Agricultura, Rodolfo Zea, conservador. Sobre todo los dos últimos han fortalecido la burocracia de sus partidos en sus respectivas carteras. La misma Silla había contado que el discurso ‘antimermelada’ del primer año y medio de gobierno le había costado a Duque el apoyo de algunos de esos grupos políticos, que lo habían respaldado en la segunda vuelta contra Gustavo Petro.

No obstante, también en sus primeros meses, recibió críticas por entregar puestos a personas cercanas al uribismo sin los requisitos necesarios para los cargos. Esto también se interpretó como una forma de endulzar las relaciones con su propio partido.

Algunos casos sonados han sido:

• Su primer ministro de Defensa, Guillermo Botero, quien venía de presidir la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) por 15 años.
• La expresidenta de la Agencia de Desarrollo Rural, Claudia Ortiz Rodríguez, que nombró con experiencia juramentada en notaría luego de que intentó ponerla en la Unidad Nacional de Protección.
• Su director de comunicaciones en campaña, Juan Pablo Bieri, a quien nombró como gerente del sistema de medios públicos RTVC y quien terminó renunciando a ese cargo cuando un audio filtrado evidenció una orden suya para censurar un programa de televisión y su desconocimiento sobre las normas del sector.
• Varios nombramientos diplomáticos: el hermano del político conservador Ubeimar Delgado, Carlos Tulio, como embajador en Suecia; la esposa del expresidente liberal César Gaviria, Ana Milena Muñoz, como embajadora en Egipto; el hermano de la senadora uribista Paloma Valencia, Pedro Agustín, como cónsul en Miami; entre otros cargos.

Por tanto, la afirmación de que Duque “acabó con la mermelada” no corresponde con la realidad. En consecuencia, Colombiacheck la califica como falsa.

“Frenó el crecimiento de los narcocultivos”

Como ya hemos explicado en otros chequeos, en Colombia existen tres monitoreos de cultivos ilícitos. 

En su columna “¿Y las cifras de la coca?”, el investigador en temas de economías ilegales Daniel Rico dice que: “el primer [sistema es el] que paga el Gobierno y calcula el Simci (Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos) de las Naciones Unidas, en este se censan las hectáreas de coca una vez al año desde 1999. El segundo, que es el más viejo y lo construye una agencia del sector defensa de los Estados Unidos (CNC) desde los años ochenta, usa más algoritmos que análisis de imágenes y por eso se publica más temprano. Y el sistema más nuevo que es el Siima (Sistema Integrado de Información y Monitoreo Antinarcóticos), que opera la Policía Antinarcóticos desde hace un par de años. De este se sabe poco y no difunde estimaciones de manera oficial”.

Recientemente verificamos una afirmación similar de Iván Duque. El presidente dijo que su gobierno había logrado “la mayor reducción de área sembrada de cultivos ilícitos en los últimos seis años”.

Para ese chequeo revisamos el informe de cultivos ilícitos en Colombia de 2019, realizado por el Simci de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC. 

En ese momento concluimos que lo que dijo Duque era verdadero pues él hacía referencia específicamente al área cultivada y dicho monitoreo indicó que “a 31 de diciembre de 2019 se detectaron 154.000 ha de coca en Colombia, lo que significa una reducción del 9 % respecto a las 169.000 ha detectadas en 2018; esto confirma el quiebre de la tendencia al incremento iniciada en 2014”.

Pero Uribe Moreno habla de el crecimiento “de los narcocultivos” y no específicamente del área cultivada. 

El mismo informe resaltó que “el potencial de producción de clorhidrato de cocaína pura se estimó en 1.137 tm, verificándose un aumento de 1,5 % en relación con el 2018”.

Aparte de la disminución en las hectáreas y el aumento en la producción de clorhidrato de cocaína pura, un reciente informe de la Comisión sobre Política de Drogas del Congreso de los Estados Unidos, en el que se habla de los problemas de la política contra las drogas, dice que, “si bien el Plan Colombia fue un éxito en la contrainsurgencia, fue un fracaso en la lucha contra las drogas. El país es el mayor productor de cocaína del mundo, a pesar de décadas de esfuerzos apoyados por Estados Unidos para erradicar cultivos e interceptar envíos”.

En el informe, como explicó La Silla Vacía en una nota, se indica que las aspersión no es efectiva en la lucha contra las drogas.

Días antes de la publicación del informe. Adam Isacson, encargado de la Veeduría de Defensa de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), indicó en una entrevista con El Espectador, que “medir el problema en hectáreas de coca cultivadas es un error. Una cifra más útil sería el número de familias que viven de ese cultivo, esa es la cifra que hay que bajar. Naciones Unidas, en 2017, reveló que había al menos 120 mil familias, es decir, medio millón de colombianos, viviendo de la coca, siendo raspachines, procesadores u otras. Esa cifra se debe bajar ofreciendo alternativas. También hay que hacer llegar el Estado a los territorios para ofrecer sus servicios y alternativas de economía legal. Erradicar no reduce mucho el número de familias que dependen de la coca, porque la resiembra es enorme y la migración para sembrar en otras partes es enorme”.

