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Falso

Viernes, 12 Febrero 2021

Corte Constitucional no le ha dicho ‘NO’ al aborto, como publican portales

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

En portales y redes sociales publicaron esta información, pero la Corte Constitucional no se ha pronunciado aún sobre la demanda que busca eliminar el delito de aborto del Código Penal.

El 1 de febrero el portal Oiga Noticias publicó una nota titulada “Corte colombiana le dice NO al aborto”.  El portal señala que “la Corte Constitucional de Colombia mantiene una postura de 5 contra 4 que impide la despenalización del aborto” y cita una nota de Panam Post titulada de manera similar: “Colombia: Corte Constitucional le dice no al aborto”. 

Sin embargo, al revisar ambas notas encontramos que comparten información equivocada pues la Corte Constitucional despenalizó el aborto, en tres causales,  desde 2006.

La nota que Panam Post compartió en su Facebook cuenta, a la fecha, con más de 3.000 interacciones. Además, a través de la herramienta CrowdTangle, hicimos una búsqueda de la frase “Corte dice no al aborto” y encontramos más de 90.000 interacciones alrededor de este tema. 

El aborto, como dijimos, está despenalizado en Colombia desde 2006 por medio de tres causales y en varias ocasiones, a través de sentencias, la Corte Constitucional ha dicho que es un derecho fundamental. Razón por la cual Colombiacheck decidió revisar la publicación y la calificó como falsa.

En Colombiacheck hicimos una búsqueda en Google para indagar en qué podría estar basándose Oiga Noticias para emitir la información que publica, y encontramos la nota original de Panam Post al igual que una entrada del portal Politik

En ocasiones pasadas Colombiacheck ya ha verificado y desmentido publicaciones hechas por estos portales relacionadas con el director de la Organización Mundial de la Salud, las elecciones de Estados Unidos del año pasado, una frase que no dijo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y la falsa noticia sobre corrupción en la entrega del premio Nobel a Juan Manuel Santos

En esa nueva desinformación estos son los argumentos que publica Panam Post, que Oiga Noticias y Politik replican en sus respectivas notas, y que precisamos a continuación:

  1. “La Corte Constitucional de Colombia mantiene una postura de 5 contra 4 que impide la despenalización del aborto”. Y “todas las magistradas se oponen a la despenalización total del aborto, lo cual desmonta el relato feminista de que es una causa de mujeres”.
  2. “Todo país hispanoamericano, a excepción de Cuba, es firmante del Pacto de San José, donde se reconoce el derecho a la vida”. Y que este pacto “tiene jerarquía constitucional”. Por lo cual, afirman los portales, “sobre esta base se sostiene el argumento de que despenalizar el aborto implicaría ir contra la ley”.
  3. Y narran la historia de “Juan Sebastián, un niño de siete meses de gestación que fue abortado”.

“Postura 4 contra 5 impide la despenalización del aborto”

Como Colombiacheck contó en el Explicador: Preguntas y respuestas sobre el derecho al aborto en Colombia, la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) está despenalizada por la Corte Constitucional y es legal en Colombia si se enmarca dentro de tres causales:

  1. Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud (física y mental) de la mujer.
  2. Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico.
  3. Cuándo el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto.

En Colombia, sin embargo, hay una situación particular, como contamos en este otro chequeo, y es que el aborto es un derecho fundamental, pero también un delito en cuanto está penalizado en el Código Penal (artículo 122). 

Lo que hizo la Corte Constitucional con la sentencia C-355 de 2006 fue decir que en los casos en que apliquen las causales anteriormente mencionadas, ninguna mujer podrá ser procesada judicialmente por abortar.

En septiembre de 2020, sin embargo, el movimiento Causa Justa, integrado por organizaciones que defienden los derechos de las mujeres, interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra el delito de aborto ante la Corte Constitucional. La intención de la demanda es eliminar el delito y permitir el aborto sin causales.

Posiblemente las notas publicadas por Panam Post, Oiga Noticias y Politik se refieren a esa demanda que está aún en curso en la alta corte. Al igual que a la información que publicó Noticias Caracol el 31 de enero (un día antes de las entradas de los portales) en la que cuenta sobre la demanda y anuncia que de los nueve magistrados que conforman la Corte Constitucional, cuatro podrían estar a favor de eliminar el delito de aborto, mientras que cinco, estarían en contra.

Panam Post señala, al igual que Noticias Caracol, que “a favor [de eliminar el delito de aborto] están los magistrados Alberto Rojas, Alejandro Linares, José Fernando Reyes y Antonio José Lizarazo. Este último es el ponente. En contra están Cristina Pardo, Jorge Enrique Ibáñez y Paola Meneses. También los miembros del alto tribunal, Gloria Ortiz y Diana Fajardo, están en contra”.

