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Jueves, 11 Abril 2019

No se necesita objeción a la JEP para extraditar a exguerrilleros reincidentes

Por José Felipe Sarmiento

Los exintegrantes de las Farc acusados en otros países de cometer delitos después de la firma de la paz sí pueden ser enviados a responder allá con las normas vigentes. El presidente Iván Duque pedía que se determinara la fecha sin pedir pruebas.

En una serie de tuits publicados la mañana del pasado martes, la senadora Paloma Valencia emitió varios argumentos a favor de las objeciones que el presidente Iván Duque le hizo al proyecto de ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP) que habían sido negadas la noche anterior en la Cámara de Representantes y ahora deben ser estudiadas en Senado, donde ya tienen ponencia en contra.

“¿Usted está de acuerdo con que quienes vuelvan a delinquir en las Farc puedan ser extraditados? Si es así, usted está de acuerdo con las objeciones”, planteó la congresista del Centro Democrático en uno de los mensajes.

Captura de pantalla del tuit de la senadora Paloma Valencia

Entre las seis objeciones solo hay una que se refiere al proceso de extradición de exguerrilleros de las Farc. Según el mandatario, la iniciativa “no precisa (...) que la Sección de Revisión del Tribunal de Paz no puede practicar pruebas” cuando estudia la fecha en la que ocurrieron los hechos por los que un país solicita en extradición a un exintegrante de ese grupo armado.

Duque se basaba en la Ley de Procedimiento de la JEP aprobada por el Congreso, que sí había puesto esa restricción. Pero el argumento se deshizo dos días después de que anunciara su decisión de objetar la estatutaria, porque la Corte Constitucional falló en una demanda contra esa norma y determinó que sí debe tener la posibilidad de “practicar pruebas conducentes, pertinentes y útiles, para emitir su concepto”.

El alto tribunal también aclaró que esto “no interfiere” con la cooperación internacional, contrario a lo que había dicho el presidente. Además, determinó que las pruebas son necesarias para respetar el debido proceso, el Acuerdo del Teatro Colón y el acto legislativo que creó el sistema de justicia transicional, pues los dos últimos establecen la “garantía de no extradición” para los desmovilizados de las Farc.

Entonces, la JEP tiene la potestad de impedir la extradición de cualquier exmiembro de esa organización ilegal pedido desde el exterior, siempre y cuando establezca que el país remitente lo acusa con base en una conducta previa a la firma de la paz entre el Gobierno y las Farc en 2016. Pero si, por el contrario, se prueba que el presunto delito se presentó después de esa fecha y sin relación con la dejación de armas, el procesado pierde su beneficio y la solicitud pasa a hacer el trámite ordinario en la Corte Suprema de Justicia.

Esto quiere decir que los reincidentes que pertenecieron a ese grupo sí pueden ser extraditados con las normas actuales. La sentencia de constitucionalidad sobre el proyecto objetado también describe en detalle todo el procedimiento correspondiente y las competencias de cada entidad implicada, en cada escenario posible.

Por ejemplo, el exjefe guerrillero Seuxis Hernández, conocido como ‘Jesús Santrich’, fue capturado en 2018 porque Estados Unidos lo señala de participar en una conspiración para enviar droga a ese país con posterioridad a la firma del Acuerdo Final. En consecuencia, la Jurisdicción Especial está estudiando si le retira la garantía de no extradición.

Así, el argumento de Valencia es falso. Estar de acuerdo con que los reincidentes de las Farc puedan ser extraditados no implica estarlo con las objeciones al proyecto estatutario.

Además, otro mensaje de la senadora, con la misma fórmula de pregunta y respuesta a favor de las objeciones, se relaciona con una verificación que Colombiacheck ya había hecho. Esta tiene que ver con las investigaciones contra los reincidentes por parte de la Fiscalía y coincide con una tesis falsa que planteó el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, en una carta al presidente Duque sobre la ley estatutaria.

