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Lunes, 08 Noviembre 2021

Colombiacheck y la campaña Colombia es mi verdad

Por Ana María Saavedra

Mindefensa contestó a la denuncia de la FLIP que las noticias calificadas por ellos como falsas fueron “evaluadas, publicadas y calificadas previamente como noticias falsas por chequeadores de noticias como Colombiacheck y La Silla Vacía”. Aquí les explicamos nuestra metodología de verificación y les contamos que en el marco del paro verificamos 65 desinformaciones y 16 afirmaciones de políticos y de la propia policía.

Tras la denuncia realizada por la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP,  de que el Ministerio de Defensa y las fuerzas armadas “comenzaron una campaña para atacar a quienes los critican y cuestionan”, el ministro Diego Molano aseguró en un video que la campaña ‘Colombia es mi verdad’ “hace alusión específica y únicamente a las noticias falsas que surgieron en esa época, que además fueron evaluadas, publicadas y calificadas previamente como noticias falsas por chequeadores de noticias como Colombiacheck y La Silla Vacía”.

De acuerdo con la FLIP, el Ministerio de Defensa armó una estrategia de ciberpatrullaje que “terminó instalándose como una política sostenida, desproporcionada y sin funciones claras de hipervigilancia, que conlleva a la identificación y criminalización de las tendencias en las redes sociales”.

Además, revelaron que “el 6 de mayo (de 2021), las redes sociales y la página web del Ministerio de Defensa y otras entidades adscritas amanecieron vestidas de negro. El último mensaje que aparecía en sus redes era: “Intento de bloqueo”. Parecía un ciberataque. De las 6 a las 9 de la mañana, ningún funcionario estaba autorizado para atender a periodistas ni medios de comunicación. A las 9, las redes se restablecieron y comenzó la campaña “La verdad en un mar de mentiras #ColombiaEsMiVerdad”. Se publicó un video en el que una voz en off decía ‘nos intentan bloquear, pero nosotros seguimos de pie’. Luego, el ministro de Defensa Diego Molano y los comandantes de todas las fuerzas militares mencionaron algunas noticias que, a su juicio, consideraron falsas y recalcaron el valor de su trabajo en la protección de los colombianos (...)”. 

En el informe de la FLIP se indica que “el Ministerio de Defensa respondió que los criterios que se utilizaron en el marco de esta campaña se guiaron por noticias previamente chequeadas por ColombiaCheck y El Detector de Mentiras de la Silla Vacía. Pero, el CCP afirmó que la información la verifican y la validan a través de labores de campo en el lugar en donde se originó el contenido”.

En Colombiacheck, como medio de comunicación dedicado a la verificación tanto del discurso público como de las desinformaciones que circulan en redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea, publicamos los especiales ‘Mentiras y Verdades de la Reforma Tributaria y el Paro Nacional 2021’ y ‘Qué pasó en el sur de Cali el 9M’ en los que verificamos las desinformaciones y las afirmaciones de diversas personalidades, como congresistas o miembros del Gobierno, acerca de la Reforma Tributaria y posteriormente del Paro Nacional 2021.

En el primer especial pueden encontrar un repositorio con 16 verificaciones de discurso público (afirmaciones de políticos), 65 verificaciones de desinformación y 5 explicadores.  En cuanto a lo ocurrido en el sur de Cali el 9 de mayo pasado, en este trabajo reconstruimos lo ocurrido ese día, usando nuestra metodología, y verificamos varias publicaciones difundidas en redes sociales por diversas personas, incluyendo un comunicado de la Policía.

A la luz de la transparencia, que es el principio que nos rigen como firmantes de la Red Global de Fact-Checkers, IFCN, en Colombiacheck les explicamos que cada una de esas verificaciones tiene una metodología de seis pasos, en la que, como dice el punto 2, la calificación de un contenido digital o una afirmación pública como verdadera, verdadera pero, cuestionable, falsa o inchequeable, debe estar sustentada en un proceso de comprobación con una ruta clara y fuentes identificables y de acceso público. 

