Pasar al contenido principal
Miércoles, 11 Noviembre 2020

Así se movió el discurso racista y estigmatizante contra la Minga 2020

Por José Felipe Sarmiento y Santiago Luque Pérez

Políticos, medios y usuarios de redes asociaron a los pueblos indígenas con grupos armados ilegales. Esta es una radiografía de esa narrativa, tan débil de sustento como peligrosa en sus efectos.

Cuando la Minga Social y Comunitaria por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia y la Paz emprendió el regreso a sus lugares de origen, tras recorrer en paz medio país y marchar de igual manera en Bogotá, todavía estaban en circulación las ideas de que fue infiltrada por ejércitos ilegales, coordinada por vándalos o financiada por el narcotráfico.

Los motivos de la protesta fueron expuestos desde el 6 de octubre en una carta abierta al presidente, Iván Duque, y un librillo. Los indígenas y organizaciones sociales del suroccidente del país reclamaban por el aumento de las masacres y los asesinatos, en especial de líderes; pedían respeto por sus territorios, por la protesta, por las decisiones judiciales, por los derechos humanos y, en particular, los derechos colectivos de los grupos étnicos; llamaban al Gobierno a cumplir con la implementación del Acuerdo Final de Paz con las FARC y a retomar los diálogos con el ELN; entre otros puntos.

Esto fue insuficiente para detener los discursos que insistieron en crear estigmas contra ellos. Por eso, Colombiacheck y Rutas del Conflicto nos unimos para hacer una radiografía de esta oleada de desinformación, en la que recopilamos y desmentimos sus argumentos, pero también contamos quiénes la movieron, exploramos su trasfondo y exponemos sus consecuencias. En este explicador, respondemos estas siete preguntas:

 

No es la primera vez. En diciembre de 2016, cuando la agenda del país estaba definida por el Acuerdo Final de Paz del Teatro Colón que acababa de entrar en vigencia, desnudamos juntos los peligros de relacionar a los pueblos indígenas como supuestos aliados de las guerrillas, en especial de las FARC. Con el chequeo ‘¿Indígenas aliados de la guerrilla? Una mentira muy peligrosa’, demostramos que se trata de un señalamiento falso, que generaliza y no tiene en cuenta las diferencias de fondo que separan las reivindicaciones indígenas y la lucha armada de la guerrilla.

La verificación fue publicada días después de que la Corte Constitucional, en una sentencia de tutela, le ordenó rectificar al programa ‘Séptimo Día’ de Caracol Televisión, por una serie de episodios emitidos en 2015 en los que violaron el derecho a la información veraz e imparcial de los pueblos indígenas y de su audiencia al hacer afirmaciones carentes de sustento o incluso contrarias a los datos recopilados en su reportería. Entre ellas, el director y presentador del espacio, Manuel Teodoro, dijo que en ciertas partes del Cauca “la distinción entre ser indígena y ser guerrillero no es tan clara”.

Cuatro años después, estos mensajes se siguen repitiendo. 

 

¿Qué se dijo de la Minga 2020?

Es innegable el pacifismo de los indígenas que llegaron a Bogotá el pasado 18 de octubre y marcharon al día siguiente hasta la plaza de Bolívar para hacerle un juicio político a Duque. No obstante, hay quienes han insistido en que hubo algo turbio detrás de tanta calma.

“Tesis: los líderes de la minga pidieron al jefe de los vándalos que no hubiera vandalismo mientras estuviera la minga en Bogotá. Por cuidar esos votos, el jefe aceptó. Conclusión: el vandalismo tiene jefe y organización jerárquica en Bogotá”, escribió el exsenador Alfredo Rangel en su cuenta de Twitter el 22 de octubre. No dio ninguna prueba de su acusación, más allá de este razonamiento plagado de falacias.

A esas alturas, ya se habían ido de la ciudad sin contratiempos hasta los últimos indígenas que se quedaron para apoyar el paro del 21 de octubre. Habían dejado impecable el lugar donde estaban instalados, el Palacio de los Deportes. No obstante, el mensaje del excongresista del partido Centro Democrático (CD) fue retuiteado 1.884 veces (1.260 sin comentarios) y recibió 2.622 ‘me gusta’.

Esto demuestra que, en cierto sector de la población, quedó tan bien instalada la narrativa sobre el vandalismo e incluso el golpe de Estado que supuestamente pretendía dar la minga, que hay personas dispuestas a defenderlo incluso después de que resultó evidentemente contrario a los hechos. Desde el punto de vista más inmediato, es el resultado de una serie de desinformaciones que se movieron a lo largo de por lo menos dos semanas.

Es cierto que también hubo inexactitudes o falsedades en publicaciones y discursos a favor de la protesta indígena y contra la Policía. Sin embargo, Colombiacheck encontró un patrón claro de estigmatización en por lo menos 14 chequeos sobre memes, videos u otros productos virales o pronunciamientos de figuras públicas que tenían como trasfondo la idea de vincular a la minga y los indígenas con el narcotráfico y grupos armados ilegales.

Reciclaron unas fotos con tatucos que ya habían circulado durante el paro de 2019. En realidad corresponden a 2012, cuando la Guardia Indígena desmanteló una caleta de las FARC en Toribío, Cauca.

Publicación falsa sobre indígenas del Cauca armados con tatucos

Viralizaron otras, en las que un joven, supuesto guardia indígena, posaba con armas. Resultó que era un impostor, un disidente de la extinta guerrilla que ya fue procesado por la Jurisdicción Especial Indígena. Además, las imágenes fueron subidas a redes por él mismo en 2016.

Difundieron un video de una supuesta incautación de armamento a líderes de la protesta. La verdad es que era de un operativo contra el ELN que sucedió en mayo pasado en El Tambo, Cauca.

Publicación falsa sobre supuesta incautación de armas para la Minga 2020

Con la etiqueta #Narcominga, compartieron un video de encapuchados pinchando llantas en una carretera. La grabación resultó ser de un bloqueo que hicieron campesinos y docentes de Nariño sobre la vía Panamericana en marzo de 2019. La grabación también había sido usada contra los indígenas del Cauca en abril de ese año por el activista Herbin Hoyos, que ha divulgado otras falsedades similares en el pasado.

Publicación falsa sobre encapuchados pinchando llantas en la Minga 2020

Varias publicaciones presentaron la “ausencia de indígenas” como el supuesto catalizador de un operativo en el que la Policía destruyó 63 laboratorios para la producción de base de coca en Caquetá y Cauca o como el motivo del regreso de la minga a sus territorios. Sin embargo, se trató de una acción rutinaria de la institución en una zona diferente al norte del Cauca, de donde provenían la mayor parte de los manifestantes, y que no es de “dominio” de estos pueblos, como decían.

Noticia falsa que relaciona destrucción de laboratorios con ausencia de indígenas

La senadora Paola Holguín trinó que hay 14.022 hectáreas de coca en resguardos, según la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, cosa que es cierta. Pero la congresista del CD omitió datos importantes del contexto: que es menos de la décima parte del total, que vienen disminuyendo desde 2017 (antes que en el resto del país), que algunos son propiedad de colonos, entre otros.

La Polla, una ‘youtuber’ de derecha, también acusó a los pueblos indígenas de ser “narcoproductores” y violar la Constitución con sus protestas, entre múltiples desinformaciones sobre varios temas. Incluso los llamó “terratenientes” con argumentos parecidos a los del presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie, que los criticó por tener muchas tierras igual que lo hizo un trino con un mapa descontextualizado. Ninguno consideró que sus territorios son colectivos e inalienables, no propiedades privadas, ni que la mayor parte está cubierta de bosques.