La cuestión con este asunto es que Panam Post, y quienes replican la desinformación, lo afirman como un hecho. Pero la realidad es que la demanda sigue en trámite actualmente en la Corte Constitucional y aún no se ha tomado ninguna decisión definitiva. 

Hasta este momento, de acuerdo con el equipo de prensa de la corte, los magistrados no han debatido sobre el tema. Ni siquiera existe aún un proyecto de fallo, que tendría que proponer el magistrado ponente Antonio José Lizarazo, y que tendría que ser discutido en la sala plena del alto tribunal. 

Solo cuando la discusión termine en la sala plena habrá una decisión sobre el caso. Y para esto aún faltan, al menos, un par de meses. Esto porque debido a solicitudes de nulidad del proceso y a recusaciones contra los magistrados, el plazo máximo para tomar una decisión se encuentra suspendido desde el 7 de diciembre, de acuerdo con información que nos proporcionó el equipo de prensa de la corte. 

Mario Cajas, jefe del Departamento de Estudios Jurídicos de la Universidad Icesi, le dijo a Colombiacheck, además, que al ser este un tema tan polémico en Colombia, en caso de que se hubiese tomado ya una decisión, medios de comunicación reconocidos lo habría informado “porque eso es difícil tenerlo oculto”. Pero ese no es el caso. 

De modo que, hasta que no haya una sentencia publicada no es posible saber con precisión si se despenalizará completamente el aborto en Colombia o no, así como el número de votos y la posición de cada magistrado y magistrada frente al tema.

Ahora bien, de acuerdo con la nota de Noticias Caracol, de los cinco magistrados que podrían llegar a votar contra la demanda por la eliminación del delito de aborto, se cuentan a las tres miembros mujeres de la corporación. 

Por eso, también posiblemente, los portales habrían publicado que “todas las magistradas se oponen a la despenalización total del aborto”, afirmación que, como decimos, es prematura de hacer porque  aún no han votado.

Pacto de San José 

En este punto posiblemente la publicación de Panam Post se refiere a la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, conocida como Pacto de San José de Costa Rica, que en su artículo 4 afirma: 

“Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.

Pero este punto de la convención no implica que el aborto esté prohibido y que sea ilegal despenalizarlo. 

Incluso, la misma sentencia que despenalizó el aborto en Colombia en 2006 menciona el pacto de San José y el reconocimiento del derecho a la vida del no nacido. Sin embargo, según explica Cajas, en la ponderación de derechos que hizo la corte, “ha reconocido la IVE como un derecho autónomo que tienen las mujeres”. 

En la sentencia C-355 la Corte Constitucional dijo que aunque se puede establecer una protección a la vida prenatal, esta protección no puede ser superior ni eliminar por completo los derechos de las personas gestantes. Es decir, en la ponderación de derechos no se puede poner por encima de la vida de una persona la vida de quien no ha nacido; pues la característica, los derechos y la potestad de persona se adquieren al momento en que se nace.

“La historia de Juan Sebastián”

En  la nota de Panam Post también aseguran que “los magistrados han optado por no avalar esta práctica guiados por cómo las tres causales en las cuales se ha permitido el aborto han sacudido al país con prácticas que atentan contra derechos fundamentales.

El caso más destacado fue el de Juan Sebastián, un niño de siete meses de gestación que fue abortado”.

Como también contamos en un chequeo de hace un año, un hombre llamado Juan Pablo Medina generó polémica en febrero de 2020 al afirmar, en varios medios colombianos, que no aceptaba la decisión de su exnovia de acceder a una interrupción voluntaria de un embarazo que inició cuando ellos se encontraban en una relación sentimental. 

En efecto, la mujer gestante decidió acceder a una IVE y el procedimiento se llevó a cabo. Pero esta interrupción se enmarcó dentro de una de las tres causales que mencionamos hace un momento, específicamente la primera: Peligro para la vida o la salud de la mujer. 

La publicación de Panam Post dice que “aunque la vida de la madre no estaba en peligro mortal, usó la causal existente para pedir el aborto”. Esto es porque, como contamos en el explicador mencionado, la Corte Constitucional en varias sentencias se ha acogido a la definición de salud integral que ha adoptado la Organización Mundial de la Salud (OMS) que entiende como salud “el estado de completo bienestar físico, mental, espiritual, emocional y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.