En ese sentido, al ver la foto completa de los resultados del monitoreo de cultivos 2019 de la UNODC se puede observar no solo el aumento en la producción del clorhidrato de coca sino otros puntos como que la erradicación forzosa aumentó pero disminuyó en un 79 por ciento la erradicación manual voluntaria vinculada al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). Además, como dice el informe “para el año 2019, no se registraron nuevas familias vinculadas al PNIS”.

 

Entonces, aunque es verdad que se han reducido las hectáreas cultivadas, hay varios “peros” sobre la lucha contra los cultivos ilícitos.

“Colombia venía derrotando a los grupos criminales, se desmovilizaron 13.000 guerrilleros y 39.000 paramilitares”

Uribe Moreno contesta con esta afirmación una pregunta acerca de los ocho años del Gobierno Santos que, para él, fueron un retroceso. Por eso menciona cifras del gobierno de su padre.  

Al preguntarle acerca de la fuente de las cifras de las desmovilizaciones, nos contestó que 

“El Tiempo publicó recientemente un informe sobre los desmovilizados en los últimos 20 años”.

Entonces, buscamos las publicaciones sobre este tema en El Tiempo y encontramos la nota “75.000 personas dejaron las armas en los últimos 20 años”, en la que se asegura que 75.731 integrantes de grupos irregulares se reincorporaron a la sociedad entre los años 2001 y 2020.

En la nota citan un informe de rendición de cuentas de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y aseguran “el grupo más grande que siguió ese mismo camino (el de la desmovilización) lo integran 36.376 excombatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en el gobierno de Álvaro Uribe; y 13.394 de las Farc-EP que se acogieron al acuerdo de paz en el gobierno de Juan Manuel Santos”.

En esa nota no se dan las cifras de cuántos miembros de grupos guerrilleros se desmovilizaron en el gobierno Uribe. Los 13.394 casos citados corresponden al acuerdo de paz de Santos.

  En Colombiacheck habíamos verificado el año pasado un trino de la senadora del Centro Democrático, Margarita Restrepo, quien aseguraba que en los dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe se habían desmovilizado 53.540 personas.

Al revisar las cifras que tiene la ARN publicadas en su página encontramos, a octubre pasado, esta información:

 

Sin embargo, las desmovilizaciones individuales de Farc y ELN no especifican de qué gobierno fueron. Así que buscamos documentos de la antigua Agencia Colombiana para la Reintegración, ACR, (nombre que tenía anteriormente la actual ARN) y encontramos una infografía del diario El Tiempo con datos de la ACR.

En este gráfico se indica que, entre 2003 y 2010, se desmovilizaron 35.261 miembros de las AUC, 14.357 de las Farc y 2.977 del ELN.

Los datos de Uribe Moreno sobre las desmovilizaciones durante la época de su padre no coinciden con las cifras actuales de El Tiempo o con las que este periódico publicó años atrás. En cuanto a grupos paramilitares, la diferencia es de aproximadamente 3.000 personas. En cuanto a los guerrilleros, la realidad es que el número de desmovilizados es mayor al que el hijo del expresidente aseguró. 

En cuanto a la referencia de Uribe Moreno de que Colombia venía derrotando a los grupos criminales, en agosto de 2010 la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (creada en el marco de la ley de Justicia y Paz) presentó el informe la Reintegración: logros en medio de rearmes y dificultades no resueltas.

Ese informe llamó la atención sobre el rearme. “Los grupos rearmados han sido conformados por desmovilizados que reincidieron en actividades similares a los anteriores bloques y, en general, relacionadas con el crimen organizado. Entre ellos las ‘Águilas Negras’, el bloque Nevados, ‘los Paisas’ y ‘los Rastrojos’. Los grupos emergentes existían y cobraron mayor presencia al copar espacios que fueron de las AUC y grupos que constituyeron por diversas razones luego de la desmovilización de las AUC”, se indicó. 

Además, “aparecen a la vez grupos mixtos, con posterioridad al inicio del proceso de DDR, con integrantes paramilitares no desmovilizados y desmovilizados y nuevos miembros, de forma que combinan rearmados y emergentes. Al igual que todos dan niveles de continuidad a espacios anteriores de bloques de las AUC, controlan economías ilícitas y se reconforman mediante fusiones y alianzas con otros grupos, en el marco de intensos procesos de disputa y expansión. Entre ellos ‘los Rastrojos’, ‘los Urabeños’, ‘Nueva Generación’ y Autodefensas Gaitanistas de Colombia”.