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Viernes, 21 Agosto 2020

Tribunal Europeo de Derechos Humanos no puede actuar en caso Mancuso

Por Sania Salazar

El tribunal al que piensa acudir el Gobierno no juzga personas ni delitos de tipo penal como los que cometió el exjefe paramilitar, sino Estados. Colombia tampoco hace parte del convenio por el cual opera ese tribunal.

El Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, aseguró que el gobierno colombiano tiene la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (también conocido como TEDH y Tribunal de Estrasburgo) en caso de que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso sea deportado a Italia y no extraditado a Colombia.

“El Tribunal de Derechos Humanos de Europa tiene una responsabilidad y es juzgar los delitos contra derechos humanos contra ciudadanos de cualquier parte del planeta y en ese sentido tenemos un recurso, yo sé que a veces estas cosas nos llevan al pesimismo, pero hay un recurso válido, hay un tribunal serio que ha demostrado juzgar a aquellos criminales que han cometido los peores delitos en el mundo, así se vaya él (Mancuso) para Europa, allá hay un tribunal al cual recurriremos con toda la fuerza”, le dijo Ceballos a W Radio.

Lo que dijo Ceballos es falso porque el Gobierno colombiano no tiene ningún recurso ante el TEDH, ya que este hace parte de un convenio del que no forma parte Colombia, ese tribunal no juzga personas sino Estados y tampoco juzga delitos penales como los que tienen en prisión a Mancuso. Así lo explicó una experta en el tema a Colombiacheck y lo hicieron ver reconocidos expertos en derecho en Twitter. Por lo tanto, ese tribunal no tendría cómo exigirle nada a Mancuso en caso de que él sea deportado a Italia.

María Cecilia Ibáñez, profesora de derechos humanos en la Universidad de Los Andes y magíster en derecho internacional y europeo de los derechos humanos de la Universidad de Leiden, le explicó a Colombiacheck que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es un órgano del Consejo de Europa que se encarga de interpretar un tratado internacional de derechos humanos, que es el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El tribunal se encarga de juzgar y condenar Estados, no a individuos. 

“Para que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pueda condenar a un Estado, este tiene que haber ratificado el Convenio Europeo de Derechos Humanos y ese no es el caso de Colombia. Los países que han ratificado ese Convenio son europeos y, cuando lo hacen, le dan poder al Tribunal para que se pronuncie por violaciones de derechos humanos en las que han incurrido estos Estados. Pero el Tribunal no lo puede hacer respecto de cualquier Estado del mundo”, aclaró Ibáñez.

Durante la entrevista en W Radio, Ceballos argumentó que Mancuso violó los derechos humanos al cometer crímenes de lesa humanidad, pero Ibáñez explicó que los tribunales de derechos humanos se pronuncian, precisa y exclusivamente, sobre violaciones de estos derechos, que no necesariamente son lo mismo que los crímenes de lesa humanidad, que están establecidos en el Estatuto de Roma.

Como ya lo ha explicado Colombiacheck el Estatuto de Roma rige la competencia y el funcionamiento del máximo tribunal de justicia penal del mundo y tiene un carácter permanente y complementario respecto de las jurisdicciones nacionales. Es decir, actúa en el caso de que los Estados no lo hagan de manera genuina.

Los crímenes de lesa humanidad son, según el Estatuto de Roma, cualquiera de los siguientes actos (como parte de un ataque generalizado y sistemático) contra población civil: asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, y desaparición forzada de personas, entre otros.

“En derecho internacional una cosa son violaciones de derechos humanos, establecidos en un tratado de derechos humanos y otra cosa son crímenes de lesa humanidad. Hay muchos casos en los que pueden traslapar estos conceptos, pero es importante resaltar que la Corte Penal Internacional y los tribunales penales internacionales son los que se pueden pronunciar sobre crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Los tribunales de derechos humanos no tienen competencia sobre crímenes de lesa humanidad”, precisó Ibáñez.

Así que es falsa la afirmación de Ceballos, quien se desempeñó como director del Instituto de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Sergio Arboleda y como director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Javeriana, sobre la competencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso de Mancuso.