Esto incluye los casos en los que continuar con el embarazo (incluso deseado) signifique una probabilidad de daño físico o mental para el bienestar de la mujer. Así como aquellos casos de personas gestantes que estén sufriendo angustia por llevar a cabo un embarazo no deseado o que estén mentalmente afectadas por el hecho de no sentirse listas para enfrentar la maternidad. 

Por otro lado, como también está contado en el explicador, en la sentencia SU-096 de 2018, la Corte Constitucional aclaró que una interrupción voluntaria se puede realizar en cualquier momento de la gestación, sin ningún límite de tiempo.  

De modo que, el caso de la mujer que decidió abortar, que además contó con el acompañamiento de Profamilia, se constituyó como un procedimiento legal de acuerdo con toda la jurisprudencia alrededor de la IVE. 

“Profamilia, entidad que llevó a cabo el procedimiento en la ciudad de Popayán, señaló que este fue totalmente legal y seguro, siguiendo los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud para embarazos avanzados”, informó en febrero del año pasado la emisora La W.

El mismo Ministerio en su página web indica que “en Colombia la Corte Constitucional reconoce que la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho íntimamente ligado al derecho a la vida, a la salud, a la integridad, a la autodeterminación, intimidad y dignidad de las mujeres”.

Asimismo, ese caso, como lo dijo Martha Royo, directora ejecutiva de Profamilia, se realizó la interrupción voluntaria del embarazo de la joven, de 22 años, y que se hizo “conforme a la sentencia C-355 de 2006”, de acuerdo con lo emitido por un juzgado de Popayán.

La misma alta corte ha dicho, además, que ni el progenitor, la pareja, los amigos o la familia de una persona embarazada pueden o deben dar su consentimiento o autorización para que esta decida terminar un embarazo o para que no lo haga. 

La sentencia SU096 de 2018, por ejemplo, señala: “La Corte Constitucional ha reconocido que entre las barreras inadmisibles también se encuentra el impedir a las niñas menores de 14 años en estado de gravidez exteriorizar libremente su consentimiento para efectuar la interrupción voluntaria del embarazo, cuando sus progenitores o representantes legales no están de acuerdo con dicha interrupción”. 

En ese caso, se estaría obligando a la mujer a llevar un embarazo forzado y esto sí constituiría una clara violación a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. El Comité contra la tortura ha dicho que, para una mujer, llevar a cabo un embarazo cuando está dentro de las causales de aborto implica un trato cruel, inhumano y degradante. Del mismo modo lo es también obligar (y forzar) a una mujer a abortar si su deseo es continuar con el embarazo.

Así que con todos estos elementos calificamos las notas tituladas “Corte colombiana le dice NO al aborto” porque, a la fecha, el alto tribunal no ha tomado ninguna decisión sobre la despenalización total del aborto en Colombia. 

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Cuestionable

Viernes, 26 Abril 2019

Derecho a abortar: no está en tratados, pero sí en comités

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

Rafael Nieto dijo que “no existe ningún instrumento internacional” para que las mujeres puedan abortar. Y aunque no hay ningún tratado donde se diga expresamente, sí lo dicen los comités internacionales. Se trata de un debate de interpretaciones.

Rafael Nieto Loaiza, ex precandidato presidencial del partido Centro Democrático, y ex viceministro de justicia de Álvaro Uribe Vélez, fue tendencia esta semana por una declaración que hizo en la III Cumbre Internacional Transatlántica (una convención que reúne a distintos partidos de derecha en el mundo), realizada entre el 4 y 5 de abril de 2019 en el Congreso de la República de Colombia.

Nieto estaba sirviendo como mediador de las intervenciones de los distintos participantes a la cumbre y la alocución, en la que dijo que “no existe ningún instrumento internacional del derecho a la autonomía de la mujer ni del derecho a disponer de su cuerpo. Esas no son normas jurídicas ni derechos reconocidos”, se volvió viral en las redes luego de que fuera presentada en el programa La Tele Letal, del canal Red+.

En la mañana del 11 de abril, Nieto Loaiza fue entrevistado en Blu Radio y tuvo la oportunidad de aclarar el contexto en que fue dicha la frase pues, según él, en ningún momento se refirió a que las mujeres tuvieran menos derechos que los hombres; “estaba hablando fundamentalmente del aborto”, dijo.

“Lo que sostuve, y lo sigo sosteniendo, es que tal cosa no existe ni en los tratados internacionales, ni en la Constitución Política de Colombia. Usted no va a encontrar ningún tratado internacional de derechos humanos (...) donde se diga que la mujer tiene derecho a disponer de su propio cuerpo, o donde se diga que la mujer puede abortar y que eso es un derecho”, afirmó el exviceministro en medio de la entrevista.