 


Nuestras verificaciones

De acuerdo con la FLIP, “la campaña #ColombiaEsMiVerdad partió de la creación de un enemigo: los y las usuarias de redes sociales que criticaban o cuestionaban el accionar de la fuerza pública, especialmente, durante el paro nacional. Con esto, iniciaron acciones de ciberpatrullaje para combatir lo que, según ellos, son noticias falsas que circulan en Internet. No es claro bajo qué criterios definen qué es cierto y qué no. Sin embargo, el MinDefensa anunció que entre el 28 de abril y el 27 de junio identificó 157 noticias falsas a través de acciones de ciberpatrullaje. Así lo documentamos con nuestro pódcast 'Ciberpatrullaje:el nuevo juez de la verdad'”.

En Colombiacheck entre el 9 de abril y el 15 de julio de 2021 publicamos un total de 81 verificaciones (16 de discurso público y 65 de desinformación) y 5 explicadores en nuestro especial de Mentiras y Verdades de la Reforma Tributaria y el Paro Nacional 2021.  

Para las verificaciones de la desinformación, el protocolo de selección se da de varias formas:
 

  1. Son encontradas en una plataforma de Facebook en la que aparecen posibles desinformaciones y a la que tenemos acceso por el proyecto 3PFC, una alianza entre medios de fact checking firmantes del IFCN y Facebook para combatir las desinformaciones.  En dicha plataforma se indica el alcance de cada publicación: compartidos y visualizaciones. 
  2. Peticiones de nuestros lectores a través de nuestros canales: celular 322 852 3557; mensajes en Facebook, Twitter, Instagram, Telegram y Tiktok.
  3. Revisión de tendencia en redes sociales usando la herramienta Crowd Tangle.
  4. Revisión de grupos de Facebook y Telegram, así como cuentas de Facebook y Twitter que han verificado desinformaciones en repetidas ocasiones. 
  5. Propuestas del equipo periodístico teniendo en cuenta los criterios de alcance de la publicación y de temas de relevancia en el debate público.

Siguiendo esos criterios verificamos las 65 desinformaciones: desde fotos y videos reales sacadas de contexto; videos de hechos ocurridos en otros países y atribuidos a este paro; montajes de publicaciones como trinos de políticos, entre otros.

En este listado, 22 de las desinformaciones eran contra la Policía y el Gobierno. Por ejemplo, publicamos la verificación ‘De nuevo, esta mujer no fue golpeada en Bosa por la Policía por ‘vender ropa en un andén’, en la que realizando una búsqueda inversa de la imagen encontramos que se trató de un hecho ocurrido en Chile durante las protestas de 2019.

También revisamos varias publicaciones de supuestos cadáveres de personas detenidas asesinadas en el paro: ‘Esta foto no es de cadáveres en los ríos de Cali’, ‘Foto de cadáver no es de mujer desaparecida y detenida por el Esmad en el Paro Nacional 2021’, ‘Falso: fotos de cadáveres en bolsas no son de Siloé, Cali’ y ‘Cuerpos encontrados en la recta Cali - Palmira no corresponden a jóvenes detenidos por la Policía’.

Pero se debe aclarar que en todas nuestras notas, el objeto de la verificación y de la calificación es la publicación específica y no las denuncias de desapariciones o de cuerpos arrojados a los ríos.

En el video  de la campaña Colombia es mi Verdad aparecen 8 capturas de pantallas de “noticias falsas” con el rótulo de Falso. Al revisar este listado encontramos que en Colombiacheck habíamos verificado sólo dos de ellas: Decreto de Estado de Conmoción Interior del 5 de mayo de 2021 que rota en redes es falso y Este video del ELN anunciando un paro armado es de febrero de 2020.

Asimismo, al revisar el Twitter del Ministerio de Defensa con el #ColombiaEsMiVerdad encontramos estas publicaciones que en Colombiacheck habíamos verificado, aunque en ninguno de los trinos de la campaña enlazan nuestras notas.