Publicación engañosa sobre mapa indígena

Los argumentos imprecisos sobre los cultivos ilícitos, las tierras y los presupuestos que manejan los resguardos, entre otros, también fueron retomados por una columna del exviceministro uribista Rafael Nieto Loaiza. Incluso puso en duda el tamaño y crecimiento de la población indígena entre los censos de 2005 y 2018 sin tomar en cuenta cambios metodológicos, factores demográficos y sociales, entre otras causas. En el texto, Colombiacheck encontró tres frases cuestionables, tres con peros y una sola verdadera.

El resto de publicaciones hablaban de temas diferentes, pero casi todas incluían señalamientos sobre “bloquear el país”, “desestabilizarlo” o “tomarse Bogotá”. Decían que organizaciones indígenas tuvieron contratos con el gobierno de Juan Manuel Santos a cambio de no protestar, que le aportaron recursos a la campaña presidencial del hoy senador por la coalición Colombia Humana, Gustavo Petro, en 2018 y que había una gran marcha de migrantes venezolanos desde la frontera hacia la capital para participar en las manifestaciones. Todo era falso.

Hasta les echaron en cara la supuesta “hipocresía” de dejar la ciudad llena de basura, con una foto de la Plaza de Mayo en Buenos Aires tras la posesión del presidente de Argentina, Alberto Fernández, en 2019.

Volver a las preguntas

 

¿Quiénes promovieron la desinformación?

Además de la columna de Nieto y los trinos de Holguín y Lafaurie, esposo de la senadora María Fernanda Cabal, este discurso se movió en las redes de otras figuras públicas que pertenecen o son cercanas al Centro Democrático y líderes de la derecha en general. Entre tanto, el gobierno de Iván Duque usó a algunos medios de comunicación para ambientar sus teorías que, a su vez, motivaron un pronunciamiento de la Fiscalía General.

El propio expresidente Álvaro Uribe, máximo líder del partido político, ha sido uno de los mayores promotores de estos discursos desde el principio. El mismo 6 de octubre, cuando la minga le escribió a Duque, él publicó un comunicado de seis puntos en el que advertía que se trataba de una “toma socialista del Estado” que pretendía “justificar el vandalismo” y “defender sus acciones violentas”, entre otras afirmaciones.

Comunicado de Álvaro Uribe en Twitter sobre la Minga 2020

En ese entonces, el exmandatario todavía estaba detenido en su finca El Ubérrimo por orden de la Corte Suprema, como posible responsable de manipulación de testigos. La medida fue anulada días después por una jueza de control de garantías, puesto que el exmandatario se quitó el fuero de congresista cuando renunció a la curul que ocupaba en el Senado desde 2014 y, en consecuencia, la investigación pasó a la Fiscalía y cambió de normas procesales a su favor.

Ya libre, Uribe también escribió durante la minga que la protesta tenía “extremistas infiltrados que abusan de la buena fe de muchos indígenas”.

Trino de Álvaro Uribe sobre extremistas infiltrados en la Minga 2020

El día del paro, compartió cuatro minutos y medio de una entrevista de 2019 en la que el autoproclamado líder de víctimas José Antonio Vitonas, prófugo de la Jurisdicción Especial Indígena condenando por abuso sexual y secuestro, dijo que los resguardos en ese departamento tenían “convenios” con las antiguas FARC. Su interlocutor era el entonces director del canal televisivo de noticias RED+, Juan Lozano, quien fue ministro de Ambiente bajo el segundo mandato del expresidente.

Trino de Álvaro Uribe con entrevista de Juan Lozano a José Vitonas

El mismo exjefe de Estado había tergiversado en 2018 una de las fotos de supuestos indígenas armados que Colombiacheck volvió a desmentir porque circularon para criminalizar a la Minga 2020. Esta vez, la falsa asociación fue compartida por personajes como el pastor cristiano Marco Fidel Ramírez, exconcejal de Bogotá por el partido Colombia Justa Libres; los directores del Movimiento de Católicos Solidaridad, Samuel Ángel, y del portal La Otra Cara, Sixto Alfredo Pinto, o el abogado y político huilense Luis Humberto Tovar Trujillo.

Las publicaciones chequeadas también aparecieron en otras cuentas, páginas o grupos que se identifican a sí mismas como uribistas o derechistas.

Una página que publicó el video de los encapuchados ya tiene incluso un antecedente en Colombiacheck por compartir información incompleta para criticar el proceso de paz: ‘Timochanda’, que usa como imagen de perfil una caricatura del presidente del partido FARC, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko. También publicó un meme, desmentido por la sección de verificación del portal La Silla Vacía, que acusaba al senador y líder nasa Feliciano Valencia de estar condenado por secuestro (fue absuelto) y ser miembro de las FARC, a las que ha criticado incluso después de que se desarmaron.

Otros divulgadores usaron los mensajes falsos para expresar su apoyo al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, por los debates de moción de censura convocados en su contra, o al presidente de Estados Unidos y fallido candidato republicano a la reelección, Donald Trump. El segundo es el caso de un militar retirado de Medellín que compartió el video del operativo contra el ELN.

No es el único exintegrante de la Fuerza Pública involucrado en esta campaña de desinformación. Otro exmilitar que se identifica en Twitter como uribista compartió las fotos del guerrillero que se hacía pasar por guardia indígena. Las imágenes también aparecieron en el perfil de la excongresista Lucero Cortés, del Partido de la U, pero borró la publicación.

Entre tanto, el policía retirado y ‘youtuber’ Leonardo Cuervo ayudó a difundir la mentira sobre los laboratorios. Lo mismo hicieron la página de Facebook ‘Vox Colombia’, inspirada en el partido ultraderechista español, y las cuentas en Twitter del médico Quintín Herrera Quiroz, excandidato al Senado del CD, y el programa radial La Hora de la Verdad, dirigido por el exministro del Interior uribista Fernando Londoño Hoyos; entre muchos otros sitios.

Trino de La Hora de la Verdad donde relaciona a la Minga 2020 con cultivos ilícitos

Las filtraciones de inteligencia de la Policía publicadas, entre otros medios, por el diario El Tiempo y la revista Semana entre el 12 y 13 de octubre también sirvieron para fortalecer el discurso sobre la supuesta infiltración y el vandalismo. La reacción del fiscal general, Francisco Barbosa, fue prometer la judicialización de “todos aquellos que alteren el orden público, la salud pública y que afecten a la mayoría de los colombianos” para impedir el “terrorismo urbano”.

El vocero del gobierno para hablar de la minga, que era el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, respondió a estos informes con un reconocimiento al trabajo conjunto con la Guardia Indígena para evitar las supuestas infiltraciones. No obstante, repetidamente descalificó la protesta por su carácter político ya que, según él, “el ámbito natural para cualquier debate” de ese tipo es el Congreso.

Ninguno de los funcionarios planteó dudas sobre los informes a pesar de que tenían varios puntos débiles al ponerlos en contexto, como lo demostró La Silla. No solo desconocían el proceso colectivo de toma de decisiones de los indígenas, también los crímenes contra sus líderes cometidos por los grupos armados con los que pretendían vincularlos e incluso los enfrentamientos entre estos. Además, la minga ni siquiera era mencionada en los audios revelados y las ubicaciones geográficas tampoco coincidían del todo con la ruta de las protestas.

De hecho, no es la primera vez que este tipo de reportes resulta estar más cerca de teorías conspirativas que de la realidad. Ya había pasado con el supuesto ataque coordinado a los comandos de atención inmediata (CAI) de Bogotá y Soacha en septiembre, que La Liga Contra el Silencio encontró “improbable”. Lo que hubo fue un estallido mayoritariamente espontáneo contra los abusos policiales tras el homicidio del estudiante Javier Ordóñez en una de esas instalaciones y los asesinatos de 13 personas más en las protestas del día siguiente, por disparos de uniformados.