Otro de los puntos que destacó el informe es que “los informes regionales y la observación nacional realizada por la CNRR constató que los nuevos grupos armados ilegales se expandieron y consolidaron en varias regiones (...). Por tanto, entre ellos se entrecruzaron dinámicas de coordinación e integración y choques cruentos que generan verdaderas guerras locales en varias regiones, con expresiones rurales más amplias y urbanas en varias ciudades importantes”.

Y se mencionó informes de la Defensoría del Pueblo, de la MAPP/OEA y  de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre estos grupos armados ilegales y la violencia que generaron.

  Así que al analizar el contexto y las cifras inexactas dadas por Uribe Moreno calificamos la afirmación como cuestionable.

“La cocaína se redujo de 200.000 hectáreas a 60.000 hectáreas”.

Esta afirmación también la hace en su respuesta a la pregunta de los ocho años del Gobierno Santos, los que califica como un “retroceso”. En su respuesta entrega unas cifras de cómo estaba el país durante el gobierno de Uribe. Una de ellas es la relacionada con las hectáreas de cultivos de hoja coca y su reducción.

En este tema en Colombiacheck hemos realizado varios chequeos a afirmaciones de los expresidentes Uribe y Andrés Pastrana, entre otros (1, 2, 3). En esos chequeos hemos analizado las cifras de las últimas décadas.

Esta vez, contactamos, vía WhatsApp, a Tomás Uribe Moreno y le preguntamos acerca de la fuente de sus datos. Nos respondió: “Gobierno AUV: revisa cifras Mindefensa. Son cifras bastante públicas”.

Así que nos remitiremos a las cifras del Simci, que son las que tiene en cuenta el Ministerio de Defensa.

El director para la veeduría defensa de Wola (Washington Office on Latin America), Adam Isaacson, recopiló en el gráfico “24 años de coca y erradicación en Colombia” las cifras de dos monitoreos de las hectáreas de coca en Colombia desde 1994. El gráfico tiene los datos de Simci y los de Estados Unidos.

Asimismo, en este informe de la UNODC se pueden observar las cifras de Colombia entre 2001 y 2017. 

 

Uribe Vélez fue presidente de Colombia entre agosto de 2002 y agosto de 2010. Así que al observar los datos de estos años encontramos que en 2002 ninguna de las dos mediciones coinciden con las 200.000 dadas por Uribe Moreno. 

Ese año, según el Simci, Colombia tenía 102.000 hectáreas, mientras que según EE.UU., el número de hectáreas era de 144.000. 

Por otra parte, la cifra de 60.000 dada por Uribe Moreno para el año en el que Uribe Vélez dejó el poder, 2010, sí tiene una coincidencia. Ese año, el Simci reportó 62.000 hectáreas de coca, mientras que Estados Unidos reportó 100.000. 

Durante los dos gobiernos de Uribe Vélez, la disminución de los cultivos de coca fue, de acuerdo con los datos de la UNODC y del Simci, de 40.000 hectáreas, mientras que con los de Estados Unidos fue de 44.000. Esta disminución continuó hasta 2013, cuando de nuevo empezaron a aumentar los cultivos. Pero, en cualquier caso, las cifras se alejan de la reducción de 140.000 hectáreas que afirmó Uribe Moreno.

Así que, aunque Uribe Moreno tiene razón al resaltar que hubo una disminución en cultivos ilícitos durante los ocho años de presidencia de su padre, no es cierto que Uribe Vélez haya recibido el país con 200.000 hectáreas de coca, ni que la reducción haya sido de 140.000 hectáreas, por lo que calificamos su afirmación como falsa.

“El secuestro se redujo en un 90 por ciento”

En su respuesta a nuestras preguntas, Uribe Moreno también dijo que estas cifras vienen del Ministerio de Defensa. 

Recientemente, en el “Chequeo a los logros de Duque en el discurso del 7 de agosto”, verificamos la afirmación del presidente cuando aseguró que su gobierno había logrado “la tasa de secuestros más baja en más de cuatro décadas”. 

En esa nota revisamos las cifras de secuestros en las últimas cuatro décadas. Para los datos entre 1979 y 2010 utilizamos la base de datos de Cifras y Conceptos del libro Una sociedad secuestrada del Centro de Memoria Histórica, que da un panorama del secuestro en Colombia desde 1970 hasta 2010. 

 

Aparte de estos documentos, encontramos un informe del Ministerio de Defensa con las cifras de secuestro entre 1996 y 2010.

 

Los datos de las tres fuentes son similares. En 2002, cuando Uribe llegó al poder, el número de secuestros fue de 2.882 y a su salida, la cifra fue de 282. Al sacar el porcentaje de esta disminución, efectivamente fue del 90 por ciento. Así que el dato dado por Uribe Moreno es verdadero.