Verificación Publicación gubernamental
De nuevo, video de policías inhalando una supuesta droga no es de Colombia, sino de Chile https://twitter.com/MincomercioCo/status/1394740572875804674?s=20
https://twitter.com/PaoBurgos8/status/1394668275284340737?s=20
Patrullaje del Ejército en tanquetas ocurrió en Valledupar y no en Cali como se dijo en redes sociales https://twitter.com/ViceColombia/status/1393544191515430917?s=20
Este cartel de la Policía que ofrece recompensa por presuntos vándalos de los saqueos del 28A en Cali es falso https://twitter.com/mindefensa/status/1392977961729413123?s=20
Video de enfrentamiento entre policías y militares es de Ecuador https://twitter.com/ConstruyoPais/status/1392464205199052800?s=20
Falso: fotos de cadáveres en bolsas no son de Siloé, Cali https://twitter.com/mindefensa/status/1390875367381032960?s=20

 

Aparte de este listado, en el informe del Ministerio de Defensa ‘Las Garantías a la manifestación pacífica y control de acciones violentas. Periodo 28 de abril a 4 de junio de 2021, se indica en la página 87 con el título: ‘NOTICIAS FALSAS SOBRE LA ACTUACIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA’ se habla sobre los ciberpatrullajes realizados por la Policía.

“A través de 21.675 horas de ciberpatrullaje se identificaron campañas de desinformación con el fin de generar contenido de caos y odio hacia las instituciones del Estado. Se han identificado y validado 154 noticias falsas de las cuales 91 están orientadas a desdibujar con hechos que no corresponden a la verdad y que han afectado la imagen de la Policía Nacional”, indicaron en el reporte.

En dicho reporte dieron siete ejemplos, entre ellos tres publicaciones de Colombiacheck con sus respectivos enlaces (1,2,3). 

Fake News 1 

Falso: joven no fue quemado por el ESMAD en Floridablanca, Santander https://colombiacheck.com/chequeos/falso-joven-no-fue-quemado-por-el-esmad-en-floridablancasantander

Fake News 2 

De nuevo, video de policías inhalando una supuesta droga no es de Colombia, sino de Chile 

https://colombiacheck.com/chequeos/de-nuevo-video-de-policias-inhalando-una-supuesta-drogano-es-de-colombia-sino-de-chile

Fake News 3 

Video de enfrentamientos entre Policía y Ejército no es de manifestación del 28A, es de Ecuador https://colombiacheck.com/chequeos/video-de-enfrentamientos-entre-policia-y-ejercito-no-es-demanifestacion-del-28a-es-de

Fake News 4 

Detector: El Esmad no agredió a un gestor de convivencia, fueron encapuchados https://lasillavacia.com/detector-esmad-no-agredio-gestor-convivencia-fueron-encapuchados-81262

 Fake News 5 

Noticia afirma que la Policía está quemando las casas en Cali

https://twitter.com/PoliciaColombia/status/1389647154654982144?s=19

Fake News 6 

Por la difusión de información falsa, la misión médica fue atacada este fin de semana durante las protestas en Bogotá

https://www.qhubomedellin.com/noticias/alcaldia-dice-que-noticias-falsashabrian-causado-ataque-a-ambulancias-en-bogota-una-concejala-esta-en-el-ojo-del-huracan/

Fake News 7 

Denuncia sobre supuesto abuso sexual a una joven genera ola de violencia en Popayán

https://www.msn.com/es-co/noticias/nacional/atacan-con-bombas-incendiarias-la-alcald%C3%ADade-popay%C3%A1n/ar-AAKuDrW

A este listado le agregan otras capturas de pantalla de trinos y comunicados oficiales en los que desmienten supuestas noticias falsas.

En su informe la FLIP recalcó que no está claro bajo cuáles criterios o metodología el Ministerio de Defensa y la Policía definen qué es cierto y qué no.  En las respuestas dadas por el Centro Cibernético de la Policía a la FLIP, la entidad afirmó que la información la verifican y la validan a través de labores de campo en el lugar en donde se originó el contenido. 

En el análisis ‘Con el Ciberpatrullaje, el Ministerio de Defensa camina por la delgada línea de la censura’, publicado por La Silla Vacía, se analiza lo ocurrido con esta campaña. “Ahora, MinDefensa y la Policía parecen ignorar la complejidad del debate y optan por elegir ellos mismos las noticias que consideran falsas y pedirle a las plataformas que las eliminen”. 