No obstante, medios como el informativo de televisión Noticias RCN, dirigido por el periodista y político Lozano, insistieron en la supuesta infiltración de la minga con base en un video en el que dos guerrilleras le expresaban el apoyo del ELN a la protesta. Este mensaje tampoco revelaba ningún tipo de colaboración o incidencia real en ella, pero sirvió para mantener vigente el discurso estigmatizante. Así lo demostró el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Diego Molano, al repetir los señalamientos días después.

Volver a las preguntas

 

¿La ‘bodega’ uribista también participó?

Sí. En la dinámica contra la Minga 2020 también entraron, como mínimo, algunos de los miembros de la ‘bodeguita’ uribista, una estrategia de redes sociales coordinada por funcionarios y contratistas del gobierno para crear tendencias a favor del uribismo y en contra de otros sectores, que fue denunciada por La Liga en febrero pasado y ha sido foco de muchas desinformaciones.

Colombiacheck revisó los trinos publicados del 6 al 21 de octubre por las cuatro cuentas que, según esa investigación, estuvieron más activas durante el paro nacional de los últimos meses de 2019. Aunque esta vez no utilizaron etiquetas comunes para posicionar tendencias como antes, sí coincidieron en algunas de las mentiras y estigmatizaciones anteriores.

La más insistente fue @Arquiman2, de identidad desconocida, que tiene en su perfil todas las desinformaciones posibles sobre la minga (entre otros temas), con frecuencia como ataques a Petro. Por ejemplo, puso lo de los laboratorios [1, 2, 3] y los vínculos con cultivos ilícitos y narcotráfico [4, 5, 6, 7, 8, 9], el ELN o, indistintamente, las disidencias y el partido FARC [10, 11, 12, 13, 14, 15, la última incluyó un enlace al artículo de Semana]; las fotos fuera de contexto con tatucos y otras armas [16, 17, 18, 19, 20], el video del operativo viejo [21] y el cuento de que estos grupos étnicos son “los más grandes terratenientes” [22].

Trino de @Arquiman2 que relaciona a los indígenas y a Gustavo Petro con coca

Además, dio muestras claras de racismo al llamar a los indígenas “cochinos”, “borrachos” o “parásitos” [23, 24, 25, 26], entre otras expresiones [27, 28, 29]. De hecho, usó varias veces las etiquetas #MingaBorracha o #MingaRumbera, de las pocas contra la protesta en las que intervino (en otros casos, se valió de algunas más generales o utilizó las que estaban a favor para criticarlas). Además, en línea con el gobierno y varios medios de comunicación, los cuestionó por el riesgo de contagio de COVID-19 [30, por ejemplo].

El constructor Jorge Luis Henaocondenado por acceso carnal violento agravado contra una niña de 13 años y directivo del CD en Buga, también participó. Citando un video del prófugo Vitonas, se refirió al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) como un “hervidero de guerrilleros”. También repitió insultos racistas [1, 2, 3], vinculó a los manifestantes con los invernaderos de marihuana del norte del departamento como lo hizo La Polla, lo que es cuestionable porque desconoce varios factores del problema, y publicó un meme de Pablo Escobar que relaciona el fin de la concentración en Bogotá con el narcotráfico y supuestas órdenes de Petro.

Trino de Jorge Luis Henao que relaciona a la Minga 2020 con invernaderos de marihuana

Jaime Villa Restrepo, de quien solo se conoce ese nombre y que es de Medellín, trinó relativamente poco sobre la minga. Había sido el más activo de la ‘bodega’ en el paro.

Escribió que a los indígenas deberían quitarles sus tierras. Primero, lo hizo citando un mensaje del experiodista Juan Carlos Pastrana (hermano de Andrés, el expresidente conservador) que preguntaba por los jueces competentes para “extinguir el dominio de las tierras dedicadas a cultivos ilícitos en resguardos”. Luego, en respuesta a la asociación entre los laboratorios destruidos y los indígenas que hizo el empresario José Miguel Santamaría, excandidato del CD al Senado que tuvo que retractarse en 2019 por calumniar al senador Iván Cepeda del Polo Democrático.

Trino de Jaime Villa contra los indígenas en el cita a Juan Carlos Pastrana

La cuenta @fredsanl, que solo se identifica con las iniciales FLS, también comentó que deberían expropiar a los indígenas en un trino de un tal Ángel Ferrer con la mentira sobre los laboratorios. Además, señaló a los migrantes venezolanos de ser un “caballo de Troya con complicidad del presidente”, en respuesta a un mensaje del actor y cantante Jorge Cárdenas que hablaba de la supuesta caravana que iba de Cúcuta a Bogotá para unirse a la minga.

El mismo usuario compartió un meme que relaciona a la protesta y a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, con el ELN; así contestó una pregunta de la abogada uribista Natalia Bedoya sobre quienes “se toman fotos con indígenas para hacer politiquería”. En otro mensaje, publicó la captura de un trino del administrador ambiental Daniel Jiménez, que fue asesor del excongresista del CD Samuel Hoyos, donde dice que los indígenas tienen una “deuda histórica” con los “jóvenes que han sido destruidos por la droga, producto de sus narcocultivos”.

Otro detalle importante en el que coinciden estas cuentas ‘bodegueras’ es en su apoyo a la precandidatura presidencial de Nieto Loaiza por el Centro Democrático. Incluso el citado Jiménez se presenta como su coordinador de juventudes.

Volver a las preguntas

 

¿Por qué son acusaciones infundadas?

La guerrilla también tuvo sus propios discursos estigmatizantes contra la población indígena. “La historia de nuestro resguardo y lo sucedido en el año 86 traía el chisme o las mentiras que decían que nosotros éramos todos godos o conservadores”, le explicó a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV) un sobreviviente de la masacre de Murindó, Antioquia, ejecutada por las FARC contra tres líderes emberas con el fin de acabar con sus procesos de organización comunitaria.

El propio Rodrigo Londoño, quien fue el último comandante máximo que tuvo la antigua guerrilla, reconoció la responsabilidad sobre estos hechos. “Para mí es duro expresar cuán equivocados estábamos cuando hacíamos una lectura única de los territorios donde desarrollábamos nuestro accionar político y militar”, dijo Timochenko al pedirles perdón a las víctimas en el encuentro #LaVerdadIndígena que se realizó el pasado 23 de octubre.

Es que las luchas indígenas son mucho más antiguas y muy distintas a las de las guerrillas marxistas. Estas, por el contrario, buscaron apropiarse de ellas como instrumentos políticos pero sin entenderlas realmente. Los pueblos, que no se sintieron representados por ese accionar armado ni la ideología que decía defender, optaron por la neutralidad y esto los convirtió en objetivos de tomas, asesinatos, amenazas. Así lo contaron Rutas y Colombiacheck en 2016:

“Nunca les consultamos sus aspiraciones. Nunca les consultamos su opinión. [...] En ningún momento tuvimos en cuenta su cosmovisión, que es distinta a la nuestra. Nunca tuvimos en cuenta sus maneras de abordar los problemas y de resolverlos. Nunca tuvimos en cuenta sus formas de organización y sus propias visiones de lo que es la lucha por sus intereses”, reconoció Londoño Echeverry en el encuentro por la verdad.