Aunque se debe aclarar, como se observa en la siguiente gráfica de un informe del Ministerio de Defensa, que los secuestros durante el gobierno de Santos también descendieron (exceptuando un aumento en 2011 y 2012). En 2018, último año de su gobierno, hubo 176 secuestros.

 

“Colombia pasó de tener 28.000 asesinatos a 14.000 asesinatos”

En este punto, una vez más, Uribe Moreno nos indicó que las cifras son las del Ministerio de Defensa.

En chequeos anteriores hemos explicado que, generalmente, existen dos fuentes que miden los homicidios: Medicina Legal y la Policía. El Ministerio de Defensa se basa en los datos de esta última institución.

La investigadora en temas de seguridad Katherine Aguirre, del Instituto Igarapé de Brasil, recopiló las cifras de homicidios en Colombia entre 1946 y 2017, teniendo como fuentes la Policía y Medicina Legal. 

 

[Foto]

 

En esa tabla podemos ver que, en los datos de la Policía, para 2002 se presentaron 28.481 homicidios y en 2010 la cifra fue de 15.454. En ambos años, los datos de Uribe Moreno no son exactos, pues tienen una diferencia de 481 y 1.454 casos, respectivamente.

En cuanto a los datos de Medicina Legal, la cifra fue de 28.532, en 2002, y de 17.459, en 2010. Así que en este caso las diferencias fueron de 532 y 3.459 homicidios, respectivamente.

Así que en ninguno de los dos casos las cifras dadas por el hijo del expresidente Uribe son exactas. Aunque sí se debe reconocer que en en esos años se presentó una disminución en los homicidios.

En un balance de los homicidios en 2019, realizado por el medio especializado en crimen organizado de América Latina Insight Crime, se indicó que “después de una constante disminución de los homicidios entre 2002 y 2017 y un pequeño repunte en 2018, las cifras en Colombia volvieron a caer en 2019, a pesar de que la criminalidad del país continúa en un proceso de adaptación tras la retirada de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc)”.

En el artículo “Mortalidad por homicidios en Colombia, 1998-2012” publicado en la revista Biomédica, se dice que “la marcada tendencia al descenso en la mortalidad por homicidios entre 2002 y 2012 se ha tratado de explicar de diferentes maneras. Se han mencionado, entre otras razones: el establecimiento del Plan Colombia (programa socioeconómico orientado a la lucha antidrogas que se desplegó para erradicar cultivos y cimentar una paz negociada con las guerrillas); la implementación de la política de seguridad democrática; la adopción de políticas y programas que restringieron el consumo de bebidas alcohólicas y el uso y porte de armas en ciudades como Medellín, Bogotá y Cali, y el proceso de la desmovilización de los paramilitares. Sin embargo, se ha señalado que, después del 2002, a estos elementos de disminución de la violencia homicida, se podrían haber sumado nuevos actores, factores y transformaciones, aunque la implementación del Plan Colombia, de la política de seguridad democrática y el proceso de desmovilización de los paramilitares efectivamente se reflejaron en la reducción de los homicidios”.

Así que, aunque sí se presentó una disminución en los homicidios durante los gobiernos de Uribe Vélez, las cifras dadas por Uribe Moreno no coinciden con los datos disponibles, ni siquiera con la fuente que cita él mismo, por lo que calificamos su afirmación como falsa.

Por otra parte, la disminución de los homicidios no solo se presentó durante el gobierno Uribe. En 2018 (aunque se registró un leve aumento con respecto a 2017) la cifra fue menor que la de 2010 en 2.536 casos, según las cifras de la Policía, y 5.329 casos, de acuerdo con los datos de Medicina Legal.

“El Gobierno que elegimos en 2010 se aburrió del éxito y le dio por probar otras fórmulas, nos llevó a un proceso de paz que tiene algo destacable porque desmovilizó a 11.000 personas”.

Uribe Moreno, como explicamos en el chequeo sobre las cifras de las desmovilizaciones del gobierno de su padre, aseguró que los datos de las desmovilizaciones son del informe de El Tiempo.

Pero la cifra de las desmovilización de las Farc que se publica en ese informe es de “13.394 de las Farc-Ep que se acogieron al acuerdo de paz en el gobierno de Juan Manuel Santos”.

 

Asimismo, al revisar los datos de la ARN, con corte de octubre, la cifra de desmovilizados de las Farc por el acuerdo de paz es de 13.987. La diferencia es de 2.987 desmovilizados, así que la cifra dada por Uribe Moreno en este caso es falsa.