Colombiacheck consultó a Cristina Rosero, asesora legal para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos; Isabel Jaramillo, profesora de Derecho y Género de la Universidad de los Andes y coordinadora de la Red Alas; Camilo Navas, asesor en derechos humanos, y a Francisco Bernate, abogado penalista. Todos ellos coinciden, y le dan la razón a Nieto, en que efectivamente no hay ningún tratado internacional que hable expresamente y con esas palabras sobre “el derecho al aborto” ni “la autonomía de la mujer para disponer de su cuerpo”.

Sin embargo, el tema tiene varias interpretaciones y por eso calificamos la frase como Cuestionable.

En principio, porque “los tratados de derechos humanos no se agotan en su tenor literal, ni es la función del derecho internacional de los derechos humanos establecer todos y cada uno de los derechos de las personas”, según Navas.

Pero además, y de acuerdo con los expertos consultados por Colombiacheck, aunque el derecho al aborto no esté en los tratados internacionales, los comités (que son los organismos oficiales encargados de interpretar las normas internacionales) sí han reconocido en varias ocasiones el derecho a la autonomía de la mujer, a disponer de su cuerpo y a interrumpir voluntariamente el embarazo como una manera de hacer efectivo el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la dignidad y el derecho a la igualdad. Ponemos algunos ejemplos de tratados y comités de Naciones Unidas.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (que vigila el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) ha dicho que: “debido a la capacidad reproductiva de las mujeres, la realización del derecho de las mujeres a la salud sexual y reproductiva (y esto incluye la autonomía para decidir si tener o no hijos, cuándo, cuántos y con qué espaciamiento) es esencial para la realización de todos sus derechos humanos”. Así como que “la igualdad de género requiere que se tengan en cuenta las necesidades en materia de salud de las mujeres, distintas de las de los hombres, y se presten servicios apropiados para las mujeres en función de su ciclo vital”.

El Comité contra la tortura (que monitorea la Convención contra la tortura) “ha dicho que para una mujer llevar a cabo un embarazo cuando está dentro de las causales de aborto implicaría un trato cruel, inhumano y degradante. Y que los países deben revisar restricciones al aborto para evitar abortos inseguros”, explica Rosero.

El Artículo 12 de Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer dice que “los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia”.

El informe “Derechos reproductivos: Una herramienta para monitorear las obligaciones del Estado” publicado por el Centro de Derechos Reproductivos y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, señala que en 1994, los gobiernos reunidos en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo “reconocieron que, en los casos en que es legal, el aborto debe ser accesible y seguro. Desde entonces, los organismos de derechos humanos han fortalecido y ampliado este consenso, catalogando las prohibiciones absolutas del aborto como incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos e instando a garantizar el acceso al aborto”.

El Comité de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre el derecho a la vida del no nacido y, en sus observaciones finales a los informes de los Estados, ha señalado que se viola el derecho a la vida de la madre cuando las leyes que restringen el acceso al aborto obligan a la mujer a recurrir al aborto inseguro, exponiéndola a morir. “Estas decisiones permiten afirmar que del PIDCP (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) no se deriva una protección absoluta de la vida prenatal o del embrión”, dice el Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Nº4.

Diferencias frente a los comités

No obstante, el pasado lunes 22 de abril, Rafael Nieto publicó una columna de opinión, que fue replicada en varios medios nacionales, titulada ‘¿Derecho de la mujer a disponer de su cuerpo?’. En ella dice: “Sí hay declaraciones de algunos organismos de Naciones Unidas y de funcionarios de esos organismos que hablan de un supuesto derecho de las mujeres a abortar, casi siempre expresado eufemísticamente como ‘interrupción voluntaria del embarazo’. Pero tales declaraciones son solo opiniones, no normas jurídicas. No son ‘derecho’, no crean derechos y no obligan a nadie”.

De acuerdo con Isabel Jaramillo, eso que dice Nieto depende de qué cree cada uno que quiere decir “obligatorio”, “porque en el derecho nacional que una cosa sea obligatoria quiere decir que si se incumple te meten a la cárcel o te quitan tu dinero (a través una multa o una indemnización)”. Pero en el derecho internacional, no funciona de esta manera, “y las represalias económicas solo se han utilizado frente a severas vulneraciones de derechos humanos”, dice Jaramillo.

