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Jueves, 11 Abril 2019

No se necesita objeción a la JEP para extraditar a exguerrilleros reincidentes

Por José Felipe Sarmiento

Los exintegrantes de las Farc acusados en otros países de cometer delitos después de la firma de la paz sí pueden ser enviados a responder allá con las normas vigentes. El presidente Iván Duque pedía que se determinara la fecha sin pedir pruebas.

En una serie de tuits publicados la mañana del pasado martes, la senadora Paloma Valencia emitió varios argumentos a favor de las objeciones que el presidente Iván Duque le hizo al proyecto de ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP) que habían sido negadas la noche anterior en la Cámara de Representantes y ahora deben ser estudiadas en Senado, donde ya tienen ponencia en contra.

“¿Usted está de acuerdo con que quienes vuelvan a delinquir en las Farc puedan ser extraditados? Si es así, usted está de acuerdo con las objeciones”, planteó la congresista del Centro Democrático en uno de los mensajes.

Captura de pantalla del tuit de la senadora Paloma Valencia

Entre las seis objeciones solo hay una que se refiere al proceso de extradición de exguerrilleros de las Farc. Según el mandatario, la iniciativa “no precisa (...) que la Sección de Revisión del Tribunal de Paz no puede practicar pruebas” cuando estudia la fecha en la que ocurrieron los hechos por los que un país solicita en extradición a un exintegrante de ese grupo armado.

Duque se basaba en la Ley de Procedimiento de la JEP aprobada por el Congreso, que sí había puesto esa restricción. Pero el argumento se deshizo dos días después de que anunciara su decisión de objetar la estatutaria, porque la Corte Constitucional falló en una demanda contra esa norma y determinó que sí debe tener la posibilidad de “practicar pruebas conducentes, pertinentes y útiles, para emitir su concepto”.

El alto tribunal también aclaró que esto “no interfiere” con la cooperación internacional, contrario a lo que había dicho el presidente. Además, determinó que las pruebas son necesarias para respetar el debido proceso, el Acuerdo del Teatro Colón y el acto legislativo que creó el sistema de justicia transicional, pues los dos últimos establecen la “garantía de no extradición” para los desmovilizados de las Farc.

Entonces, la JEP tiene la potestad de impedir la extradición de cualquier exmiembro de esa organización ilegal pedido desde el exterior, siempre y cuando establezca que el país remitente lo acusa con base en una conducta previa a la firma de la paz entre el Gobierno y las Farc en 2016. Pero si, por el contrario, se prueba que el presunto delito se presentó después de esa fecha y sin relación con la dejación de armas, el procesado pierde su beneficio y la solicitud pasa a hacer el trámite ordinario en la Corte Suprema de Justicia.

Esto quiere decir que los reincidentes que pertenecieron a ese grupo sí pueden ser extraditados con las normas actuales. La sentencia de constitucionalidad sobre el proyecto objetado también describe en detalle todo el procedimiento correspondiente y las competencias de cada entidad implicada, en cada escenario posible.

Por ejemplo, el exjefe guerrillero Seuxis Hernández, conocido como ‘Jesús Santrich’, fue capturado en 2018 porque Estados Unidos lo señala de participar en una conspiración para enviar droga a ese país con posterioridad a la firma del Acuerdo Final. En consecuencia, la Jurisdicción Especial está estudiando si le retira la garantía de no extradición.

Así, el argumento de Valencia es falso. Estar de acuerdo con que los reincidentes de las Farc puedan ser extraditados no implica estarlo con las objeciones al proyecto estatutario.

Además, otro mensaje de la senadora, con la misma fórmula de pregunta y respuesta a favor de las objeciones, se relaciona con una verificación que Colombiacheck ya había hecho. Esta tiene que ver con las investigaciones contra los reincidentes por parte de la Fiscalía y coincide con una tesis falsa que planteó el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, en una carta al presidente Duque sobre la ley estatutaria.