Tanto el Detector de Mentiras de la Silla Vacía como Colombiacheck tenemos una metodología para la verificación, en la que debemos explicar por qué estamos calificando determinada información y los insumos informativos para llegar a una calificación, de forma que la audiencia pueda también verificar la verificación, así como la conclusión.

Las desinformaciones contra el paro y la minga indígena

Otro de los compromisos como parte de la red internacional de verificadores (IFCN), mencionados arriba, es el del no partidismo y la equidad. En el especial sobre el paro de las 65 desinformaciones verificadas, 18 eran informaciones falsas o engañosas contra el paro y la minga indígena. Por ejemplo las verificaciones: ‘Es falso que incautación de munición sea en camioneta de indígenas caucanos para ataques terroristas en Cali’; Video contra la minga indígena, entre viejas desinformaciones y verdades a medias’; ‘Noticias Uno no publicó que ‘Venezolanos confiesan que Petro les pagó para asesinar a jóvenes en el paro’ y ‘Foto de indígenas y Pablo Catatumbo publicada por Lafaurie no es del Paro Nacional 2021’.

Aparte de estos chequeos, también verificamos otras 24 desinformaciones del paro que buscaban generar pánico, como ‘No es cierto que destruyeron locales en Chipichape el 29 de abril de 2021, como dice audio’ y ‘Audio falso habla de captura de presidente de la CUT Valle en Sameco, que desataría “una guerra civil”'.

En cuanto a discurso público verificamos afirmaciones realizadas por el presidente Iván Duque (1,2,3); la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez; el propio ministro de Defensa, Diego Molano (1) y congresistas como Angela Robledo, José Daniel López, Roy Barreras, Katherine Miranda, Paloma Valencia y María Fernanda Cabal.

Pero en nuestros cubrimientos del paro en los especiales ‘Mentiras y Verdades de la Reforma Tributaria y el Paro Nacional 2021’ y ‘Qué pasó en el sur de Cali el 9M’ también verificamos falsedades y datos cuestionables en boletines de prensa, trinos e intervenciones de integrantes de la Policía.

Precisamente, uno de los casos usados en los casos de la campaña #ColombiaEsMiVerdad fue calificado por Colombiacheck como cuestionable. Se trata de la nota ‘Declaración de Policía que califica denuncia de presunto abuso sexual en Popayán como  ‘noticia falsa’ es cuestionable’

En nuestra verificación, en la que citamos boletines e intervenciones de la Fiscalía y de la Procuraduría, así como análisis de las denuncias en redes sociales, concluímos: “con todos estos elementos calificamos como cuestionable lo dicho por el general Alarcón en su video en el que asegura que es una “noticia falsa”. Los hechos en este momento son investigados por la Procuraduría y la Fiscalía. La menor sí denunció en su Facebook una presunta agresión sexual y en el comunicado de las organizaciones sociales no dicen que la menor haya sido víctima de abuso sexual en “una instalación policial”.

Esta no es la única verificación a los reportes e intervenciones de la Policía.  En el trabajo ‘Un camión de mentiras y policías de civil’, realizado junto con Vorágine y la Liga contra el Silencio, concluimos que las afirmaciones del excomandante de la Policía Metropolitana de Cali tenían contradicciones.

Asimismo, en ‘Qué pasó en el sur de Cali el 9M’, luego de analizar 68 videos, de realizar siete entrevistas y de tener acceso a un chat de vecinos, encontramos que las afirmaciones difundidas en redes por diversas personas, como políticos, e incluso publicadas en un comunicado de la Policía, en las que señalan a los indígenas de terroristas y de ingresar a conjuntos residenciales para hacer saqueos son falsas y con narrativas estigmatizantes.

 

Miércoles, 23 Junio 2021

'Personas no localizadas', el eufemismo que usan Defensoría y Fiscalía para desestimar desapariciones

Por Nicolás Sánchez - Periodista de Especiales en PACIFISTA!

Cientos de posibles desaparecidos en Colombia fueron ‘rebautizados’ en el marco del Paro Nacional como “personas no localizadas”. El cambio de término no es un mero asunto nominal, detrás de él hay un efecto que parece conveniente para dos entidades estatales encargadas de reportar e investigar ese delito, y que pone en riesgo la protección de sus eventuales víctimas.