Además, tampoco se trata solo de un choque cultural o un malentendido político. Una de las razones por las que los grupos armados matan a líderes indígenas y afros es para evitar que tomen acciones contra las economías ilegales que invaden sus territorios. El analista experto en cultivos ilícitos Salomón Majbub Avendaño afirma que llamarlos narcos es desconocer esas luchas.

Es más, para ellos, “no solamente los seres humanos resultan ser víctimas de estos factores subyacentes al conflicto, sino que el territorio también es víctima de estas economías [legales e ilegales] que usan la violencia como estrategia de dominación”, como recuerda el informe Tiempos de vida y muerte publicado en 2019 por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). También lo reconoce así el decreto que reglamenta la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras para los pueblos indígenas. 

Claro, hay personas que cometen algunos de esos delitos o se unen a grupos armados. El caso es que el involucramiento de estas comunidades con esas conductas “no es mucho mayor que en otros sectores de la población”, dice el director de la firma de consultoría en seguridad y desarrollo rural C-Análisis, Daniel Mauricio Rico. De paso, agrega que “el narcotráfico es mucho más complejo que sembrar una mata”, es decir que tener un cultivo no implica pertenecer o tener mando en una organización criminal, lo que confirma Majbub.

El suroccidente del país está lejos de ser la excepción a estas consideraciones. Por el contrario, es una de las regiones donde mejor se ejemplifica la falta de sustento que tienen las acusaciones contra los indígenas que se exacerbaron durante la minga, proveniente sobre todo de esa zona.

Volver a las preguntas

 

¿Cómo ha afectado a los indígenas el conflicto en Cauca?

Contrario a los señalamientos de “guerrilleros”, “narcotraficantes” e “integrantes de grupos armados” contra los indígenas, especialmente las organizaciones del departamento de Cauca que lideraron la Minga 2020, en la historia de los indígenas en todo el país han sido víctimas de los diferentes actores armados.

Según cifras de la Unidad de Víctimas analizadas por Rutas del Conflicto con corte hasta enero del 2020, el delito que tiene más registros de indígenas afectados en el país es el desplazamiento con más de 365.000 casos. Le siguen la amenaza con más de 24.000 hechos victimizantes y el homicidio con más de 16.000.

La entidad también tiene 381.839 indígenas reconocidos como víctimas del conflicto armado y el departamento que más eventos tiene es Cauca con 64.699, lo que representa un 17 por ciento del total. Se puede decir que cerca de 1 de cada 6 indígenas víctimas del conflicto armado viene de este departamento. La base de datos de víctimas de masacres del CNMH también muestra al Cauca en el primer lugar con 224 asesinatos.

Históricamente, la violencia contra los indígenas en el Cauca ha estado marcada por las tensiones alrededor de la tierra con los empresarios y los grupos armados. El homicidio del gobernador indígena Ramón Julicué, del resguardo San Francisco, en 1982 por parte del Frente Sexto de las FARC fue el primer asesinato de un indígena que se le atribuye a esa guerrilla.

Sin embargo, desde 1977 las tensiones con las autoridades ancestrales habían aumentado por la transformación de la guerrilla en un grupo más ofensivo que buscaba el control territorial del Cauca, según ha escrito el sociólogo y doctor en Antropología Sebastián Levalle, docente investigador de la Universidad de Buenos Aires. El mismo texto señala que las extorsiones a cambio de seguridad que las FARC les cobraban a los terratenientes también chocaban con los planes de recuperación del territorio.

Según el Centro Nacional de Memoria Histórica en Guerra propia, guerra ajena (2015), en los años 80 nació el Movimiento Armado Quintín Lame como respuesta a los constantes ataques que recibía la comunidad. El grupo insurgente recibió el apoyo inicial del M-19 y el EPL porque nació como una autodefensa frente a los terratenientes, la Fuerza Pública y las FARC. El informe señala que esta guerrilla lo vio como una afrenta, sobre todo porque se alió con el frente disidente ‘Ricardo Franco’.

De todas formas, el Quintín Lame se desmovilizó en 1991 por petición de las comunidades indígenas. Ese mismo año, terratenientes del Cauca hicieron viajar desde Córdoba a los paramilitares al mando de Fidel Castaño que perpetraron la masacre de El Nilo en Caloto, Cauca. La Policía también participó en el crimen, que dejó 20 indígenas asesinados, como lo reseña Rutas del Conflicto.

Levalle indica que la incursión en política de los indígenas, dada después de la Constitución de 1991, fue mal vista por los grupos armados, especialmente por la guerrilla de las FARC, que los empezó a ver como parte del ‘establecimiento’ y los declaró objetivo militar.

La violencia contra los indígenas sumó otro actor armado cuando, a finales de los 90, los ‘grupos de seguridad privada’ de grandes empresarios empezaron a hacer parte de organizaciones narcotraficantes y paramilitares. Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) ingresaron desde el Valle del Cauca y consolidaron los bloques Calima y Farallones para combatir a los frentes 30 y 6 y a la columna móvil Jacobo Arenas.

Los mismos pueblos han denunciado a la columna móvil Jacobo Arenas y el Frente Sexto por atacar a las poblaciones y sostener enfrentamientos con la Fuerza Pública en cercanías de resguardos, como lo demuestran este comunicado de 2012 y los de los 80 en el informe del CNMH sobre el Quintín. El director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Camilo González Posso, también había dicho en una carta de 2011 que “las FARC, desde su orilla también han declarado que el CRIC, la ACIN [Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca] y las autoridades indígenas deben ser debilitadas y suplantadas por oponer sus políticas de autonomía”.

Los indígenas del norte del Cauca incluso se enfrentaron a las FARC en varias ocasiones. Como ejemplo, podemos citar casos como el rescate de siete personas secuestradas por esa guerrilla en Jambaló en 2008, el de un joven estudiante en Toribío en 2011 y el de la hija de un comandante de Policía en Guachené en 2014, entre otros.

El Acuerdo de Paz entre la guerrilla de las FARC y el Estado colombiano no fue el final de la violencia contra los indígenas. Las disidencias que quedaron en el territorio los declararon objetivo militar por oponerse al narcotráfico. Como informó El Tiempo en 2019, con cifras de la Fiscalía hasta octubre, habían sido asesinados 36 indígenas en el Cauca y la ONU había contado 26 en 2018.

A finales del año pasado, la disidencia ‘Dagoberto Ramos’ cometió una masacre en Tacueyó, un resguardo en Toribío, que dejó cinco muertos, entre ellos la gobernadora del cabildo, Cristina Bautista. Según informó el portal Verdad Abierta, los motivos de este hecho estuvieron relacionados con que las comunidades nasa habían realizado una acción humanitaria con la que le impidieron al grupo armado ejecutar a unas personas.

Precisamente, la minga que viajó desde el departamento del Cauca a Bogotá tuvo como objetivo denunciar los asesinatos que han sufrido los pueblos indígenas en el departamento por parte de los diferentes grupos armados que han querido controlar la ruta de narcotráfico en el departamento. Una amenaza que en varias ocasiones fue denunciada por quien era el defensor del pueblo hasta agosto pasado, Carlos Negret.

Volver a las preguntas

 

¿Por qué estos estigmas son peligrosos?

“Señalarlo a uno de guerrillero es hacerlo fusilar”, dice el líder nasa y consejero mayor del CRIC, Hermes Pete Vivas. Esa sola frase resume la situación a la que se enfrentan los pueblos indígenas y sus líderes cuando cunden las falsas acusaciones y las versiones acomodadas que los presentan como aliados de grupos armados, socios del narcotráfico o una minoría supuestamente privilegiada con pretensiones totalitarias.