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Cuestionable

Lunes, 06 Julio 2020

‘Santos dijo que no extraditaba a Makled a Estados Unidos sino a Venezuela, que porque con EE.UU. no había tratado, y después, para pedir que trajeran a Arias, dijo que sí había tratado’: Cuestionable

Por José Felipe Sarmiento

Esta es una de las respuestas dadas por el expresidente Álvaro Uribe en su entrevista en La Silla Vacía. En Colombiacheck verificamos varias de sus afirmaciones.

-¿Usted cree que ahí usted crea un ambiente propicio para que la gente haga esas cosas por usted sin que usted se las pida, sin que usted les dé mal ejemplo? -preguntó León.

-(sic) Usted recuerda que en los Estados Unidos hubo una audiencia a Andrés Arias en la que lo dejaron libre. Yo estuve ahí porque me citaron. Yo había mandado una declaración que dice lo siguiente: que no había tratado con Estados Unidos de extradición y que las extradiciones del gobierno, que yo ordené, se hicieron en virtud del Código de Procedimiento Penal. Porque tuvimos un problema: por ejemplo, el presidente Santos dijo que no extraditaba a Makled a Estados Unidos sino a Venezuela, que porque con Estados Unidos no había tratado, y después, para pedir que trajeran a Arias, dijo que sí había tratado -contestó Uribe.

En este argumento, Uribe mezcla hechos ciertos con una interpretación cuestionable sobre la situación actual del tratado de extradición entre Colombia y Estados Unidos que ya ha sido aclarada por Colombiacheck, al tiempo que omite otros argumentos importantes por los que el narcotraficante Walid Makled fue enviado a Venezuela y no al país norteamericano en mayo de 2011, cuando era requerido por ambas jurisdicciones.

Como lo hemos relatado en chequeos anteriores, el acuerdo bilateral sobre extradición firmado en 1979 fue aprobado por el Congreso en 1982 pero declarado inconstitucional en 1986, por una amenazada Corte Suprema de Justicia que argumentó vicios de procedimiento en el trámite de la ley correspondiente. Ese mismo año fue radicado de nuevo en el Legislativo, que lo ratificó por segunda vez, pero el alto tribunal volvió a tumbarlo al año siguiente.

Como el tratado sí quedó ratificado por completo en Estados Unidos, hoy existe la situación particular de que está vigente allá para extraditar personas hacia Colombia pero no lo está acá para hacerlo en sentido contrario. Esa es la razón por la cual sí le era aplicable al condenado exministro Andrés Felipe Arias cuando estaba prófugo en Miami y no a Makled, que había sido detenido en Cúcuta en agosto de 2010, ni a las personas extraditadas en el gobierno de Uribe.

De hecho, el expresidente tiene razón en que es el Código de Procedimiento Penal el que dicta los procedimientos para entregar personas a la justicia de otros países, independientemente de que no existan tratados vigentes con ellos. Esto funciona así en virtud del Artículo 35 de la Constitución, que permite la extradición desde su versión reformada de 1997 porque el texto original la prohibía.

No obstante, la falta de vigencia del tratado de extradición de Colombia hacia Estados Unidos sí fue uno de los argumentos para enviar al narcotraficante venezolano a enfrentar la justicia de su propio país, pero no el único. El entonces presidente Juan Manuel Santos confirmó el destino de Makled en entrevista con la agencia EFE en abril de 2011 y señaló, además, que Venezuela hizo la solicitud primero y por delitos más graves, lo que le daba prevalencia de acuerdo con la ley.

En efecto, el país vecino hizo el trámite con cargos que incluían homicidio el 26 de agosto de 2010, seis días después de la detención, mientras que Estados Unidos se demoró hasta octubre y solo contemplaba el tráfico de drogas. El mismo Código de Procedimiento que cita Uribe establece los criterios mencionados por Santos para definir la entrega cuando una persona es requerida por más de una jurisdicción a raíz de diferentes hechos.