La Defensoría del Pueblo y la Fiscalía evitan hablar de desapariciones forzadas. En los documentos que envían a los medios de comunicación describen como “no localizadas” a las personas cuyo rastro se perdió durante el paro nacional. El término ha generado molestias en la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), y en las organizaciones de la sociedad civil que recopilan datos sobre este problema. Detrás del ‘rebautizo’, que podría entenderse solo como un asunto nominal, existe una estrategia que conviene a las entidades estatales, pero pone en riesgo la protección de las víctimas.

El uso del término hace que las cifras de desaparición confirmadas por la Fiscalía y la Defensoría sean menores que las registradas por las organizaciones sociales. El pasado 31 de mayo estas entidades reportaron 111 “personas no localizadas”, y solo cuatro denuncias por desaparición forzada: dos en Antioquia (Zaragoza y Caldas) y una en el Valle del Cauca (Yumbo). Para ambas instituciones sólo existe desaparición forzada cuando los casos cuentan con una denuncia penal por ese delito.

Las cifras de las organizaciones sociales son muy superiores. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reveló un listado de 346 personas que estarían desaparecidas; y la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos, que integra a 23 organizaciones defensoras de derechos humanos, registró a 327 personas reportadas como desaparecidas.

El cambio de términos para referirse a las personas sin rastro conocido explica, en parte, las diferencias entre los reportes oficiales y los otros. Esta brecha ha despertado críticas en otras entidades del Estado.

El pasado 28 de mayo la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) pidió en un comunicado “no utilizar eufemismos en relación a la desaparición de personas, como por ejemplo la expresión ‘persona no localizada’”. “Una persona sobre la cual se desconoce su suerte y paradero es una desaparecida, de acuerdo al estándar internacional. No pueden denominarse 'personas no ubicadas' porque eso distrae la protección del Estado. Tampoco puede negarse lo que está pasando”, dijo Luz Marina Monzón, directora de esa entidad.

Para ella esta categoría puede tener consecuencias en las actuaciones que tomen las entidades estatales frente a las posibles desapariciones. “No sé con qué propósito lo hacen, pero sí tiene un efecto negacionista o relativista de la situación. Al decir que una persona “no está localizada” lo que se está diciendo es que todavía no se sabe dónde está, pero que está bien”, dijo Monzón. Ella explicó que cuando alguien denuncia la desaparición de un familiar, está pidiendo ayuda y protección. 

Las organizaciones sociales también se han pronunciado contra la ambigüedad del término. Entre ellas Alberto Yepes, coordinador del observatorio de derechos humanos de la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos. “Es una declinación de las obligaciones de investigar, procesar y sancionar los casos de desaparición forzada. Le quieren quitar la connotación de delito a una conducta en la que se ha detenido a personas, se las ha puesto fuera del amparo de la ley y se ha negado información”, dijo.

Adriana Arboleda, coordinadora de atención a víctimas de la Corporación Jurídica Libertad, coincidió. “Es un eufemismo que busca ocultar el hecho de que esta grave violación a los derechos humanos se está dando en el marco del paro nacional”, dijo. 

El propio sindicato de defensoras y defensores de derechos humanos de Defensoría del Pueblo rechazó también la intención que esconde el término. “Es un eufemismo para desviar una tipificación en el marco de los ámbitos internacionales de derechos humanos, frente a lo que es la desaparición forzada”, dijo William Salazar, el presidente.

Una organización fantasma citada por la Defensoría

PACIFISTA! le preguntó a la Defensoría por qué habla de “personas no localizadas” en sus reportes oficiales. “Las personas que solicitan que se active el Mecanismo de Búsqueda Urgente no son consideradas como desaparecidas porque ese mecanismo, de carácter preventivo, está dirigido a que una persona de la que no se conoce su ubicación sea buscada urgentemente para evitar que pueda ser víctima de desaparición”, respondió la institución.