Santos “subió impuestos y el IVA al 19 por ciento”

En sus ocho años de gobierno, el expresidente Juan Manuel Santos logró pasar por el Congreso tres reformas tributarias (2010, 2012, 2016) y una minireforma en 2014. La más reciente de las cuatro, que pretendía ser “estructural”, fue la que subió la tarifa general del IVA del 16 al 19 por ciento. En cuanto al resto, si bien hubo una rebaja en la tarifa de renta para algunas empresas y hasta el intento de eliminar el gravamen de 4 por 1.000 en los movimientos financieros, al final sí le da la razón a la crítica de Uribe Moreno, que es verdadera.

Cuando faltaba un mes para la posesión de Iván Duque, un balance del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana concluyó, entre otras cosas, que “a pesar que el presidente Santos prometió aumentar el recaudo por métodos diferentes al aumento de las tarifas impositivas, la realidad lo obligó a comportarse de otra forma”. En medio de la campaña presidencial, Colombiacheck también calificó como verdadera una afirmación similar del entonces candidato del partido Centro Democrático.

No solo aumentó el IVA, terminó dejando el 4 por 1.000 y devolvió la tarifa de renta para las empresas a 33 por ciento después de haberla bajado a 25 por ciento. También creó nuevos impuestos y sobretasas a las ya existentes, fueran temporales como el de la equidad (CREE) o permanentes como el de consumo, el de las bolsas plásticas o el de carbono. La renta para personas naturales también tuvo cambios que ampliaron su cobro a más gente.

Además, de acuerdo con la misma institución académica, estas reformas aumentaron el recaudo pero poco contribuyeron a cambiar la inequidad tributaria del país. “La frecuencia de los cambios en el Estatuto Tributario puede ser evidencia de que este tipo de reformas, que se presentan como estructurales pero que solo cuadran la caja de las cuentas públicas en el corto plazo, pueden no ser necesariamente el mejor camino para tener un erario saludable ni la mejor medicina para abordar los graves problemas de redistribución de la riqueza en nuestra sociedad”, señaló el citado artículo del observatorio.

“La JEP le cuesta al país 300.000 millones de pesos al año. En 15 años son 4,5 billones de pesos, eso equivale a una pequeña reforma tributaria”

Colombiacheck le preguntó a Tomás Uribe Moreno, a través de un cuestionario, en qué basaba esta afirmación, pero este punto no lo respondió.

Uribe Moreno se acerca al presupuesto anual que ha tenido, hasta ahora, la Justicia Especial para la Paz, JEP, pero según los expertos se equivoca al compararlo con el recaudo de una reforma tributaria.

A esta jurisdicción se le asignaron 250’440.000 pesos para iniciar labores en 2017. 

El presupuesto para 2018 aparece en un documento de MinHacienda tanto como de 218.307'000.000 y como de 4.000'000.000 (le escribimos a la JEP pidiendo una aclaración en este punto, pero no recibimos respuesta).

En 2019 se le asignaron 292.465’828.023 pesos. Y en 2020, 316.850’695.183 pesos. (Al momento de publicación de esta nota no estaba publicada la ley de presupuesto general de la Nación aprobada para 2021).

Es decir que, con excepción de 2017 (cuando el presupuesto fue de unos 250 millones de pesos), el presupuesto anual de la JEP sí ha rondado los 300.000 millones de pesos, como dice Uribe Moreno. (Y, en efecto, 300.000 millones, multiplicado por 15, da 4,5 billones, o 4’500.000’000.000 pesos)

También hay que aclarar que la existencia de la JEP se calculó para 15 años, pero esta podrá funcionar hasta por 20.

Alejandro Rodríguez, investigador de temas fiscales y económicos de Dejusticia, le explicó a Colombiacheck que, si bien el presupuesto anual que ha recibido la JEP desde 2019 está alrededor de la cifra que indica Tomás Uribe, ese monto no es comparable con una reforma tributaria.

El investigador calcula que, basándose en los presupuestos asignados desde que se creó la JEP, el aumento de estos ha sido de alrededor del 4% y espera que suba al 10 y al 12%, e incluso más a medida que vaya mostrando resultados, pues eso le va a incrementar el trabajo y por ende va a necesitar más dinero.

“Desde su creación, la JEP está en medio de un conflicto político que la ha puesto en una inestabilidad y en una vulnerabilidad constante en la que se le quiere atacar ya sea acabando con ella o quitándole recursos. Pero la lógica sería que sus recursos se incrementen exponencialmente porque es una entidad transitoria que con el paso del tiempo, entre más legitimidad gane, va a tener más casos. La JEP tiene un trabajo titánico y es tratar de esclarecer los hechos de un conflicto de casi 50 años”, señaló.

Rodríguez recordó que el Gobierno define un anteproyecto de presupuesto nacional que concilia cada año con cada entidad según las necesidades de las mismas y que luego va a discusión al Congreso de la República.