Estos discursos son revictimizantes. No solo porque desconocen que la guerra se ensañó de forma particular con estos grupos étnicos desde todos los frentes y que el origen de esas violencias se remonta siglos atrás, sino también porque perpetúan el ambiente propicio para su repetición. Es que de 115 pueblos que hay en Colombia, 68 están en riesgo de desaparición física y cultural por el conflicto armado.

Ese dato fue central en el encuentro #LaVerdadIndígena de la CEV. Los múltiples testimonios de comunidades en todo el país que se presentaron ese día confirman la gravedad de la estigmatización y sus consecuencias. “La verdad indígena tiene que ver con el continuo de violencias que proviene de la cultura y el trato colonial que aún persiste y no se ha superado en nuestro tiempo”, declaró la comisionada Patricia Tobón Yagarí en el evento. Agregó que la confrontación armada profundizó e incluso llevó a naturalizar ese tipo de situaciones.

La gravedad del daño que los distintos actores del conflicto armado interno le han hecho a los pueblos indígenas, hasta el punto de amenazar la existencia misma de sus culturas, no es algo que se haya inventado esta entidad creada en virtud del Acuerdo del Teatro Colón. En 2009, ya la Corte Constitucional había emitido un auto de seguimiento al estado de cosas inconstitucional de la población desplazada en el que se refería de forma particular a la desprotección sufrida por estas etnias:

Es una emergencia tan grave como invisible. Este proceso no ha sido reconocido aún en sus reales dimensiones, por las autoridades encargadas de preservar y proteger a los pueblos indígenas del país. Mientras que numerosos grupos indígenas son atacados, desplazados y desintegrados en todo el territorio nacional por los actores armados que operan en Colombia y por los distintos factores subyacentes al conflicto y vinculados al mismo, el Estado y la sociedad colombianos continúan preciándose de su carácter multicultural, de sus riquezas étnicas y de distintos aspectos de las culturas indígenas nacionales. Esta contradicción entre la realidad y la representación generalizada de dicha realidad ha sorprendido a la Corte Constitucional, no sólo por su crueldad inherente, sino por revelar una actitud de indiferencia generalizada ante el horror que las comunidades indígenas del país han debido soportar en los últimos años – indiferencia que en sí misma es un menosprecio de los postulados constitucionales básicos que nos rigen como Estado Social de Derecho fundado en el respeto de la diversidad étnica y cultural.

Para el alto tribunal, los señalamientos se hacen “de manera arbitraria e infundada” por parte de la Fuerza Pública. Así, forman parte de los factores que alimentan los hechos violentos contra los indígenas en ciertas regiones, porque “con frecuencia resultan en homicidios, en amenazas, en desapariciones o, en algunos casos, en lo que se ha conocido como ‘falsos positivos’”.

Incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) profirió una sentencia en 2007 con la que declaró responsable al Estado por el homicidio del líder nasa Germán Escué Zapata, gobernador del resguardo Jambaló, cometido por el Ejército en 1988 (el caso sigue en supervisión de cumplimiento, según la resolución más reciente, que es de 2016). Según la providencia, los militares que llegaron a su casa lo golpearon “mientras le preguntaban dónde estaban las armas y lo calificaban de guerrillero” antes de llevárselo a las montañas y asesinarlo a tiros en estado de indefensión.

El evento de la Comisión de la Verdad sirvió para hacer memoria de muchos otros hechos, ocurridos en diferentes momentos de la historia, en los que la estigmatización contra los indígenas desencadenó múltiples formas de victimización.

Por ejemplo, a finales de los 90 y principios del nuevo siglo, los paramilitares aliados con el Ejército estuvieron a punto de exterminar los kankuamos en el Atlántico a punta de masacres que pretendían justificar con señalamientos de que los indígenas habían sido aliados de las guerrillas. En los años anteriores, desde 1986, habían sido precisamente las FARC, el ELN y el M-19 quienes habían asesinado a miembros de sus comunidades por ser supuestos ladrones o informantes de la Fuerza Pública.

En total, fueron cerca dos décadas y media que dejaron 400 muertes. De nuevo, hasta la Corte IDH tuvo que intervenir en 2004, cuando emitió una resolución de medidas cautelares a favor de este pueblo y, aun así, el Estado tuvo que seguir respondiendo por esos hechos hasta 2011, cuando fueron levantadas.

“A nosotros también nos señalaban como guerrilleros, siendo que no es así, siendo que nuestras familias, nuestras mujeres se tenían que someter obligadamente por miedo de que fueran a reclutar o matar a los hijos, a los jóvenes”, le contó Esneda Saavedra, gobernadora del cabildo yukpa Sokorpak en la serranía del Perijá, a la CEV. A su pueblo también llegaron los paramilitares y el Estado con estos discursos estigmatizantes, después de que la comunidad había sufrido las acciones de las FARC y el ELN.

El propio Salvatore Mancuso, exjefe de las AUC, pidió perdón por el homicidio de Kimy Pernía Domicó, líder embera al que mataron en Tierralta, Córdoba, en 2001. Se refirió al caso como un “crimen de Estado” y le dijo a la familia que una de las “excusas” para dar la orden fue que la comunidad había sido señalada como supuesta colaboradora de la guerrilla. “Decían que ustedes allá alimentaban a los grupos subversivos que estaban en la zona”, relató antes de explicar que esa y otras acciones en realidad estaban encaminadas a “debilitarlos y terminar cualquier intento de reivindicar o materializar sus derechos”.

Herzaín Díaz, coordinador de la Comisión de Justicia del resguardo embera Cañamomo-Lomaprieta en Caldas, insiste actualmente en que “los procesos indígenas desde hace más de 500 años son en lucha y resistencia contra el exterminio” y agrega que “los señalamientos han hecho parte de eso”. Es más, el libro Pueblos indígenas de Colombia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (2013) del abogado y sociólogo jurídico Rosembert Ariza Santamaría, profesor de la Universidad Nacional, recuerda que este fue el primer país de donde llegó un caso sobre estas etnias.

La petición fue elevada a la Comisión Interamericana en 1960 por cuenta de la persecución y tortura que sufrían los guahibos en el Meta a manos de las Fuerzas Armadas y el entonces recién creado Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Las autodefensas liberales de los Llanos Orientales, de origen ganadero, se habían desmovilizado en 1953 y Guadalupe Salcedo, quien fue su comandante, había sido asesinado en 1957 por la Policía en Bogotá, pero el Estado adujo que la causa de los hechos era la “guerra irregular”.

Para la época en la que se envió esa respuesta, cuando el caso entró a estudio a principios de los 70, ya habían surgido las FARC, el ELN, el EPL y el M-19 pero ninguna existía una década antes ni tuvo su epicentro en esa zona y tampoco eran de origen indígena. En cambio, los hacendados de la región tenían la costumbre de organizar ‘guahibiadas’, o sea cacerías de indígenas, e hicieron correr la voz de una supuesta rebelión de una comunidad liderada por el exinspector Rafael Jaramillo Ulloa, a la que el Ejército reprimió en la masacre de Planas, como consigna un informe del CNMH (2018) sobre las autodefensas en la Altillanura.

Así como en esa época, la mentira estigmatizante parecería caerse de su propio peso en pleno 2020. Sin embargo, sigue atizando la violencia contra los indígenas. La Corte Constitucional también determinó, en otro auto de 2017, que esta situación no solo persiste sino que ha empeorado en algunos lugares. La Comisión de la Verdad incluso identificó 17 corredores del conflicto armado, distribuidos por todo el país, en los que estos pueblos todavía se ven afectados por la confrontación entre grupos armados por el control de diferentes economías ilegales (narcotráfico, minas, contrabando).