Las interpretaciones que hacen los comités de los tratados son necesarios en tanto que estos últimos son documentos que suelen ser muy generales “porque son tratados en consenso con muchos estados que no llegan a un nivel de especificidad”, dice Rosero. No permiten que cualquier ciudadano los entienda y, por lo tanto, contribuya a la vigilancia de ellos en caso de violación de algún derecho, de acuerdo con Navas.

De modo que, al ser los comités los organismos oficiales con poder para hacer las interpretaciones, “las decisiones de los comités obligan en cuanto son interpretaciones autorizadas del tratado”, sostiene Jaramillo. Y sería extraño que un Estado suscriba un tratado, pero luego no hiciera cumplir ningún acuerdo del comité, señala Rosero, “porque al final los alcances de tratado no dan para la interpretación y el tratado es extremadamente limitado porque son unas normas sumamente generales”.

La discusión podría quedarse en estas dos posiciones. Sin embargo, un ejemplo interesante fue dado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2012 en el caso de la sentencia Artavia Murillo contra Costa Rica.

Entonces se discutió si al descartar embriones fecundados para dar lugar a la procreación por vía de fecundación in vitro (FIV) se vulneraba el derecho a la vida. “La Corte Interamericana decidió que no se viola y para ello revisó los trabajos preparatorios sobre el tema de la Convención Interamericana de Derechos Humanos (o Pacto de San José de Costa Rica), las decisiones del Comité Interamericano de derechos humanos (Baby BOY contra Estados Unidos), de la CEDAW (L.C. v. Perú) y las de la Corte Europea de Derechos Humanos, que alegaban que los estados que permiten el aborto incumplen sus obligaciones internacionales relacionadas con la protección de la vida. En todos los casos quienes presentaron la demanda perdieron, pues se les dijo que permitir el aborto no es violar el derecho a la vida”, cuenta Jaramillo.

Esto es importante porque la decisión fue dada por una corte judicial (más no por un comité) en cumplimiento a un tratado y como parte de una interpretación frente a la normatividad internacional. La corte, a través de su sentencia, dice que el Estado de Costa Rica “debe adoptar, con la mayor celeridad posible, las medidas apropiadas para que quede sin efecto la prohibición de practicar la FIV y para que las personas que deseen hacer uso de dicha técnica de reproducción asistida puedan hacerlo sin encontrar impedimentos al ejercicio de los derechos que fueron encontrados vulnerados”.

Caso colombiano

Para Colombia, la Constitución Política es la norma de normas y la Corte Constitucional es el intérprete autorizado. En este caso, ocurre lo mismo (aunque con diferencias) que mencionábamos a nivel internacional: la carta magna no dice que el aborto es un derecho ni que las mujeres tienen autonomía para disponer de su cuerpo. Pero la Corte Constitucional sí lo ha referido en más de una ocasión (es por ello que la interrupción voluntaria del embarazo es legal en Colombia).

La primera vez que lo dijo fue a través de la sentencia C-355 de 2006, famosa por despenalizar el aborto en tres causales. A partir de entonces lo ha repetido a lo largo de los años e incluso, ha sido considerado como un derecho fundamental “y por eso es que las mujeres pueden poner una tutela en caso de que una EPS les niegue el procedimiento”, dice Rosero.

“Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres han sido finalmente reconocidos como derechos humanos, y como tales, han entrado a formar parte del derecho constitucional”, dice la C-355.

Pero además, la sentencia T585 de 2010 ha estipulado que la Constitución no tiene que decir explícitamente que existe el derecho a abortar para saber que ese es un derecho. Esto es lo que dice la sentencia:

“Esta Sala concluyó que las prerrogativas que conceden los derechos reproductivos, incluida la IVE, son parte de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de 1991 pues especifican las facultades que se derivan necesariamente de su contenido en los ámbitos de la reproducción. En este sentido, los derechos reproductivos, con ellos la IVE, están implícitos en los derechos fundamentales a la vida digna (artículos 1 y 11), a la igualdad (artículos 13 y 43), al libre desarrollo de la personalidad (artículo 16), a la información (artículo 20), a la salud (artículo 49) y a la educación (artículo 67), entre otros”.

“Si no reconocemos eso, pues simplemente estamos desconociendo el papel de la Corte Constitucional como guardiana de la Constitución y eso sería gravísimo en una democracia”, concluye Rosero.

La pelea por las interpretaciones entre qué es norma y qué es opinión en este caso no es tan clara, porque además el artículo 94 de la Constitución dice que “la enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos”. Es decir, de acuerdo con Rosero, “que puede haber derechos no contemplados expresamente en la Constitución y que la Corte Constitucional, como la autorizada para interpretar y salvaguardar, puede determinar si lo son”. Como ya lo hizo en el caso del aborto.