Para él, comparar el costo de la JEP en su periodo total de funcionamiento con el valor de una reforma tributaria no viene al caso porque una reforma de 4,5 billones, así sea bautizada como mini, no sirve para mucho porque es muy poca plata. “En cada reforma tributaria se otorgan beneficios tributarios que son pérdidas de ingresos para el Estado, en la última se aprobó renunciar a alrededor de 10 billones de pesos anuales, que es el doble de lo que costaría la JEP en 15 años, según los cálculos de Tomás Uribe. Habría que mirar cuánto se está regalando en impuestos en cada reforma tributaria”, indicó.

Por último, el investigador aseguró que en términos de recursos 4,5 billones de pesos para una entidad en 15 años no es mucho y llamó la atención sobre que sin la JEP habría que calcular entonces el gasto del conflicto contra las extintas Farc. En un chequeo reciente Colombiacheck contó que a las fuerzas armadas (Ejército, Fuerza Aérea y Armada) les asignaron 9,2 billones de pesos para la vigencia 2019, es decir, esas instituciones se gastan en un solo año el doble de lo que Tomás Uribe calcula que se gastaría la JEP en 15 años.

Para Juan Camilo Serrano, asesor tributario y columnista de Ámbito Jurídico, la comparación que hace Tomás Uribe tampoco es válida.

“Cuando se plantea una reforma tributaria, la más pequeña de todas, por lo menos en las proyecciones, busca recaudar más o menos alrededor de seis billones, pero anuales. Hay algunas reformas tributarias que establecen ingresos menores el primer año de vigencia de la reforma, pero es ascendente en el tiempo”, explicó y aseguró que “en los 15 años de funcionamiento de la JEP sería mucho mayor el recaudo”, concluyó.

“En Colombia hay 15 jueces por cada 100.000 habitantes, mientras que en el promedio de la OCDE son 30 jueces por la misma cantidad de habitantes”.

Sobre esta afirmación, le consultamos a Tomás Uribe sobre el origen de los datos, y contestó: “El dato (de) jueces es de la OCDE”. 

Buscamos en los informes del sector de justicia de este organismo, y encontramos esta publicación en la que menciona que el promedio de jueces por cada 100.000 habitantes es de 16 entre los países miembros (pág. 21). Y la tasa es mucho menor en naciones como Australia, Irlanda, Reino Unido y Nueva Zelanda, donde el promedio bajaba a 5. 

Sin embargo, el informe fue publicado en 2013, por lo que decidimos escribir a la OCDE a través de sus canales digitales para consultar por información más actualizada.

Entonces nos recomendaron revisar una tabla incluida en este documento publicado en septiembre de este año. La tabla (pág. 46) se titula ‘Número de jueces profesionales y fiscales por cada 100.000 habitantes en países de la Ocde, en 2016’.

La tabla muestra solo a países europeos, pues la fuente de los datos no es directamente la OCDE, sino la CEPEJ (Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia), órgano del Consejo de Europa. 

Sobre los países miembros no europeos, encontramos este otro documento de la OCDE que incluye datos del número de jueces por cada 100.000 habitantes en naciones de Latinoamérica. Y en este caso, la fuente también es externa: la UNODC (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), de 2015. 

Decidimos entonces acudir directamente a las fuentes que usa la OCDE para sus informes. 

En el caso de Europa, encontramos que la CEPEJ publicó en septiembre su más reciente reporte de evaluación sobre los sistemas judiciales en el continente, que incluye datos sobre el número de jueces por cada 100.000 habitantes (pág. 48).

Entre los 50 países que tiene en cuenta el informe, el promedio de jueces por cada 100.000 habitantes es de 21.

Sin embargo, no todos los países del listado son miembros de la OCDE. Seleccionamos los datos de 28 de ellos que sí pertenecen al organismo, y el promedio resultó ser 19.

Para completar el listado, buscamos en la UNODC los datos de los otros miembros de la OCDE por fuera de Europa: Australia, Canadá, Chile, Colombia, República de Corea, Estados Unidos, Japón, México y Nueva Zelanda. 

Completando el listado, cruzando la información de la CEPEJ y la UNODC, encontramos que el promedio de jueces por cada 100.000 habitantes en los 37 países de la OCDE es de 16. Igual que se menciona en el documento publicado en 2013.

De esta forma, no es cierto que el promedio de esta tasa de jueces por habitantes entre los países de la OCDE sea de 30, como aseguró Tomás Uribe en su entrevista con Semana.

Ahora, respecto a la tasa de jueces por habitantes en Colombia, consultamos el informe anual que presentó el Consejo Superior de la Judicatura al Congreso de la República en 2020, sobre su gestión en 2019.

En ese documento se informa que el promedio de jueces por cada 100.000 habitantes es de 11, teniendo en cuenta que en Colombia, en 2019, había 5.594 jueces activos. 