Mapa de corredores del conflicto y economías ilegales en territorios indígenas

La situación es tan grave que las voces de las víctimas aseguran que es un genocidio. Como lo detalló Colombiacheck en otro explicador, este es un delito en Colombia y un crimen en el Estatuto de la Corte Penal Internacional que consiste en llevar a cabo matanzas u otros actos contra miembros de un grupo, étnico en este caso, por el hecho de pertenecer a él o con el fin de destruirlo.

En 2010, el entonces relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, publicó un informe en el que manifestó que urgía una visita a Colombia del asesor especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Prevención del Genocidio. Adama Dieng, quien acaba de dejar ese cargo, tuvo una reunión de bajo perfil con funcionarios de los ministerios de Relaciones Exteriores e Interior, la Alta Consejería para los Derechos Humanos y la Unidad Nacional de Protección cuando Duque apenas llevaba un mes en la Presidencia, en septiembre de 2018.

El entonces canciller, Carlos Holmes Trujillo, le reportó al Congreso que “el Gobierno proporcionó información sobre los avances normativos atinentes a la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas; los mecanismos de diálogo y concertación permanente entre el Estado y los pueblos indígenas; y los esquemas de protección individual y colectiva que el Estado despliega para prevenir la materialización de amenazas a líderes y comunidades indígenas”. Eso fue todo lo que se supo sobre la cita.

Dos años después, lo que está claro es el empeoramiento de la situación. En lo que va de 2020, han sido asesinados 90 líderes indígenas frente a los 84 que hubo en todo el año anterior, según Indepaz. La cifra no ha hecho sino crecer desde 2016.

En marzo pasado, Dieng le envió una carta al colectivo Defendamos la Paz en la que dijo estar “preocupado por el aumento reportado de la retórica polarizante y el uso de lenguaje estigmatizante, que pueden generar un mayor riesgo para poblaciones vulnerables”. Su comunicación fue la respuesta a la petición que la organización civil le hizo para que visite de nuevo el país y evalúe la matanza de líderes sociales en general.

No es gratuita su referencia al riesgo que representan los discursos. Así se han instigado múltiples crímenes alrededor del mundo, con la participación de los medios de comunicación. El siglo XX dejó sus más conocidos ejemplos con el imperio Turco Otomano contra los armenios, el Holocausto nazi, los hutus contra los tutsis en Ruanda y las guerras de los Balcanes, como lo reseña el historiador Juan Pablo Artinian, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella en Buenos Aires.

Sin ir más lejos, Colombia también vio sus consecuencias con el exterminio del partido Unión Patriótica. “Varios casos muestran que fue el personal de la fuerza pública dentro de las alianzas victimarias el que más utilizó estos mecanismos simbólicos, convirtiéndose en trasmisores de esta violencia entre las escalas local y nacional en la victimización de la UP”, cuenta el CNMH en Todo pasó frente a nuestros ojos (2018). A sus miembros los señalaban, sobre todo, de guerrilleros y criminales, tal como sucede con los indígenas.

Volver a las preguntas

 

¿Cómo han cambiado estos discursos desde 2016?

Los indígenas, como víctimas de estas campañas de desinformación y estigmatización, sienten que la situación no solo no ha mejorado desde que entró en vigencia el Acuerdo del Colón, sino que cada vez son más intensos los señalamientos sin sustento en su contra. “Hasta que no reconozcan que este proceso de los pueblos indígenas es milenario y se despojen del odio, no va a haber paz”, sentencia el líder embera caldense Herzaín Díaz.

De frases como la que motivó el chequeo de hace cuatro años, cuando la Corte Constitucional le ordenó al programa ‘Séptimo Día’ de Caracol Televisión rectificar por haber dicho que “la distinción entre ser indígena y ser guerrillero no es tan clara”, se ha pasado un discurso discriminatorio mucho más abierto, envalentonado y plagado de mentiras como las expuestas en este informe. Para algunos líderes, es el resultado de una mezcla entre polarización y desesperación de las élites que siempre los han marginado.

Norman David Bañol, consejero mayor de Caldas, considera que “con la firma del acuerdo de paz hubo un desacierto de todos, como colombianos, y es que uno pensaría que nos debió haber acercado como sociedad y, contrario a eso, nos polarizó y ha hecho que la estigmatización sea aún mayor, más profunda”. El gobernador del resguardo Cañamomo-Lomaprieta, Mario de Jesús Trejos, señala sobre todo al gobierno Duque: “con Santos no mejoró mucho, pero al menos había un diálogo, nos escuchaba”.

Pete Vivas, del CRIC, siente que “la gente desde hace 10 años ya no es la misma”. En consecuencia, le atribuye la desinformación a un “acto de desesperación” de sectores políticos que “han ido perdiendo fuerza” y que “les gusta incendiar al país”. Según dice, “por eso no se les contesta igual, [porque] eso es rebajarse”.

Mientras el lenguaje arrecia y la desinformación circula, los ataques continúan. En poco más de un mes desde el 6 de octubre, Indepaz ha registrado los homicidios de nueve líderes indígenas. Seis de estas víctimas recientes eran del Cauca; las otras tres, de Nariño, Chocó y Antioquia. También hubo atentados contra el senador Valencia y la lideresa wayúu Irama Movil.

La respuesta de los sectores que movieron la desinformación contra la Minga 2020, en lugar de mermar sus señalamientos, ha sido crear más teorías infundadas y revictimizantes, como que fueron retaliaciones “por dejar solos los cultivos”. La pregunta que falta por responder es cuándo se detendrán.

Volver a las preguntas

Sábado, 28 Octubre 2017

Guerrilleros emberá: entre la justicia indígena y la JEP

Por María Eugenia Velásquez

Los indígenas de Pueblo Rico, en Risaralda, recibirán a exguerrilleros de las Farc, pero antes tendrán que resolver la tensión entre su justicia y la que crea el acuerdo de paz. Además, ya tienen una experiencia que no ha funcionado como debería.

Como buena Emberá Chamí, Marta Lucía Guazuruma tiene 5 hijos y 30 nietos. En su juventud cumplió con la misión que la comunidad les encomienda a las mujeres de procrear para que la raza no desaparezca. Sus rasgos indígenas riñen un poco con su atuendo: en vez del tradicional vestido de colores vivos, collares y botas pantaneras, luce ropa ‘moderna’ y como pocas de su edad, habla español y se expresa con fluidez.

En el resguardo unificado San Juan en Pueblo Rico, Risaralda, Marta Lucía está aprendiendo a cultivar cacao y a fabricar los collares de chaquiras emblemáticos de los chamís. Pero más que aprender está reaprendiendo pues a sus 57 años ya olvidó lo que aprendió de niña, especialmente cuando cambió su cultura indígena por un fusil que le dio el Ejército de Liberación Nacional, ELN cuando la reclutó.

Como Marta Lucía, hay 53 exguerrilleros indígenas que están en el proceso de la reincorporación en ese resguardo y son un ejemplo de lo que podría ser el futuro de los indígenas que hicieron parte de las Farc. Algunos de estos últimos, volverían a su territorio en medio del proceso de justicia transicional que se está dando en el país, sin saber si responderán ante la Jurisdicción Especial de Paz, (JEP) o la Jurisdicción Indígena.

Los indígenas reincorporados de las Farc enfrentarán también el reto de las autoridades de su resguardo, encargadas de darle el ‘visto bueno’ a su retorno, que aún no ponen en práctica las tradiciones ancestrales para quienes han cometido lo que ellos llaman “actos de desarmonía”, como es haber pertenecido a grupos armados ilegales. Esto es algo por lo que Marta Lucía ya pasó.