Esta interpretación es refutada por la directora de la UBPD. “Eso no es cierto. El Mecanismo de Búsqueda Urgente no es para buscar personas perdidas o no localizadas, es para buscar personas que pueden ser desaparecidas forzadamente”, dijo Monzón. Según ella, una cosa es no prejuzgar el delito y otra cosa es obstaculizar el alcance de un mecanismo de protección. Monzón propuso que la Fiscalía y la Defensoría podrían, si fuese necesario, utilizar palabras como “presunto”, en vez de cambiar los términos que tipifican este crimen dentro y fuera del país.

La oficina de prensa de la Defensoría aseguró que el término “persona no localizada” es una calificación de la Red de Defensorías del Pueblo en Latinoamérica. Pero en internet esta alianza no encontró ninguna referencia a esa organización. William Salazar, del sindicato de la entidad, tampoco conoce esa instancia. Un funcionario que desempeñó durante varios años un alto cargo de la Defensoría, quien pidió no ser mencionado, dijo que es la primera vez que escucha de esa organización.

Pedimos a la Defensoría el documento del cual extrajeron el concepto, pero no obtuvimos respuesta. Existen algunas organizaciones que agrupan defensorías del pueblo, pero ninguna con un nombre similar. La más grande es la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, y existen otras como la Federación Iberoamericana del Ombudsman. Buscamos también una respuesta de la Fiscalía, que también ha adoptado el término, pero tampoco hubo respuesta.

EL CASO MEXICANO: En México, el Estado también acogió el término “persona no localizada”, a pesar de la oposición de las organizaciones de la sociedad civil. “No localizada” en ese país es una persona de quien no se conoce su paradero y no se tienen indicios sobre por qué no volvió. “Desaparecido”, en cambio, es alguien de quien se tienen indicios de que su extravío fue consecuencia de un delito.

¿A quién le conviene el cambio de término?

Otro factor llamativo de este ‘rebautizo’ es que el Estado colombiano ya había acogido oficialmente otras definiciones. La Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la Desaparición Forzada entró en vigor en Colombia desde el 10 de agosto de 2012. Este documento, por ejemplo, en ningún aparte hace referencia a “personas no localizadas”.

Incluso, la Convención define la desaparición forzada como: “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”. Una práctica que, según han denunciado organizaciones de la sociedad civil con cifras en mano, se estaría dando en el marco del paro nacional.

En últimas, la Defensoría y la Fiscalía decidieron acoger una categoría que no está contemplada en los documentos suscritos por el Estado colombiano y cuyo origen sigue siendo una incógnita.

Hay un precedente similar para la Fiscalía, que a finales de 2020 y comienzos de 2021 adoptó sistemáticamente en sus comunicaciones el término “homicidios colectivos” u “homicidios múltiples” para referirse a masacres, un cambio nominal que tampoco cayó nada bien organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos. “Al utilizar el término ‘homicidios colectivos’ en lugar de ‘masacres’, el gobierno nacional no solamente opaca la medición y realidad de los hechos, sino que pareciera como si quisiera fracturar la memoria sobre la violencia en Colombia y desligarse del terrible pasado y del terrible presente””, dijo en su momento para el portal Verdad Abierta el investigador Michael Monclou, de la organización Dejusticia

Mientras las cifras oficiales no van al compás de las extraoficiales, del otro lado están las familias que, además de buscar a sus seres queridos, quedaron en medio de lo que parece ser una estrategia discursiva de la Defensoría y la Fiscalía para desestimar la gravedad de la desaparición. Son entidades que deberían estar liderando la búsqueda en su espectro más amplio en lugar de restarle alcance. 

Ante un crimen que está lejos de ser inusual en Colombia, cambiar arbitrariamente los términos puede incluso promover la comisión e impunidad del delito, o entorpecer las investigaciones. No sobra recordar informes como ‘Hasta encontrarlos’, del Centro Nacional de Memoria Histórica, que en el 2016 reveló que entre 1970 y 2015 se registró la desaparición forzada de 60.630 personas, cifra que se elevó con una nueva investigación en el 2018 hasta las 80.000. En su momento, miles de ellas habrían sido “personas no localizadas” si se hubiera acogido esta nueva terminología, pero el desenlace de sus historias demuestra el peligro de desestimar las denuncias de desaparición.