De esta forma, concluimos que tampoco es preciso el dato brindado por Tomás Uribe sobre la tasa de jueces por cada 100.000 habitantes en Colombia. El hijo del expresidente Álvaro Uribe dijo que eran 15, y en realidad, según la Rama Judicial, son 11.

Ahora, si la intención es subrayar un déficit de jueces para atender los procesos judiciales en el país, la misma Rama Judicial se ha pronunciado al respecto.

En su informe, el Consejo Superior de la Judicatura advierte que la tasa de jueces por habitantes no ha evolucionado desde 1993, cuando el promedio era de 10,8. “En ese período de tiempo, la cantidad de procesos aumentó en un 177%, mientras que la proporción de jueces se mantiene prácticamente igual”, dice el documento. 

Así también lo subrayó en julio de este año la Contraloría General de la República, en un informe de auditoría en el que señaló que el índice de congestión efectivo en el sistema judicial alcanzó el 50,7% en 2019. Es decir, de cada 100 procesos que estaban en despachos judiciales en 2019, 50 quedaron pendientes para trámite y resolución de fondo en 2020.

Y entre las causas de la congestión de procesos judiciales, la Contraloría mencionó que mientras la carga laboral de los jueces aumentó en 4,27% en 2019, respecto a 2018, el número de jueces apenas creció en 0,04%. 

Uribe Moreno menciona el déficit de jueces en Colombia como argumento para su respuesta de eliminar la JEP.

“Desde un punto de vista práctico, creo que si las Farc no van a pagar cárcel, es mejor darles una amnistía, tragarse ese sapo, ahorrarnos esa platica de la JEP y más bien destinarla a fortalecer los jueces de circuito, de tribunal”, dice en su respuesta.

Para Diana Isabel Güiza, investigadora en justicia transicional y estudiante de doctorado en Ciencia Política y Estudios de Paz de la Universidad de Notre Dame, una cosa no debe llevar a la otra.

“Por su puesto que necesitamos fortalecer la justicia ordinaria, pero para eso se deben encontrar recursos. No debe significar la eliminación de la JEP, pues esta surgió justamente porque era evidente que la justicia ordinaria no podía responder a la gran cantidad de crímenes ordinarios sumados a los crímenes ocasionados en el conflicto armado”, explica la jurista.

Por esa misma razón, para la abogada tampoco es preciso comparar ambos sistemas judiciales, como lo hace Uribe Moreno.

“La razón de ser de la JEP es distinta a la justicia ordinaria. Para firmar el Acuerdo de Paz se necesitaba un sistema que generara incentivos. La idea es que quienes comparezcan ante la JEP aporten verdad, participen en la reparación frente a las víctimas, y den garantías de no repetición; y a cambio puedan recibir unos incentivos que son unas sanciones menores pero igualmente rigurosas”, señala.

El “escándalo” de la zona franca

Colombiacheck le consultó a Tomás Uribe si podría enviarnos las escrituras de los predios en cuestión, en los que se demuestra que cuando los adquirieron ya tenían el uso industrial, y precisar cuál es la sentencia que citó en la entrevista con Semana. 

Su respuesta fue que buscáramos un “fallo de juez de primera instancia a acción popular” y que revisáramos el “POT de 2000”. Luego envió tres fotos de fragmentos de una sentencia con el mensaje: “Es del 17 de enero de 2011, Juzgado Tercero Administrativo de Bogotá, Sección Primera. Providencia en firme”.

Pero los hechos que describe el empresario mezclan datos ciertos con inexactitudes, al tiempo que omiten información importante. Por eso calificamos su respuesta como cuestionable.

La historia se remonta al 15 de diciembre de 2006, cuando los hermanos Tomás y Jerónimo Uribe Moreno compraron los predios San Laureano y El Paraíso en la vereda Siete Trojes del municipio de Mosquera, en Cundinamarca. 

Como lo reveló Noticias Uno en 2009, de acuerdo con las escrituras 4197 y 4198 consignadas en la Notaría 11 de Bogotá, sus respectivos valores fueron de 6.124’240.000 y 2.532’052.000 pesos.

Dos semanas más tarde, el 29 de diciembre, fue expedida la revisión con la que se le hicieron varios ajustes al Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) de Mosquera establecido en el Acuerdo 1 del 2000. Aquí es donde entra el argumento de Uribe Moreno: él dice que el uso industrial del suelo en ese sector ya existía dos años antes de que su papá asumiera la Presidencia de la República porque así lo registraba el PBOT del año 2000. 

Recordemos que Álvaro Uribe Vélez fue presidente de Colombia entre 2002 y 2006 (primer mandato) y 2006 y 2010 (segundo mandato). Pero eso no es del todo cierto.