En el año 2000, cuando ella entró a las filas de los ‘elenos’, esta guerrilla estaba en todo su apogeo en el occidente de Risaralda con el frente Cacique Calarcá. Como en pocas partes del país, este grupo armado compartía territorio con el Ejército Revolucionario Guevarista (ERG), nacido en las entrañas de esta tierra selvática limítrofe con el Chocó; y también con las Farc, que posteriormente se desplazaron desde Antioquia.

Eran tantos los grupos armados que se repartían el poder entre ellos mismos hasta el punto de que en la vía que comunica Pueblo Rico con Guarato (Chocó) se turnaban los retenes extorsivos entre ellos para no cansar al transportador e incluso emitían un paz y salvo para confirmar el pago de la ‘vacuna’, como explica Eisenhower Zapata, miembro de la Mesa Nacional de Víctimas.

El dominio territorial que las guerrillas comenzaron a tener con más fuerza hacia finales de los noventa, se ratificó con la expulsión de la Fuerza Pública en la toma al corregimiento de Santa Cecilia el 17 de marzo del 2000 a manos de las Farc. Allí, fue secuestrado el cabo de la policía José Norberto Pérez, uno de los casos más reconocidos nacional e internacionalmente pues su hijo, enfermo terminal de cáncer, suplicó ver a su padre antes de morir. El menor murió pocos meses antes de que mataran a su papá en cautiverio.

Mapa de resguardos indígenas en Risaralda

Tierras indígenas codiciadas por la guerra

Lo que a simple vista parecía una bendición de la naturaleza, se convirtió en el karma de los pueblos indígenas. Esta zona selvática de Risaralda, donde están sus resguardos, es rica en madera y las guerrillas aprovechan esto para cobrar una especie de ‘kilogramaje’ a cambio de permitir la explotación, agregó Zapata.

A esto se suma que los indígenas perdieron varios de sus territorios a causa de la minería. Dicha extracción se realizaba de forma artesanal hasta 1996, pero a partir de ese año la maquinaria y los agentes foráneos llegaron a territorios indígenas.

“No hicieron respetar su gobierno propio, su autonomía territorial y la confianza que tenían con las autoridades se perdió en gran medida. Así, fue inevitable que muchos indígenas empezaran a cambiar sus costumbres por la plata, el poder y muchos fueron reclutados por los grupos armados”, dice Zapata.

Mónica Gómez, directora de la oficina de Derechos Humanos de la Gobernación de Risaralda, hace una análisis distinto: “Los guerrilleros invadieron los territorios étnicos, reclutaron y utilizaron a los indígenas para transportar elementos ilegales. Por su parte, el Ejército estigmatizó a las comunidades al poner bajo sospecha su voluntad de no involucramiento en el conflicto armado”, declara.

La mezcla entre minería y explotación maderera facilitó el arraigo de los grupos armados en este territorio y con su presencia llegaron las amenazas a los líderes indígenas Emberá Chamí y Katíos. Incluso, algunos fueron asesinados. A Hugo González, gobernador indígena del resguardo de Mistrató, lo mataron tres encapuchados el 25 de julio de 2008. Y este no es el único caso.

Según el Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional sobre la situación del pueblo indígena Embera Chamí ante el conflicto armado, en 2002 en Pueblo Rico mataron a Leonardo Caizales y a Lucelly Osorio en Villa Claret; y el 3 de agosto de 2007 fue asesinado Virgilio Guatiui, líder y miembro de la comunidad de Kundumi, en el Resguardo Unificado. Por su parte, el Consejo Regional Indígena de Risaralda (Crir) reporta además el asesinato de Fabián Esteban Queragama, Salvador Siagama, Álvaro Charicha Suzana y Javier Arce Queragama.

Si bien no existe una cifra exacta de cuántos indígenas se pusieron el camuflado de las Farc en Pueblo Rico y Mistrató, los registros del Batallón San Mateo del Ejército Nacional revelan que varios indígenas murieron en enfrentamientos, otros fueron capturados y 35 se desmovilizaron ante esa unidad militar. Ellos ahora forman parte de los beneficiados con los planes de reintegración del Gobierno (ver gráfica).

Indígenas desmovilizados ante el batallón San Mateo de Pereira (2007-2016)

(Desplázate con la flecha azul > abajo del mapa y haz clic en el chinche para ver el sitio de entrega)

Específicamente en Pueblo Rico, son 53 indígenas quienes decidieron volver a sus territorios tras una desvinculación individual de los diferentes grupos armados que hicieron presencia en la zona. Es por eso que mientras Marta Lucía recuerda cómo trabajar con chaquiras, Julio César Natura Restrepo labra su parcela de una hectárea para cultivar cacao. A él le asignaron este lote en el resguardo Unificado San Juan, cerca de su familia, tras concluir el proceso de desmovilización.

Volviendo al resguardo

A Julio César le ha costado volver al trabajo del campo después de ‘patonear’ el monte al lado del ERG, del frente Aurelio Rodríguez de las Farc y del ELN.

“Al principio fue muy difícil. El gobernador decía que no quería problemas, la familia sí me recibió bien. Ahora me siento muy alegre, con ganas de sembrar, tengo 200 palos de cacao y ya están dando productos. También voy adelante con mis estudios, estoy en noveno”, dice.

Algunos de los obstáculos que tuvo que enfrentar es que a su regreso, en 2015, encontró una comunidad con el mismo retraso que vivía cuando se fue en el 2002. Y es que para llegar al resguardo unificado hay que atravesar durante dos horas y media la vía destapada que va de Pueblo Rico a Puente la Unión, sorteando los derrumbes que amenazan en todo el trayecto. Luego, otros 15 minutos por una trocha a orillas del río San Juan.

En el resguardo, el punto de encuentro es una caseta comunal construida en guadua, tratando de conservar el estilo campesino para no reñir con el panorama. También hay una escuela con unos cuantos pupitres y algunos profesores que enseñan en la lengua nativa. No hay centro de salud ni mercado. La tienda más cercana está en el caserío de los afrodescendientes cerca a Puente La Unión. Y para que Marta Lucía y Julio César lleguen a sus casas, tienen que ir monte adentro a pie o a lomo de mula.

“Hemos tomado la decisión de recibirlos, pero deben asumir el mandato indígena, todo el reglamento, todo el estatuto, para que lleven un proceso de igualdad con nosotros. Desde que ellos estén dispuestos a volver a la vida normal, son bienvenidos a la comunidad”, afirma Martín Siágama, gobernador indígena del resguardo unificado San Juan.

Él explica que el temor es que los reincorporados lleguen a cambiar “la mentalidad” de los jóvenes que nunca han salido del resguardo. “Ellos tienen otra mirada, otra visión y la sociedad es diferente cuando se está armado. Así que la guardia indígena estará dispuesta a sancionarlos ante cualquier error que cometan”, sentencia.

Siágama explica además que como parte de su tradición de sanar la tierra y a las personas, el médico tradicional con apoyo de la naturaleza les hace una “una armonización” para sacarles “los malos espíritus que ellos traigan”. Se trata de una descontaminación espiritual mediante un ritual para que vuelva a relacionarse de forma armónica con la naturaleza.

Aunque dicha armonización es mandato del Crir, todavía no se ha hecho ningún acto de sanación, según Marta Lucía y Julio César. Al respecto, Siágama admite que no lo han hecho pues los 53 reincorporados provenientes de diferentes grupos armados “llegaron de un momento a otro, pero la comunidad sí lo está exigiendo”.

Este antecedente deja ver que no tienen muy definido qué comportamiento asumir ante esta realidad que se avecina.

