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Miércoles, 10 Abril 2019

Podcast: El fracking de Caño Cristales, las cifras de Trump y los empujadores de TransMilenio

Por Colombiacheck

En el que aconsejamos tener cuidado con las fechas.

En el episodio 20 de nuestro podcast semanal les contamos qué fue mentira y qué fue verdadero esta semana, incluyendo si una foto de una mujer mayor la muestra siendo multada por la Policía, si Enrique Peñalosa dijo que TransMilenio es un sistema más democrático pues sus pasajeros pueden bajarse a empujar sus buses, si ya hay fracking en Caño Cristales, si Manizales fue aceptada en la red de Ciudades del Aprendizaje de la Unesco, si Antonio Navarro Wolff acierta al decir que el 70 por ciento de los homicidios de Bogotá ocurren de noche, si Navarro y Gustavo Petro se pelearon en Twitter y si Donald Trump acertó al decir que los envíos de cultivos ilícitos desde Colombia han aumentado desde que Iván Duque es presidente. Además, les explicamos cómo funciona la contratación de la JEP.

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Domingo, 04 Junio 2017

Sanciones restaurativas de condenados por JEP deben ser consultadas con las víctimas

Por Sania Salazar

El Acuerdo Final entre Gobierno y Farc tiene previsto sanciones restaurativas para quienes aporten verdad, pero las víctimas las deben avalar. Además, si no aportan verdad, los sancionados serán privados de su libertad.

“Está previsto que las personas pueden proponer el componente restaurativo de su sanción, está previsto que las víctimas pueden opinar sobre ese componente restaurativo”, resaltó Catalina Díaz, directora de la Oficina de justicia transicional del Ministerio de Justicia en una entrevista con Claudia Palacios en Canal Capital sobre el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.

“Desde el Acuerdo final y así se prevé en la ley estatutaria, se incluye que para quienes reconocen verdad completa, exhaustiva y detallada ante la Sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad proceden las sanciones propias, sanciones que tienen un componente restaurativo y reparador y un componente de restricción efectiva de la libertad”, indicó Díaz cuando la consultamos al respecto.

La Sala de reconocimiento de verdad de la que habla Díaz hace parte de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.

La funcionara explicó que ese componente restaurativo puede incluir reconstrucción de infraestructura, sustitución de cultivos ilícitos, contribución a proyectos de interés para la comunidad y desminado, entre otros.

“Los que dicen verdad exhaustiva no van a tener prisión, pero sí tiene restricciones de la libertad porque son de cinco a ocho años en una vereda, o en un sitio donde van a estar encerrados, no en una cárcel con barrotes, pero de donde no se van a poder mover porque van a tener restricción a la libertad de movimiento y de domicilio. Si usted está en la vereda Potrerito, en Jamundí, Valle del Cauca, no es que se pueda ir a pasar el fin de semana a Cartagena”, explicó Juan Carlos Henao, Rector de la Universidad Externado y quien hizo parte del equipo que redactó los acuerdos jurídicos de La Habana, al programa Conversemos de Actualidad, de Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC).

Colombiacheck revisó el Acuerdo Final y, efectivamente, está incluido en el texto pactado entre Gobierno y Farc. En el punto cinco del Acuerdo sobre las víctimas del conflicto (página 172) dice:
“Los comparecientes ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad podrán presentar un proyecto detallado, individual o colectivo, de ejecución de los trabajos, obras o actividades reparadoras y restaurativas. En dicho proyecto se indicarán obligaciones, objetivos, fases temporales, horarios y lugares de la ejecución, así como las personas que los ejecutarán, y el lugar donde residirán. Las sanciones impuestas por el Tribunal pre-establecerán los lugares donde residirán las personas que ejecutarán los proyectos. Los lugares donde residirán tendrán condiciones apropiadas de habitabilidad y dignidad”.

El documento aclara además, que “el proyecto deberá establecer un mecanismo de consulta con los representantes de las víctimas residentes en el lugar de ejecución, para recibir su opinión y constatar que no se oponen al mismo”.

Según el Acuerdo, el Tribunal para la Paz tendrá plena autonomía para decidir sobre el proyecto propuesto y para ejecutarlo tendrá que haber sido aprobado por la Sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad

Hay que aclarar, además, que estas sanciones restaurativas cobijan también a miembros de las fuerzas militares y policías, agentes del Estado y civiles sobre los cuales tenga competencia la JEP. Pero que quienes no reconocen verdad y son hallados culpables durante un juicio, van a la cárcel y su pena, que oscilará entre 15 y 20 años, no incluye sanción restaurativa.

“En el marco de un modelo de justicia restaurativa, y así quedó definido el acto legislativo, (que la jurisdicción especial para la paz está enmarcada en un modelo de justicia restaurativa), son muy importantes las necesidades de las víctimas, su voz, porque no se trata de que la justicia venga a la sociedad en el sentido de que conduce la venganza, sino que se trata de que los ofendidos son protagonistas en ese escenario de justicia y por eso la opinión de ellos sobre las sanciones es tan importante”, resaltó Díaz.

Por qué justicia restaurativa

Entre los principales argumentos que tienen los opositores del Acuerdo Final con las Farc está el que asegura que no habrá justicia porque los responsables de delitos no irán a una cárcel, lo cual no es del todo cierto, por lo que ya explicamos.

“La idea de la justicia restaurativa es buscar que se reconstruyan los lazos sociales que se pierden con el delito, cuando un delito ocurre no solamente el perpetrador se pone por encima de la víctima, sino por encima de la sociedad. La crítica de la justicia restaurativa a la justicia tradicional es que esta última se enfoca mucho en el delito y en el delincuente y muy poco en la víctima y el daño, por eso lo que busca la justicia restaurativa es crear escenarios en los cuales las personas que se vieron involucradas en el delito puedan tener un escenario de diálogo en donde, por ejemplo, los ofensores les puedan pedir perdón a las víctimas y se comprometan a su reparación”, explicó Nelson Camilo Sánchez, investigador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia.

El investigador indicó que el proceso debe partir de dos bases, primero, un reconocimiento genuino de aquellos que cometieron las violaciones y en segundo lugar de un compromiso a la reparación. “Dentro de esa lógica, se establece que sean quienes ofendieron los que presenten propuestas para que puedan ser discutidas con las víctimas y dentro de ese diálogo se puedan generar esos espacios de restauración, pero al final, el que va a imponer la sanción es el juez”, aclaró Sánchez.

El objetivo es que quienes cometieron las ofensas presenten propuestas que sean materialmente atractivas para las víctimas y que estas se sientan reparadas, porque si no hay voluntad de las víctimas, difícilmente va a haber un sentimiento de reparación y que eso se genere en una audiencia, resaltó el investigador.