Con la cédula catastral que aparece en el certificado de tradición del predio San Laureano, Colombiacheck confirmó las coordenadas exactas de esa zona en el Geoportal del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y las contrastó en Google Maps con las indicaciones que dan las dos versiones del PBOT municipal sobre los usos del suelo en esa zona (artículos 14, 15, 22 y 66). 

Es cierto que el plan, desde su primera versión, preveía el Plan Parcial Siete Trojes (PP7T) con usos “industrial, complementarios, comercial y recreacional” en suelos de expansión que cubrían desde el ferrocarril hacia el norte, entre el casco urbano y los límites con los vecinos municipios de Funza y Madrid. Este fue el argumento acogido por la sentencia del Juzgado 3 Administrativo de Bogotá que menciona el empresario, la cual negó las pretensiones de la acción popular interpuesta contra la Alcaldía de Mosquera, la DIAN y otras entidades por la ciudadana Mary Alexandra Ariza Parra.

No obstante, los mismos planes seguían considerando Siete Trojes como un área rural, puesto que la adopción de planes parciales no depende solo de los de ordenamiento territorial sino que estos son apenas el primer paso descrito en la ley. El resto de decisiones que favorecieron el negocio salieron tanto de la Alcaldía de Mosquera como del Gobierno Nacional durante la administración del expresidente Uribe Vélez, cosa que su hijo omite.

Así lo demuestran tanto las investigaciones de Noticias Uno y su director, Daniel Coronell, quien publicó una columna en la revista Semana. Además, encontramos una tesis de la Maestría en Ordenamiento Urbano y Regional de la Universidad Nacional de Colombia, realizada por Luis Antonio Gutiérrez Clavijo, en que que se señala, por ejemplo, que el municipio modificó su reglamentación urbanística con el decreto 53 de 2007 de modo que aumentó el índice de ocupación máxima de 0,50 a 0,75 “en suelos de actividad industrial y comercial y en suelo de expansión del sector Siete Trojes” y, casi al tiempo:

Los predios San Laureano y El Paraíso fueron agrupados con otros diez predios rurales de la vereda Siete Trojes para comenzar a gestionar el Plan Parcial que les permitiera materializar la categoría de suelo de expansión, por medio de la obtención posterior de la licencia de urbanismo. 

Meses después, la Alcaldía de Mosquera expidió el decreto municipal 116 del 27 de agosto de 2007, que desarrolló el PP7T previsto en los PBOT con la expansión de la zona industrial que incluyó los lotes en cuestión. “Lo que antes se vendía por hectáreas se empezó a cotizar por metros cuadrados”, escribió Coronell en la columna de opinión del 18 de abril de 2009 anteriormente mencionada y titulada “Sobrados de lote”.

Todos estos movimientos, según denunció Coronell, se hicieron a través de una empresa en cabeza de Tomás y Jerónimo Uribe Moreno llamada Residuos Ecoeficiencia. En el texto el periodista afirma:

Residuos Ecoeficiencia, la compañía controlada por Tomás y Jerónimo, autorizó cambios en el contrato fiduciario FC-Lotes Mosquera. Gracias a esos cambios, los terrenos fueron entregados en comodato a una nueva sociedad llamada Zona Franca de Occidente (ZFO). 

Con los papeles en regla, ZFO solicitó a la Comisión Intersectorial de Zonas Francas su concepto para la aprobación del proyecto. Esa comisión está integrada por altos subalternos del Presidente. Son ellos el Ministro de Comercio, el Ministro de Hacienda, la Directora del Departamento Nacional de Planeación, el director de la Dian y el Ministro Consejero de la Presidencia de la República.

Esto último es a lo que se refiere Tomás Uribe en la entrevista con Semana al decir que “todos los trámites de calificación” los hizo la Zona Franca de Occidente para, finalmente, el 18 de diciembre de 2008, obtener la declaración de Zona Franca Permanente en el sector de Siete Trojes.

El empresario omite que hay otra acción popular en curso, que interpuso el abogado y periodista Felipe Zuleta Lleras. Este proceso se refiere específicamente a la ampliación de la ZFO por parte del Gobierno Nacional, más allá de si cambió o no el uso del suelo por parte de las autoridades locales. Este proceso dio pie a una sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en contra del demandante, que pedía revocar la zona franca. Sin embargo, está pendiente una decisión definitiva por parte del Consejo de Estado en segunda instancia, o sea que el proceso sigue abierto.

Uribe Moreno tampoco menciona que, de acuerdo con la investigación de Noticias Uno, una empresa del entonces alcalde de Mosquera, Álvaro Rozo (de quien ya habíamos publicado un chequeo sobre su relación con el actual gobernador de Cundinamarca, Nicolás García), y su familia adquirió parte de los terrenos en cuestión al terminar su mandato.

Por tanto, la versión que le dio a la revista es cuestionable porque está incompleta y cuenta solo las partes que le convienen.