Esto contrasta con la reinserción de guerrilleros indígenas que están practicando en otros resguardos. Mauricio Capaz Lectamo, coordinador del tejido de defensa a la vida y derechos humanos de Çxhab Wala Kiwe de la asociación de cabildos indígenas del Norte del Cauca dice que en su territorio ya hay comuneros que recibieron un ejercicio de justicia indígena. “No hemos juzgado ni guerrilleros ni militares, lo que hemos juzgado son comuneros indígenas y actos de desarmonía, por lo tanto la justicia indígena se seguirá aplicando en términos de posacuerdo. Lo que se le ha pedido a la Justicia Especial de Paz (JEP) es que respete ese ejercicio de justicia que han hecho las comunidades”, señala.

Indígenas capturados por el batallón San Mateo de Pereira

(Haz clic en las esposas para ver detalles de la captura)

Retos a futuro

Para las Farc y el Gobierno quedó claro en los acuerdos que los excombatientes nacidos en el seno del pueblo indígena no serán excluidos de la JEP por su condición étnica, aunque en el Acto Legislativo 01 de 2017 se aclaró que serán creadas salas para dirimir conflictos de competencia entre la JEP y cualquier jurisdicción, como podría ser el caso de la justicia indígena. En el Artículo 9 se indica que esta sala estará conformada por dos magistrados de las salas o secciones de la JEP y dos autoridades tradicionales del pueblo indígena.

“Hay un debate a nivel de la JEI (Jurisdicción Especial Indígena) y JEP. Creemos que el derecho de hacer justicia, de ejercer ese proceso de armonización en el territorio por este tipo de hechos debe mantenerse. La justicia indígena ha sido más oportuna y eficaz y ha dado mejores resultados que la ordinaria”, agrega Capaz.

En este sentido, la Corte Constitucional en la Sentencia T-921 de 2013 reconoce los límites de la jurisdicción indígena, pero también apoya con su jurisprudencia a las comunidades al afirmar que “en todo proceso penal debe tenerse en cuenta la condición de indígena en el momento de determinar el lugar y las condiciones especiales de privación de su libertad, independientemente de que no se aplique el fuero penal indígena, pues si esta no se tiene en cuenta, se afecta su derecho a la identidad cultural y su dignidad humana”.

Además de este debate interno entre las dos jurisdicciones, otro elemento que hace dudar sobre cómo será la reintegración de los indígenas guerrilleros es que las Farc piensan en un proceso colectivo que involucre a sus 14.178 integrantes, entre guerrilleros, milicianos y personas privadas de la libertad. Actualmente, la mayoría de ellos está trabajando en proyectos comunitarios en los hoy llamados Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), que antes eran las 26 zonas veredales.

El plan de las Farc es seguir en la colectividad, aunque cada exguerrillero que no sea merecedor del indulto, debe someterse de forma individual a la Jurisdicción Especial de Paz, que está en proceso de reglamentación en el Congreso.

En cuanto a los indígenas, Pedro Baracutado, jefe del Espacio Territorial de Vigía del Fuerte, en Antioquia, asegura que la mayoría de estos excombatientes serán indultados o amnistiados e incluso abre la puerta para que cada uno tome la decisión personal frente al tipo de reinserción que prefiera.

“La antigua fuerza insurgente nunca hizo diferencias de razas al interior de la organización, todos fuimos tratados con los mismos deberes y derechos y el partido continuará con esta misma línea, solo que ya en esta etapa los integrantes del partido podrán decidir en qué lugar realizan la reincorporación: si en los Espacios Territoriales o si por el contrario deciden hacerlo en sus comunidades”, aclara Baracutado.

Un concepto similar emite Néstor Raúl Correa, secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial de Paz, quien explica que los indígenas que fueron victimarios deberán ser procesados en igualdad de circunstancias que los demás miembros de la guerrilla. Sin embargo, aclara que “se espera que, como algo diferencial, al final ellos regresen a su pueblos y no a las zonas veredales. Se está preparando a las comunidades para una reculturización”, sostiene.

Sobre la prevalencia de la Jurisdicción Especial Indígena, Correa estima que el juzgamiento que hacen dichas autoridades tradicionales es un principio fundamental de la Constitución colombiana. “Si bien la JEP es prevalente, no se trata de que arrase la otra justicia, debe haber una articulación que todavía es un modelo por armar”, añade.

Sin duda falta que empiece a funcionar la JEP para saber cómo serán solucionadas las dudas o inquietudes con relación al juzgamiento de los actores involucrados en el conflicto. Algunas luces se están viendo en el proyecto de Ley Estatutaria que se está discutiendo en el Congreso para regular este modelo de justicia transicional.

“El proyecto de Ley estatutaria contempla unos mecanismos especiales para el cumplimiento de las penas que se puedan imponer en las zonas indígenas en virtud de la JEP. Por ejemplo, en aquellos casos donde no haya lugar a la detención intramural, podrán cumplir unas penas que podríamos llamar propias en sus territorios, pero hay que esperar qué aprueba el Congreso”, conceptúa Jorge Octavio Ramírez Ramírez, presidente del Consejo de Estado.

Procesados por la JEP o no, los Emberá Chamí esperan que con los reintegrados lleguen también los proyectos productivos que beneficien a todos en el resguardo. “Hemos evaluado proyectos de la Unidad de Víctimas que han generado una discusión interna porque el Estado reconoce solo a las personas que resultaron afectadas pero no programas para la colectividad”, dice el gobernador Martín Siágama.

Ante esta solicitud Emberá, la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN), que acompaña el retorno de los 53 indígenas al resguardo, cree que la persona tiene que beneficiar a su comunidad de alguna manera. “Nosotros no les llevamos los proyectos y plata, los construimos con ellos y de esta forma se dinamiza la ruta de reintegración. En Pueblo Rico también fortalecemos el tema de género pues apoyamos mujeres emberás de los dos resguardos en empoderamiento de gobernanza”, dice Carlos Soto, coordinador de la ARN Risaralda.

De forma concreta, en Pueblo Rico se adelanta el proyecto IUJA en coordinación con la Gobernación de Risaralda, la Organización Mundial para las Migraciones (OIM) y la Fundación para el Desarrollo del Risaralda (Funderis). Este plan beneficia directamente a 140 personas con proyectos de panela, cacao, artesanías hechas por mujeres y gobernanza de las comunidades.

Con esta forma de intervención “se ha logrado no solo que acepten al desmovilizado sino que lo protejan porque hace parte de su comunidad”, según Soto.

El proyecto ya permite que el cacao sea vendido directamente por la asociación de cacaoteros a Casa Lúker sin intermediarios y busca mejores precios para las artesanías elaboradas por las mujeres.

El proceso apenas empieza y es mínimo para las necesidades de esta comunidad de 5.000 integrantes que esperan la llegada de más inversiones, ser tratados como víctimas y acciones concretas para evitar la presencia de nuevos actores armados aún no determinados. Pues al reto de la reintegración de los miembros que llegan, se suman las condiciones actuales del conflicto que ya ocasionaron el desplazamiento de 559 indígenas a Santa Cecilia el 29 de abril de este año y 736 que mendigan en la capital del país.

Ante este panorama, los indígenas exguerrilleros que pueden llegar de las Farc a los resguardos están en un limbo porque no saben cuántos van a pasar por la JEP o cuántos serán sometidos a la Jurisdicción Especial Indígena. A esto se suma que la experiencia de los 53 excombatientes que ya pasaron por el proceso de reintegración es una muestra de que no siempre se realiza la armonización que su tradición ancestral exige.

 

Investigación realizada bajo el proyecto “CdRLab Justicia Transicional” de la organización Consejo de Redacción, con el apoyo de la AGEH y la DW.